Tuvieron una audiencia en sede judicial y ellas en primera persona pudieron exponer la situación. “La ausencia de una perspectiva de género en la planificación, abordaje y resolución de los programas referidos al saneamiento del Riachuelo, había implicado que las condiciones de elegibilidad fijadas por el organismo, que se presentaban en principio como neutrales, tuvieran un impacto altamente discriminatorio sobre las dos mujeres de este colectivo”, señala una de las presentaciones que hicieron.
Entre las 1217 personas censadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) en 2012 que vivían en el asentamiento Lamadrid, en el barrio porteño de La Boca, los datos de Nicole y Angie y otras cinco mujeres trans migrantes no figuran. Alquilaban una pieza cada una en una precaria vivienda construida debajo de la autopista Buenos Aires-La Plata. El censo, pensado para la relocalización de los y las habitantes por el riesgo ambiental al que están expuestos estos barrios y otros de la Cuenca Matanza-Riachuelo, no las incluyó dentro del registro que contó 166 familias viviendo bajo la autopista. La ausencia de las travestis y trans en los censos oficiales y en la perspectiva de muchas políticas públicas las dejó sin la posibilidad de un crédito para una vivienda. En 2015 quisieron desalojarlas y resistieron hasta que tuvieron que irse a vivir a un hotel. A partir de la intervención del Ministerio Público de la Defensa, el IVC incluyó a Nicole y a Angie dentro del sistema de créditos. Reconoció que ambas habían sido víctimas de discriminación indirecta basada en su identidad de género. Ahora están en la recta final administrativa para firmar la escritura de sus viviendas propias.
En 2006 la Ley 2240 de la Ciudad declaró la emergencia urbanística y ambiental de esa zona de La Boca e impuso al gobierno local la obligación de reubicar a sus habitantes. Esta obligación todavía permanece incumplida. En 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico conocido como “Mendoza” donde se determinó quiénes son los responsables de llevar adelante las acciones y obras de saneamiento del Riachuelo (en este caso la ACUMAR, un organismo que incluye autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Nación) y el plazo en que deben ser ejecutadas. Lamadrid es uno de los tantos asentamientos objetos de este fallo, a pesar de que no provienen del Camino de Sirga, el máximo tribunal demandó liberar el bajo autopista. Para las personas que vivían allí, el Estado debía construir viviendas en terrenos cercanos u otorgarles créditos hipotecarios sociales enmarcados dentro de la Ley 341. El IVC exige dos requisitos a las personas que quieren acceder a estas políticas públicas: que hayan sido censadas y vivir en forma permanente en el asentamiento desde el momento del censo al momento del realojo. Angie y Nicole no cumplían ninguno de los dos. Invisibilizadas en el censo, se les negó su derecho a una solución habitacional definitiva.
Las historias de Nicole Zambrano y Angie Ramos Teruel son un retrato de la violencia estructural con la que convive la población trans. Angie llegó a la Argentina desde Perú 11 años atrás. “En esos tiempos no teníamos qué llevar a la olla. No tenía posibilidades de un empleo y la discriminación allá era muy fuerte”, recuerda en diálogo con LATFEM. Si se tiene en cuenta la expectativa de vida de la población trans en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Angie es una sobreviviente: hoy tiene 41 años. Vivió en el asentamiento durante 5 años y ahora alquila una pieza en un hotel, como el 73,7 por ciento de las travestis y trans porteñas. Conseguir otro lugar no fue fácil: Angie recorrió varios hoteles donde colgaba el cartel de “Habitación disponible”, pero cuando la veían no le daban un lugar, en un evidente hecho de discriminación. Además, al igual que más del 70 de la población trans de la Ciudad, la prostitución es la fuente de ingresos de Angie. De la pieza que ella habitaba en Lamadrid solo quedan escombros.
“Se hizo un censo y no se incluyó a las chicas trans. Esta omisión se hizo desde los instrumentos del censo, que es una encuesta que divide géneros entre hombre y mujer. Eso hizo que no hayan podido acceder a un crédito, que es la política específica que se implementó parcialmente para algunas personas que viven acá en el barrio. Primero las quisieron desalojar y luego no las incluyeron en la política de vivienda. Hubo que dar una lucha judicial”, dice a LATFEM, Horacio Corti, el Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires.
“El día que llegó el censo, la familia que había construido la propiedad donde ellas vivían no les avisó. No es casual que ninguna de las siete personas trans que vivían en esas habitaciones fueron censadas. Los dueños solo querían ser censados ellos para beneficiarse de la política pública. Se censaron ellos y garantizaron sus privilegios”, explica a LATFEM la activista trans Marcela Tobaldi, que trabaja la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcela Tobaldi fue clave para destrabar esta situación injusta. Ella conocía a las chicas trans del barrio. Desde su activismo, estaba acompañandolas para regularizar su documentación, buscar capacitaciones, conseguirles un lugar donde estudiar, entre otras cuestiones. Hace dos años se enteró que querían desalojarlas y llevó sus casos al Ministerio Público de la Defensa. A partir de ahí se hizo un trabajo en conjunto por parte de los equipos del Programa Hábitat, Derecho a la Ciudad y Abordaje Territorial en la Ciudad y del Programa contra la Violencia Institucional.
El reclamo llegó al Juzgado Federal Nº 2 de Morón, que supervisa la relocalización. Para lograr que el IVC las incorpore dentro de la operatoria de créditos, la Defensa Pública enmarcó el caso en los Principios de Yogyakarta, el documento que recoge estándares sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, lo que incluye la protección contra el desalojo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género”, dice el Principio 15.
Tuvieron una audiencia en sede judicial y ellas en primera persona pudieron exponer la situación. “La ausencia de una perspectiva de género en la planificación, abordaje y resolución de los programas referidos al saneamiento del Riachuelo, había implicado que las condiciones de elegibilidad fijadas por el organismo, que se presentaban en principio como neutrales, tuvieran un impacto altamente discriminatorio sobre las dos mujeres de este colectivo”, señala una de las presentaciones que hicieron.
Una paradoja que retrata cuándo aparece el Estado en las trayectorias vitales de muchas mujeres trans: el documento que permitió probar que vivían en el asentamiento Lamadrid a pesar de no haber sido censadas fue un acta de contravención. Se trata de una imputación a Nicole por “oferta y demanda de sexo en espacios públicos” que data de 2011. “Para la Justicia una identidad trans tiene carácter de imputada de por sí”, remarca Marcela Tobaldi.
La importancia de políticas públicas con perspectivas de géneros
Las historias de Nicole y Angie marcan un precedente a favor del colectivo trans no sólo en la causa “Mendoza” sino en relación a la política habitacional de la Ciudad de Buenos Aires en general. Pone en evidencia la necesidad de repensar las políticas públicas desde una perspectiva de géneros que garantice la visibilidad y se adapte a las necesidades y demandas específicas de las personas trans.
En noviembre de 2016 el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) recibió por primera vez un informe sobre los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina donde se expuso las historias de Angie y Nicole. El informe “sombra” fue un trabajo conjunto de la Agrupación Nacional Putos Peronistas, Cooperativa de Trabajo La Paquito, Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Arte Trans, Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), Bachillerato Popular Mocha Celis, Centros de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectiva Lohana Berkins, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), entre otros.
A partir del diagnóstico, una de las recomendaciones que los organismos propusieron en ese informe fue “establecer cupos para personas trans y travestis dentro de los programas de vivienda existentes, respetando sus especificidades, con la colaboración y en consulta con las diversas organizaciones del colectivo trans y travesti”.
“Necesitamos que se incorpore la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Desde el Estado hay discurso, hay oficinas, pero falta que esa mirada esté en todas las políticas públicas. El caso que nos convoca es una situación muy concreta de toda la pelea que hay que dar para que las chicas trans puedan tener reconocido su derecho. Hemos tenido muchos avances porque tenemos la Ley de Identidad de Género, por ejemplo, pero falta una transformación social para que ellas puedan tener acceso a vivienda, educación y trabajo”, dice Corti.
Marcela Tobaldi coincide y señala que “la heteronormatividad y la heterosexualidad se quedaron con todo. La diversidad sexual la dejaron a un costado mirando la vida pasar”. Además de ser un relato sobre la exclusión, la historia de Angie y Nicole muestra cómo es posible romper el círculo de la invisibilidad oficial cuando las identidades trans organizadas y determinados actores del Estado articulan juntxs.
