Un apellido que resulta familiar de tanto verlo en mesas y góndolas. Un intendente de la zona que también es ganadero y que invita a pensar que no es ajeno a la práctica extendida de quemar campos para renovar pasturas. Empresas que ocultan socios, cargos y reputaciones, pero a la vista de todos provocan un desastre ambiental. Muchos de los responsables de los incendios en las islas del Delta de Paraná —el mismo humo que llegó al AMBA y que motivó la intervención de las Fuerzas Armadas— ya están identificados, algunos hasta tuvieron que dar explicaciones ante la Justicia. Ninguno, por ahora, recibió un castigo ejemplar.
“El agronegocio está usando al territorio del PIECAS (en referencia al Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta) como zona de sacrificio. Los incendios expresan la expansión compulsiva de la frontera agrícola ganadera sobre el humedal. Más allá de algunos procesamientos e indagatorias, en gran medida se trata de corporaciones o sociedades que la única lógica que tienen es la del negocio”, explica Lucas Micheloud, de la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas y miembro de la Multisectorial Humedales Rosario.
“La mayoría de estas personas jurídicas –continúa– son establecimientos ganaderos que utilizan la práctica del fuego para la renovación de la pastura. No estamos hablando de gente que realiza agricultura familiar y que tiene la lógica del arraigo, sino de empresarios como el caso de Baggio, que ni siquiera residen en la zona, pero convierten al humedal en una zona productiva ganadera”. Según un informe que la Municipalidad de Rosario presentó a la Justicia, en los dos últimos años detectaron que en 10 puntos del Delta se iniciaron hasta 59 incendios.
En junio de 2020, el Juzgado Federal N°2 de Paraná, en Entre Ríos, inició una causa contra Rufino Pablo Baggio, “Pino” para los íntimos, uno de los hijos del fundador de la empresa reconocida por comercializar, entre otros productos, los jugos en cajitas. También es dueño de más de 30 mil hectáreas de campo sobre las islas del Delta que, según los registros satelitales, suelen prenderse fuego. El propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, le pidió públicamente a la Justicia entrerriana un “disciplinamiento” para el heredero con el objetivo de “desalentar los focos”.
Además de Baggio, Ambiente también es denunciante en otras dos causas penales que investigan quemas intencionales en las ciudades entrerrianas de Diamante y Victoria ocurridas durante abril, junio y julio pasados. Como todavía no se logró identificar a los autores, el expediente duerme en los despachos de los fiscales.
El periodista rosarino Juan Chiummiento publicó un mapa interactivo del Delta medio del Paraná cruzando datos catastrales de propietarios de campos con imágenes satelitales de los focos activos. Así surgió que la familia del intendente de Victoria por JxC, Domingo Maiocco, es dueña de más de 10 explotaciones agroganaderas. “Existe una pamperización de los humedales porque el modelo sojero desplazó la actividad ganadera hacia zonas bajas. En las islas siempre hubo una ganadería de muy baja escala, pero desde 2007 aumentó exponencialmente la cantidad de cabezas de ganado en la zona y por ende el abuso del uso del fuego. Fue una herramienta de manejo del pajonal, ahora es una herramienta de aniquilación”, remarca María Fernández Benetti, de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM).
Según los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentario (SENASA), solo en los últimos cinco años la cantidad de ganado en las islas creció casi un 50% con el consecuente aumento de los pedidos de permisos de explotación. “Lo que te dicen los ganaderos —agrega Micheloud— es que las quemas son tradicionales, lo cual no implica que sean legales. Sabemos que los autores materiales pueden ser peones, puesteros o perejiles, pero la Justicia debería investigar y llegar a los autores intelectuales. Ahí está la clave. La discusión de fondo son los modelos productivos absolutamente incompatibles con la salud de los humedales”. Cabandié habló de “la avaricia del sector productivo, que en vez de esperar que se renueven naturalmente las pasturas o conformarse con la superficie de pastoreo, queman pajonales, pasturas para renovarlas antes de las lluvias de primavera”. Un tercio de los 9.350 focos iniciados en el Delta durante 2022 ocurrieron solo en agosto.
Tierra pública, ganancia privada
Mientras la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) confirmaba que hasta el jueves pasado se habían quemado de 95 mil hectáreas del Delta del río Paraná y daba cuenta, además, de la presencia de aerosoles y otros contaminantes en el aire de la región, el SENASA respondía un pedido de información pública del diario La Capital de Santa Fe: revelaba que el gobierno de Entre Ríos es titular de 76 establecimientos —con una superficie total de 83.925 hectáreas— donde funcionan 523 unidades productivas vinculadas a la ganadería.
“El 80% de las tierras del Delta es entrerriana y de ese porcentaje solo una parte menor es privada. Una de las cosas de las que nadie habla, o se habla a media voz, es que la mayoría de las tierras que se están incendiando son de dominio público provincial, o sea que no pueden tener dueños. Entre Ríos no tiene una ley que regule la tierra pública por lo que durante años fueron otorgadas a dedo por los políticos”, denuncia Fernández Benetti.
“La tierra de dominio público —completa— no puede ser vendida ni arrendada; lo que te pueden dar son permisos de uso gratuito u oneroso. Por ejemplo, las Islas de las Lechiguanas, en el departamento de Gualeguay, están prendidas fuego. Allí hicieron terraplenes para la explotación ganadera, pero ¿quién dio ese permiso? Si pagan algo, ¿dónde va esa plata? ¿Están usurpadas? ¿Por qué la provincia no las recupera?”.
La abogada aclara que los usurpadores de las tierras del Delta no son los isleños históricos, contemplados como pobladores nativos, sino “las enormes explotaciones ganaderas que están pulverizando todo. La propiedad de la tierra es clave para entender la demora del gobierno de Entre Ríos en dar información sobre los titulares reales; no quiere abrir el catastro (un censo de la propiedad inmobiliaria) no solamente para encubrir a los dueños privados, sino para dejar en una nebulosa su gestión de la tierra pública”.
Micheloud aporta: “todas las organizaciones del tercer sector estamos compulsando información, pero hay muy poca en lo que refiere a cómo se fueron dando las autorizaciones para realizar estas actividades”. Y concluye esperanzado: “ojalá que este ecocidio sea el punto de inflexión para que Argentina finalmente tenga una Ley de Humedales y el Delta deje de ser una zona liberada a los negocios agropecuarios e inmobiliarios”.
Acciones legales “por atentado contra la naturaleza“
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está analizando la posibilidad de “iniciar acciones legales por atentado contra la naturaleza” directamente a los dueños o a quienes trabajan en los lugares donde se inician los incendios en las islas del Delta del río Paraná, adelantó el viceministro de esa cartera, Sergio Federovisky.
En declaraciones al canal de noticias C5N, el funcionario sostuvo que “prácticamente la totalidad de los incendios en la zona son intencionales” e insistió en la responsabilidad de la Justicia para investigar los casos.
En tanto, tres de los acusados por los incendios en el Delta seguirán detenidos luego de declarar ante la Justicia entrerriana. Se trata de un hombre de 54 años y sus dos hijos de 18 y 22, todos oriundos de Santa Fe y acusados de realizar quemas intencionales en la isla “Del holandés” a la altura de Arroyo Seco, a unos 32 kilómetros de Rosario.
El pasado lunes, un cuarto hombre fue apresado por personal de la Agrupación Albatros y de la Prefectura de Victoria al momento de comenzar un incendio.
Humedales: entre la ley que no sale y los 300 años que tardarán en recuperarse
Según denuncian especialistas y autoridades de la región, las quemas se realizan, en la mayoría de los casos, con el objetivo de preparar el terreno para distintas actividades que van desde negocios inmobiliarios hasta la producción agrícola y ganadera. Dos cuestiones parecen quedar claras con los nuevos fuegos en el Delta: la necesidad de que la Justicia investigue a los culpables, y exista una la Ley de Humedales.
Es uno de los pedidos que sostiene desde hace tiempo la denominada Multisectorial Humedales, con base en Rosario y conformada por distintas organizaciones de la sociedad civil. Lo acompaña con una campaña de recolección de firmas que lleva reunidas más de 750.000 adhesiones. El proyecto a ser debatido perdió estado parlamentario y volvió a ser presentado este año, aunque aún no hay certezas de que el recinto la trate.
“El Servicio Nacional del Manejo del Fuego tiene chequeado que el 95% de los incendios son intencionales. Nosotros agregamos que son intencionales con el propósito de expandir la frontera agrícola ganadera en el humedal, la pampeanización del humedal del Delta”, aseguró a Télam Lucas Micheloud, integrante de la Multisectorial y referente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas. Advirtió que “el daño ambiental es enorme, de escala colosal”, ya que los sistemas productivos actuales son “incompatibles con la salud de los ecosistemas”. Remarcó que la ley “va a permitir tener un ordenamiento del territorio del Delta del Paraná con una mirada profundamente federal y adaptando cada jurisdicción para buscar un equilibrio de estos ecosistemas”.
“Vamos a necesitar entre 300 y 400 años para recuperar el humedal que teníamos”, estimó Paola Peltzer, doctora en Ciencias Naturales y profesora adjunta de la cátedra de Ecología de la Restauración de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su colega, Rafael Lajmanovich, profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, acotó: “Estamos hablando de consecuencias ambientales muy grandes porque no podemos reemplazar a los humedales por cultivo, es una locura. Sin los humedales el tipo de clima que tenemos se alteraría y cambiaría todo el ciclo biológico de un montón de especies”.
Cabandié y Alberto Fernández: modelo productivo y Fuerzas Armadas
El titular de la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, sobrevoló el viernes la zona afectada. Sostuvo que “hay varias cuestiones” que hacen a la problemática, «que principalmente está atravesada por factores climáticos, pero también por factores productivos».
“Tenemos que irnos al año 94, cuando Argentina toma el modelo sojero y empieza a capitalizar cada vez más el monocultivo y en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, cuando la soja expulsó al ganado del continente a las islas del Delta del Paraná. Estamos hablando de dos millones de hectáreas, principalmente de Entre Ríos”, detalló.
“Lo que sucede es que la avaricia del sector productivo. Esta es la razón principal, hay algo vinculado también a proyectos inmobiliarios, quemar para preparar la tierra, un cambio de suelo con futuro de proyectos inmobiliarios, pero el 90 por ciento es quema de pajonales para extender la superficie de pastura del ganado. Estamos muy lejos de discutir el modelo productivo que es dañino por varias cuestiones”. “Acá hay culpables, hay 100 o menos delincuentes que están perjudicando a 5 millones de personas. Entonces, si queremos analizar esta problemática desde la perspectiva ambiental, haganlo, pero esto es un tema productivo, tiene consecuencias ambientales pero las razones de porqué tenemos estos fuegos, es un tema productivo”, concluyó.
El sábado también se refirió a los incendios el presidente Alberto Fernández. Lo hizo por redes sociales, donde aseguró: “No podemos tolerar que continúe habiendo incendios en el Delta que afectan al ambiente y a la salud de millones de argentinos y argentinas. No vamos a permanecer pasivos ante acciones descalificables que generan desastres ecológicos”.
Anunció que dispuso “la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas para frenar los incendios. Activamos el Comando Conjunto de Zona de Emergencia de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires”.
Comenzó a trabajar en las últimas horas “la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias y un equipo de asesores militares”, quienes están “evaluando la situación y organizando las tareas de apoyo”. Y completó: “El Ministerio de Ambiente ya ha realizado las denuncias correspondientes y está colaborando con la Justicia para determinar responsabilidades. El Estado debe estar presente para proteger a los argentinos y argentinas”.
Esta nota fue publicada originalmente en Tiempo Argentino. Se publica en LatFem gracias a un acuerdo de colaboración entre ambos medios.