En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Cida Gonçalves, que encabeza el primer Ministerio de las Mujeres de Brasil, anunció la inauguración de más de cuatro Casas de la Mujer Brasilera en diferentes estados del país. Las Casas centralizan instancias de atención para víctimas de violencia de género como parte de un programa amplio de combate a esta problemática social. El anuncio también representa un paso más en el largo camino de lo que se conoce hoy en Brasil como un proceso de recuperación de políticas que fueron reducidas o eliminadas durante la gestión de la extrema derecha, con Jair Bolsonaro en la presidencia (2019-2022). En este marco, como la propia agenda radicalizada reconoce, las políticas de género son uno de los blancos principales del avance conservador.
Desde 2023, tras la elección de Lula da Silva, el actual gobierno tiene el desafío de retomar el rumbo de las políticas de género que fueron interrumpidas y en parte desmanteladas por la gestión de la extrema derecha en el país. Un desafío que se diseña no solo por lo que quedó del paso de Bolsonaro por el Ejecutivo, sino por la conformación aún mayoritariamente conservadora del Congreso Nacional. Como corolario, la recuperación es también la reinserción en la escena de los colectivos y organizaciones feministas en un contexto post extrema derecha en el poder.
La politóloga Flavia Biroli, especialista en género y democracia, traza un paralelo de la experiencia de Brasil a la que atraviesa actualmente Argentina. “Hubo una inclusión de actores con histórico posicionamiento antiigualitario, contrario a derechos fundamentales y que vienen reposicionando el propio entendimiento de derechos con una perspectiva cristiana, que pone en jaque toda la base de fundamento secular por los derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo 20”, destaca la autora del libro “Gênero e Desigualdades: Limites da Democracia no Brasil”.
El caso de Brasil es útil, así, para entender cómo operan las diferentes estrategias contra ciertos logros de los movimientos feministas y diversidades. Según destacó la ministra Cida Gonçalves en entrevista a LatFem, la gestión de Bolsonaro significó un gran vaciamiento de las políticas para la igualdad de género. “Eliminaron todo que era dirigido a las mujeres”, afirmó la Ministra de las Mujeres. “Cuando salimos del gobierno [en 2016] había casi 800 Secretarías de Mujeres, ahora no llegamos a 300. Para mí, este es un ejemplo de qué es destrucción.”
“Cuando salimos del gobierno [en 2016] había casi 800 Secretarías de Mujeres, ahora no llegamos a 300. Para mí, este es un ejemplo de qué es destrucción.”
Cida Gonçalves
Agenda de retrocesos
En una investigación que lleva a cabo con la también politóloga Luciana Tatagiba, Flavia Biroli observa las diferentes estrategias bolsonaristas en el gobierno frente a las políticas que buscaba combatir. “Algunas fueron desfinanciadas, otras fueron presentadas con nuevas perspectivas”, explica Biroli. La herramienta discursiva fue quizás la más importante de todas, con un fuerte uso de la desinformación en el país. “Aunque sin cambios legales, fue un gobierno que buscó operar de manera extralegal, por ejemplo, distribuyendo un cuadernillo con orientaciones de salud pública donde se decía que el aborto era ilegal en cualquier caso en Brasil”, afirma.
Bajo el comando bolsonarista las directrices cambiaron su enfoque, la población destinataria ya no eran más los grupos vulnerabilizados sino la institución familiar, sin distinción. En el Plan Plurianual 2020-2023, se reemplazó el Programa 2016 de Promoción e Igualdad y Combate a la Violencia contra las Mujeres –y sus respectivos objetivos que incluían promover la autonomía económica y la transversalidad de las políticas– por el Programa de Protección de la Vida, Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Derechos Humanos para Todos. En su única mención a la colectividad de mujeres, el plan presentado por la gestión de Bolsonaro destaca el objetivo de “fortalecer la familia a través de la mejora de la calidad de los servicios de promoción y protección de la vida, desde la concepción, de la mujer, de la familia y de los derechos humanos para todos”.
En el Plan Plurianual 2020-2023, se reemplazó el Programa 2016 de Promoción e Igualdad y Combate a la Violencia contra las Mujeres –y sus respectivos objetivos que incluían promover la autonomía económica y la transversalidad de las políticas– por el Programa de Protección de la Vida, Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Derechos Humanos para Todos.
Esta perspectiva se reflejó de manera contundente en los números: en los cuatro años de gestión de la extrema derecha en Brasil, el presupuesto destinado a políticas de combate a la violencia contra las mujeres cayó un 94% en relación a los cuatro años inmediatamente anteriores, según relevamiento del Instituto Nacional de Estudios Socioeconómicos (Inesc).
En 2020, en plena pandemia, y con el consecuente aumento de casos de violencia doméstica a causa del aislamiento social, fue registrada la ejecución más baja del presupuesto para las mujeres. En términos generales, como se puede observar en la tabla, el peor presupuesto de la gestión fue del último año de gestión de Bolsonaro, en 2022.
Otro dato es que en 2019 y 2020 el presupuesto destinado al Consejo Nacional de las Mujeres no fue ejecutado, limitando el espacio de discusión entre sociedad civil y gestoras públicas. En los dos años siguientes, la instancia ni siquiera tuvo un presupuesto asignado.
El resultado fue un aumento sostenido de los femicidios, aunque los números de homicidios generales en el país registran una caída desde el 2020, según el Foro Brasilero de Seguridad Pública. Desde 2015 el delito de femicidio es reconocido por ley en Brasil y es contabilizado oficialmente desde entonces. En este escenario, las más impactadas son las personas de grupos vulnerabilizados, como mujeres negras y pobres –justamente las que necesitan las políticas que fueron desarmadas por el bolsonarismo–.
Víctimas de femicidio en Brasil en números absolutos (2015-2023)
Fuente: Foro Brasilero de Seguridad Pública, informe “Feminicídios em 2023“
Para Clara Wardi, magister en estudios de género y asesora técnica del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea), el gobierno de extrema derecha representó en Brasil un retroceso para los derechos de las mujeres en su conjunto. “En ese período, el concepto de género pasó a ser perseguido por el gobierno y todo estuvo ligado a una fuerte amenaza a la laicidad del Estado y, como si no bastara, a la anticiencia. El impacto que vimos en las políticas durante ese período fue realmente una persecución”.
El Ministerio de Derechos Humanos fue reemplazado por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en el gobierno de Bolsonaro, con Damares Alves encabezando la cartera. Así, hubo numerosos casos de niñas perseguidas desde el propio gobierno para impedirles acceder al procedimiento de interrupción del embarazo, aunque estuvieran encuadrados en los pocos casos que son garantizado por ley en Brasil (casos de violación, de riesgo de vida para la persona gestante y de anencefalia del feto). Además, en 2020, el entonces presidente firmó la Declaración del Consenso de Ginebra, un posicionamiento contrario al derecho al aborto por parte de los Estados y el reconocimiento del modelo conservador de familia como base de la sociedad.
El Ministerio de Derechos Humanos fue reemplazado por el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos en el gobierno de Bolsonaro.
Bajo el discurso de protección de la familia, se encubrieron muchos tipos de violencias que suceden en el ámbito familiar. “Las políticas se enfocaron mucho en las denuncias, con un eje muy policial de combate al crimen y muy poco auxilio a las víctimas”, resalta Clara Wardi. “Por ejemplo, tratar a la pedofilia como algo distante de la realidad familiar, cuando sabemos que los principales abusadores son personas de la familia.”
Retomar la agenda de derechos
La primera medida de la agenda de derechos en género y diversidades del gobierno de Lula Da Silva y la ministra Cida Gonçalves es la propia creación del Ministerio de las Mujeres y el presupuesto inicial de R$ 123 millones, —contra R$ 23 millones del gobierno anterior—.
El Ministerio de las Mujeres trazó la meta de construir más 40 Casas de la Mujer Brasilera, espacios que integran diversos servicios públicos para casos de violencia de género, como comisarías especializadas, Tribunal de Justicia, Defensoría Pública, alojamiento, entre otros. También invierte actualmente en la reestructuración de la Línea 180 para atención telefónica de mujeres en situación de violencia y riesgo. La Línea 180 es una política que fue desfinanciada durante el gobierno Bolsonaro y dejó de abarcar casos en ciudades menores, que no cuentan con instancias físicas de atención y cuidados de la víctima.
La Línea 180 es una política que fue desfinanciada durante el gobierno Bolsonaro y dejó de abarcar casos en ciudades menores, que no cuentan con instancias físicas de atención y cuidados de la víctima.
Frente al aumento de los femicidios, el gobierno firmó el Pacto Nacional de Prevención de los Femicidios, en forma de decreto, para prevenir formas de discriminación, misoginia y violencias contra las mujeres a partir de acciones de movilización e involucramiento de la sociedad civil. También se retomó el diálogo con instancias locales de estados y municipios para la construcción de políticas para las mujeres en los territorios y servicios especializados.
En términos legislativos, en el primer año de gestión de Lula un elemento importante para la agenda de género fue la ley 14.717, que determina una pensión especial a hijos y dependientes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios. Tras años de flexibilización y precarización laboral desde la destitución de Dilma Rousseff en 2016, en 2023 el Ministerio de las Mujeres impulsó y logró la aprobación de la Ley de Igualdad Salarial. La legislación establece que a cada seis meses las empresas deben enviar al Ministerio del Trabajo un informe con datos salariales, bajo pena de multa.
La agenda de cuidados recibe ahora una inversión desde el Ministerio de las Mujeres para formación de las mujeres. En su primer año de gestión, destinó R$ 2,6 millones para la construcción de lavanderías públicas comunitarias, una demanda de las propias mujeres, según el ministerio, para reducir el tiempo de trabajo doméstico y de cuidados. Además, el gobierno destinó más de R$ 4,5 millones para fortalecer organizaciones productivas de mujeres rurales, indígenas y de las periferias urbanas con enfoque en la superación de la pobreza y el hambre.
En total, el ministerio presentó 30 medidas cumplidas en su primer año de trabajo, incluidas en el informe de principales acciones de 2023. Todo ello en un contexto de fuerte resistencia en el Congreso, dominado por parlamentarios del partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), y en un gobierno federal de frente amplio que encuentra, no raras veces, sus controversias.
En su trabajo, Clara Wardi también monitorea temáticas de género que tramitan en el Congreso Nacional. “Aunque hayamos tenido una victoria en el ejecutivo en las últimas elecciones, seguimos teniendo un congreso extremadamente conservador”, afirma. “Tuvimos una pérdida política muy grande en el derecho de matrimonio igualitario en una comisión, que se sigue tramitando en el Congreso. Es algo a lo cual estamos atentas”, dice, mencionando la ley que hoy está en riesgo en el país. “Otra pérdida política fue el protocolo No es No, sobre la prevención y combate al acoso sexual en espacios públicos; un proyecto de ley que le fue muy bien en su tratamiento, pero que en su texto final excluyó de su aplicación a iglesias y espacios religiosos. Fue una pérdida política, aunque una victoria jurídica”, puntualiza.
El aborto no es definido ni siquiera como un tema de agenda del actual gobierno.
Otra cuestión destacada entre especialistas que sigue presente en consecuencia de una sociedad y un parlamento bolsonarizados es la imposibilidad de tener el aborto como agenda prioritaria. De hecho, el aborto no es definido ni siquiera como un tema de agenda del actual gobierno. El actual Ministerio de Salud revocó una nota técnica que reforzaba derechos ya garantizados por ley, a fin de informar sobre los casos de aborto legal reconocidos por el estado brasilero. “La reacción de la extrema derecha fue tanta que el ministerio revocó una nota técnica que él mismo publicó. Y no traía nada diferente de lo que ya está en la legislación”, afirma Wardi.
Sin embargo, hay que destacar también acciones fundamentales de las organizaciones y las propias instituciones durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Para Flavia Biroli, son tres: “Una es que los movimientos feministas y antirracistas tuvieron un rol sistemático de denunciar y llevar a conocimiento público qué estaba sucediendo, logrando en algunos casos revertir algunas acciones; por ejemplo, el cuadernillo del Ministerio de la Salud”, destaca. “Después, tuvimos una Corte Constitucional que se posicionó en favor de los derechos fundamentales en una perspectiva individual, especialmente en términos de sexualidad y género”, agrega y da como ejemplo la determinación de que el proyecto conservador Escuela Sin Partido —de intervención en los contenidos escolares— hería derechos constitucionales. Aunque, resalta, el judicial fue y sigue siendo un espacio en disputa.
“El tercero fue la posición político partidaria y las coaliciones”, dice. “Se pudo formar una oposición para mantenerse activa una perspectiva política de garantía de derechos y evitar mayores retrocesos por parte de sectores conservadores abiertamente hostiles a agendas igualitarias, particularmente las feministas y LGBTQIA+.”
“Si no tenés los movimientos peleando, es mucho más difícil avanzar dentro del gobierno.”
Cida Gonçalves
Hoy, la agenda de género vuelve a focalizarse en el ámbito político institucional, pero sigue en disputa. Conforme destacó la ministra Cida Gonçalves, en la citada entrevista a LatFem, es necesario ocupar las calles: “Si no tenés los movimientos peleando, es mucho más difícil avanzar dentro del gobierno.”
