Una vez más un femicidio. Una historia que se repite. Nosotras repetimos nuestro pedido de justicia. ¿Qué justicia queremos? ¿La justicia que solo puede aparecer cuando ya es tarde porque está solo pensada para castigar? ¿Qué es la justicia para nosotras? ¿Qué es la justicia feminista?
Frente a los problemas sociales es habitual que se le endilgue al derecho penal más posibilidades de brindar soluciones que las que verdaderamente tiene. Además, la salida punitiva es una respuesta fácil que permite encapsular los conflictos en una lógica individual para no desarrollar ningún cambio a nivel social. La violencia por razones de género (VRG) no escapa a este modelo de pensamiento del cual nos cuesta fugar y lo que entendemos por justicia tampoco. Entonces, se piensa que un pedido de justicia está ligado a más policía, más cárcel y penas más duras. Sin embargo, sabemos que nada de eso previene ningún femicidio y por supuesto que frente a cada caso vamos a exigir que no haya impunidad. Pero no queremos celebrar condenas perpetuas, queremos prevenir las muertes. Así nos vemos interpeladas y sacudidas cuando aquello que sabemos que no funciona vuelva a generar el mismo resultado. Entonces ¿por qué seguimos pidiendo justicia? Porqué algo nos hace ruido. Porque hemos estado excluidas históricamente de poder interpretar y aplicar justicia. Porque definir justicia en términos feminista no se limita al acceso a los tribunales, sino que implica acceso al Estado en un sentido más amplio que no se agota con realizar una denuncia y obtener una perimetral.
Frente a cada caso nos hacemos las mismas preguntas y vemos que fallan las mismas cosas. ¿No tienen la sensación de que estamos en el mismo lugar que cuando gritamos Ni Una Menos (NUM) por primera vez en 2015? En relación con la violencia nuestra agenda sigue siendo la misma. Sin embargo, entre 2015 y 2021 ocurrieron cosas muy importantes. Sin el despliegue de 2015 no hubiéramos podido legalizar el aborto con el amplio apoyo popular que se masificó en todo nuestro país con un tema que antes de 2018 era tabú y ocupaba un lugar marginal en la agenda política. A partir de 2015 también crece la institucionalidad relacionada a los temas de género. Sin embargo, su característica común es la precariedad: suelen ser espacios sin recursos y sostenidos por la voluntad militante de las feministas en cada rincón del país. Por otra parte, la institucionalidad imperante es hostil para nosotras, no nos piensa adentro y en muchos casos fue diseñada para excluirnos. Somos parte de un juego institucional fallido y estamos apostando a modificar esa institucionalidad casi sin herramientas, porque los recursos nunca están para nosotras.
La discusión que nos tenemos que dar es muy compleja porque el desafío es realizar un cambio integral en todos los poderes y niveles del Estado. Una tarea tan titánica como necesaria porque el problema no es solo el contenido de las instituciones sino el diseño institucional mismo. Es cómo está construido el acceso de las personas a los servicios estatales. Como la tarea es tan desbordante es habitual que se simplifique el reclamo por justicia y se codifique que lo que pedimos es más derecho penal, cuando lo que necesitamos es que el lugar que ocupamos en la sociedad cambie y eso no lo va a lograr el Código Penal por arte de magia. Y no pueden decirnos que no proponemos cosas, porque en cada oportunidad que tenemos creamos políticas públicas, pero los recursos no acompañan. Solo por citar un tema de nuestra agenda que seguimos sosteniendo sin respuestas adecuadas. ¿Dónde está la implementación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral que pedimos hace años?
A esto tenemos que sumarle la creciente feminización de la pobreza en nuestro país, donde mujeres, travestis y trans representamos al 66% de las personas más pobres. Esto genera mayores condiciones de vulnerabilidad que impiden la salida de la violencia y además se ve potenciado porque el acceso a justicia, en términos amplios, es aun más difícil de lograr. La VRG solo se va a resolver si contamos con los recursos para atender a las afectadas, pero sobre todo si logramos apuntalar las condiciones de vida de todas con una función preventiva. El Estado tiene que estar presente antes de que las mujeres sean víctimas de violencia, si el lugar privilegiado de la entrada al Estado se configura a partir de sufrir violencia y realizar una denuncia siempre vamos a llegar tarde.
Estamos en un momento parteaguas, donde ya no podemos negar que el problema que tenemos es tan profundo como infinito. Pero no por ello hay que dejar de intentarlo, porque todos los problemas que afrontan las sociedades son infinitos. Nos enfrentamos con esa realidad en un momento donde hemos logrado un nivel inédito de integración al Estado y la política. Donde tenemos feministas disputando poder dentro de esa institucionalidad fallida y de las estructuras de poder que históricamente nos han rechazado. La meta es el cambio en el diseño institucional, tenemos que tener la claridad de que es ese el camino y la constancia de llevarlo adelante. Tengamos muy en claro que este es un proyecto político, porque busca cambiar la lógica con la cual se distribuye el poder y los recursos en una sociedad.
