El 1 de enero el Presidente argentino Alberto Fernández envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para pedir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La iniciativa presidencial se suma a los 14 expedientes que actualmente están en tratamiento en la Comisión de Juicio Político, presidida por la diputada nacional Carolina Gaillard.
¿Qué es un juicio político? ¿Qué dicen estos expedientes? ¿Qué hechos se les incrimina a la Corte? ¿Por qué un debate que parece tan abstracto tiene implicancias directas con nuestra vida cotidiana? ¿Qué hay de agenda feminista en esto? Cinco puntos con todo lo que tenés que saber sobre este juicio político que apunta a romper el cerco mediático y convertirse en un hecho histórico.
1. ¿Qué es un juicio político?
Es el método para remover a las autoridades máximas del país que ampara la Constitución Nacional. Quienes pueden ser alcanzados por un juicio político son: presidente, vicepresidente, jefxs de gabinete, ministrxs e integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las causas para iniciar el pedido de juicio político pueden ser tres: mal desempeño de las funciones; la consumación de un delito en el ejercicio de la función pública y crímenes comunes. El procedimiento se inicia en la Cámara de Diputadxs y cualquier persona puede presentar el pedido que luego tiene que ser aceptado por la Comisión de Juicio Político, actualmente presidida por Carolina Gaillard (Frente de Todxs), vice presidida por Juan Manuel López (Coalición Cívica) y conformada por 31 miembros en total. Una vez que se admite el pedido de enjuiciamiento, se pone en marcha un sumario de investigación y se emite un dictamen que debe ser aprobado por mayoría simple en la cámara. Luego, se puede iniciar el juicio.
El 9 de febrero, el Frente de Todos (FdT) aprobó por mayoría el informe de admisibilidad de las denuncias contenidas en los 14 pedidos de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. De esta manera, se indicó en la resolución que “de los catorce (14) pedidos promovidos se acumulan más de sesenta (60) hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”.
Además, el informe añade que “el juicio político es el procedimiento determinado por mandato constitucional para realizar el contralor y fiscalización de los actos y conductas de los miembros de la Corte Suprema, y es al mismo tiempo la oportunidad de rendir cuentas ante la sociedad y sus representantes democráticamente elegidos”.
Es importante destacar que los expedientes presentados para iniciar el juicio político a los miembros de la Corte son tanto de autoría de diputados oficialistas como opositores al gobierno nacional; de organismos como la Asociación Argentina de Juristas y denunciantes independientes.
2. ¿Quiénes conforman la Corte Suprema de Justicia?
Horacio Rosatti: santafecino, nació en 1956. Es ministro de la Corte desde junio de 2016 propuesto por el ex presidente Mauricio Macri. Primero fue designado por decreto presidencial, una vía irregular, aunque luego su designación fue convalidada por el Senado. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y en Historia. Se desempeñó como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación entre 2004 y 2005. Fue Procurador del Tesoro de la Nación entre 2003 y 2004, e intendente de la ciudad de Santa Fe de 1995 a 1999.
Carlos Rosenkrantz: porteño, nació en 1958. Es ministro de la Corte desde agosto de 2016 también propuesto por Macri, de igual forma que Rosatti. Es abogado y doctor en Derecho. Fue rector de la Universidad de San Andrés hasta su designación como ministro de la Corte.
Juan Carlos Maqueda: cordobés, nació en 1949. Es ministro de la Corte desde diciembre de 2002 y fue propuesto por el ex presidente Eduardo Duhalde. Es abogado. Se desempeñó como presidente provisional del Senado de la Nación entre enero y diciembre de 2002 y senador nacional desde diciembre de 2001 a diciembre de 2002. Fue diputado nacional entre diciembre de 1991 y julio de 1999.
Ricardo Lorenzetti: santafecino, nació en 1955. Es ministro de la Corte desde diciembre de 2004. Fue propuesto por el ex presidente Néstor Kirchner. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
3. ¿Qué hechos se les incrimina?
A los integrantes de la Corte Suprema de Justicia se les incrimina un total de 60 hechos de mal desempeño en sus funciones. Es importante destacar que no se les incriminan los mismos hechos los cuatro y los expedientes solicitan diferentes soluciones. Pero, ¿cuáles son los más relevantes?
El fallo 2×1
El 3 de mayo de 2017, Rosenkrantz consiguió las firmas para que Rosatti y la entonces también ministra de la Corte, Elena Higton de Nolasco, aplicaran una ley que reducía la prisión a Luis Muiña, represor de la última dictadura cívico-militar. Esto le permitiría a él y al resto de los condenados por delitos de lesa humanidad acceder a la posibilidad de salir antes de las cárceles. De esta manera, los miembros de la Corte Suprema de Justicia intentaron reanimar una ley derogada durante 16 años, contrariando los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino.
La historia la sabemos todxs: una semana después, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S, junto a otros organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sindicales, convocaron a una movilización en rechazo al 2×1. Miles de argentinxs se concentraron en distintos puntos del país con pañuelos blancos en alto para manifestar: “Ningún genocida suelto. Señores jueces: Nunca más”.
El testimonio de Patricia Isasa
“Ramos Campagnolo, quien me secuestró el 30 de julio del 76, cuando tenía 16 años. Me torturó y violó a cara descubierta”, declaró Patricia Isasa, ex detenida desaparecida durante la última dictadura cívico-militar durante la segunda jornada de la Comisión de Juicio Político a la Corte.
Isasa pide la remoción del cargo a Rosatti por encubrir a Eduardo Alberto Ramos Campagnolo cuando el magistrado era intendente de la ciudad de Santa Fe: Rosatti fue informado de los antecedentes del represor y mantuvo a Ramos Campagnolo a la designación como empleado de la municipalidad de Santa Fe.
Rosenkrantz y los fallos que involucran a ex clientes
La Asociación Americana de Juristas presentó el año pasado un expediente que acusa a Rosenkrantz de firmar 25 fallos que involucran a Claro, Clínica Estrada, YPF, supermercados Día, Grupo América, Pan American Energy y Piero. Varios de los fallos fueron firmados cuando era presidente de la Corte. Se trata de una maniobra irregular debido a que la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Pero la máquina de rubricar no para y el mismo día en que la Comisión de Juicio Político aprobó la apertura de la investigación contra la Corte Suprema, Rosenkrantz intervino en tres causas de ex clientes. A la fecha, se suman 61 expedientes firmados en forma ilegal.
Una corte supremamente misógina y concentrada
Evitar la concentración económica y cuidar el bolsillo de los y las argentinas te puede salir caro y, si sos mujer, te puede costar algunos insultos. Así le pasó en 2016 a Martina Forns, la jueza federal de San Martín que decidió frenar los fallos de los tarifazos en todo el país. El poder reaccionó: medios de comunicación, empresas, operadores políticos y los mismísimos miembros de la Corte montaron un operativo de amenazas y denuncias contra la jueza.
Los miembros de la Corte dijeron que Forns se había salteado instancias —algo que no existe en materia de acciones colectivas—. Pero además de la cuestión técnica, le devolvieron la causa diciendo que había “desprestigiado” al Poder Judicial.
Lo que sucede es que un fallo puede decir que algo no es razonable, que es arbitrario, pero nunca en la persona del juez. En paralelo, periodistas como Jorge Lanata la trataban de “burra” revelando intimidades de su vida y la de su marido, a la vez que la diputada Graciela Ocaña y el entonces diputado correntino, Rodolfo Martínez Llano, le iniciaron una denuncia en el Consejo de la Magistratura.
Es por esa razón, que la Asociación Americana de Juristas le incrimina a los cuatro miembros de la Corte ejercer facultades que no tienen en un pronunciamiento totalmente ajeno a la cuestión jurisdiccional y de neto contenido misógino al someter al escarnio público a la doctora Forns, con el objetivo único de dar un ejemplo a los demás jueces y juezas ante los múltiples amparos presentados contra el tarifazo en los servicios públicos por la administración de Mauricio Macri.
Van cuatro y seguimos contando…
Por otra parte, están las denuncias a Maqueda y Rosatti por la difusión de escuchas judiciales cuya estructura se encuentra bajo su órbita de control y la atribución de facultades legislativas al exigirle al Poder Legislativo sancionar una nueva ley en el plazo que le permitió a Rosatti asumir como presidente del Consejo de la Magistratura.
A Lorenzetti, se le atribuye el desempeño grave y persistentes acciones de abuso de autoridad y la manipulación, designación de un tribunal oral para la Tragedia de Once y el manejo irregular de la obra social del Poder Judicial.
A los cuatro, la responsabilidad omisiva para la aplicación de la doctrina Irunsum para encarcelar a dirigentes opositores y ordenar en forma arbitraria al Estado nacional a entregar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de fondos coparticipables, arrogándose —una vez más— facultades legislativas.
4. ¿Qué es la coparticipación? ¿De qué trata el conflicto?
“Toda la torta de impuestos nacionales que recauda Nación con la AFIP y los instrumentos que tiene, menos los del comercio exterior, que se reparte entre Nación y Provincias. A la Nación le toca el 42,% y a las Provincia el 57% y el 1% va al Ministerio del Interior para el famosos Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que los usa el Ejecutivo en caso de urgencia, intendencias y demás”, explicó el ex gobernador sanjuanino y actual diputado nacional, José Luis Gioja, en una de las intervenciones de la primera jornada de debate en la Comisión de Juicio Político.
Gioja explicó que este porcentaje se definió en 1988 con la sanción de la Ley de Coparticipación N° 23.548, año en el que Ciudad de Buenos Aires todavía era un municipio. A partir de la reforma constitucional de 1994, cuando se erige como ciudad autónoma, se definió que antes de 1996 debería sancionarse una ley que se vuelva a hacer el repartijo de la torta con este nuevo cambio. Hasta la sanción de una nueva ley, el artículo 8 de la N° 23.548 estableció que sería la Nación quien entregaría a la Ciudad un determinado porcentaje de su parte en la coparticipación, a diferencia de las provincias que tienen sus porcentajes determinados en la normativa. La ley no llegó, pero sí se celebraron sucesivos convenios y decretos que fijaron para CABA el porcentaje en 1,4%, circunstancia que perduró hasta comienzos de 2016. Entonces, ¿qué pasó? En enero de ese año, Macri elevó el porcentaje al 3,75%, sin precisar cómo se determinó ese monto. Meses después advierten dicha omisión y precisan que el aumento sería destinado a financiar el traspaso de la policía de Nación a CABA. En el expediente no había ningún informe técnico y hasta el momento nunca pudieron justificar el incremento coparticipable a la ciudad.
En septiembre del 2020, con el apoyo de las provincias, sobre todo de las que vieron empeorar su situación fiscal los últimos tres años, el presidente Alberto Fernández emitió un decreto para mantener el 1,4% asignado y asignar un adicional de 0,92% —estimación real del impacto de la transferencia de la policía— hasta que el Congreso la sancionara. Con la sanción de la ley, el porcentaje de participación a CABA volvió al 1,4%.
El 21 de diciembre de 2022, la Corte Suprema dispuso que el gobierno nacional le pague a la Ciudad el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta no tuvo ningún inconveniente en decir en Twitter que el fallo es una victoria del federalismo.
Lo que el expediente 6905-D-2022, que encabeza el diputado Valdés y lleva la firma de diputados y diputadas de todo el país y el apoyo de los gobernadores, denuncia es que a fines del 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar que ordena entregarle a CABA el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
Además de arrogarse competencias del Poder Legislativo, se desconoce que los magistrados hayan acudido a la Unidad de Análisis Económico de la Corte para tomar esta decisión que no solo generará un deterioro y empobrecimiento de las provincias —en detrimento de CABA— sino que exige la modificación del presupuesto 2023.
Los primeros días de febrero el Instituto Argentino de Analisis Fiscal (IARAF) señaló que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el distrito que más terreno ganó en la repartija de la torta en detrimento de las provincias: la porción que se lleva creció un 128,8% desde 2015.
5. Las implicancias de la Corte Suprema de Justicia en tu cotidaneidad
Se dice que este juicio político a los miembros de la Corte se trata de una agenda ajena a lo que le pasa a las y los ciudadanos. Sin embargo, si repasamos algunas de las últimas definiciones de la Corte en particular y la Justicia en general vemos consecuencias directas en la vida de los y las argentinas.
Un primer ejemplo es el que el servicio de internet probablemente saldría menos si la Justicia no hubiese frenado el decreto que en 2020 fijó que las telecomunicaciones son un “servicio esencial” con precios regulados. Por su parte, las prepagas también podrían tener menores aumentos si no se hubiese dado lugar a la cautelar impulsada por las empresas de salud que buscan subir los precios.
También, en un momento de gravedad macroeconómica evidente, en donde la falta de dólares y el pago de la deuda ilegítima con el Fondo Monetario Internacional son temas de urgencia, la Justicia, tal como indicó el informe El Poder Judicial en tu vida cotidiana de CEPA, en agosto de 2022 permitió la importación de 20 millones de dólares en “toallas” involucrándose en una decisión que había tenido la Administración Pública Nacional para regular el uso de divisa extranjera. La empresa había argumentado que no se podía demorar por posible quiebra. Sin embargo, hasta que se detectó la maniobra sólo se había importado el equivalente al 10% que se había habilitado.
Hace algunos días la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que el acuerdo con el FMI de 2018 incurrió en un “incumplimiento de los procedimientos normados” y que “el préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional no cumple con el criterio establecido de proceso de negociación y ejecución (normativa vigente)” ¿Dónde estuvo la Justicia para impedir el histórico endeudamiento efectuado por el gobierno de Mauricio Macri?
La democracia argentina está próxima a cumplir 40 años. Sabemos que las faltas son muchas. Una democracia plena no puede seguir convalidando este tipo de comportamientos que favorecen mayores concentraciones económicas y sociales a orillas de Puerto Madero. Los y las diputadas que integran el Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia ya lo repitieron hasta el hartazgo: se trata de preservar la institución del comportamiento de sus miembros. Sabemos que, pese a los intentos de modificar la Corte, se trata de una institución-entelequia que se autorregula en función de los intereses de unos pocos. Entonces, ¿cómo transformarla?
Durante el 2022, la liga de gobernadores habló de ampliar la Corte para que haya un representante por provincia, también se habló de que haya cupo y no sea una corte de varones. ¿Es la solución? Desde hace años los feminismos saben que no, que la representación es una condición necesaria pero no suficiente para bregar por los derechos del pueblo. No obstante, el feminismo es uno de los actores que viene dando el debate y pensando una reforma judicial transfeminista. En medio de lo que podría ser un juicio histórico, nos preguntamos: ¿Cuál es el límite? ¿Hasta cuándo los y las ciudadanas de todo el país seguiremos soportando injusticias constantes? Qué CABA, sin ningún tipo de fundamento, reciba más dinero de los fondos coparticipables siendo la ciudad más rica del país, ¿es justicia? Que cuatro personas que no fueron elegidas democráticamente definan que es un servicio esencial, ¿es justicia? “El juicio político llega muy tarde, estos jueces han hecho mucho daño ya”, expresó Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo que sabe mucho de esperar. Varones con privilegiados inusitados, que en su rol de empleados públicos no defienden los intereses de las mayorías sino de su propio entorno. Ya basta.
