“Con libertad, mucho mejor. Feliz Navidad”. Alberto Fujimori está feliz, desde hoy goza del indulto presidencial de Pedro Pablo Kuczynski y una nueva libertad. Todo argumentado en nombre del humanitarismo, aunque ese tipo de medidas para criminales de lesa humanidad sean expresamente incompatibles con la Convención americana de derechos humanos.
Pero no todo es amor y presunto humanitarismo. El jueves 21 el presidente Kuczynski estuvo a punto de ser destituido en el Congreso peruano por el escándalo de corrupción que lo vincula a la constructora Odrebecht, la empresa que empapeló con billetes a distintos funcionarios públicos del continente. La figura para sacarlo del cargo más alto en el ejecutivo era su “inhabilidad moral”. De manera llamativa, quienes habían agitado la acusación, los fujimoristas del partido Fuerza Popular, votaron divididos. Así, la inhabilidad moral que habían atribuido al banquero y los papeles en los que mostraron los 782.000 millones de dólares que la empresa de Kuczynski había cobrado mientras era funcionario, no les pareció tanta, ni tan inmoral.
¿Qué pasó entre el llamado a asistir al Congreso y la votación? El presidente, afirmado en su cargo, salió tranquilo del recinto para entrar en Twitter y teclear: “Peruanos. Mañana empieza un nuevo capítulo en nuestra historia: reconciliación y reconstrucción de nuestro país. Una sola fuerza, un solo Perú”. Cada vez que un presidente dice reconciliación está pactando futuro con algún genocida.
Y así llegó la felicidad de Fujimori, tres días después. Su euforia actual, marcada por una enfermedad degenerativa que lo hace balbucear, no recuerda la de 1992 cuando disolvió el parlamento y dio un golpe de Estado para mantenerse en el poder. Estaba preso desde 2009 y por 25 años por delitos contra la humanidad mientras fue presidente de Perú. Su condena fue por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia. Sin embargo, existen otros procesos abiertos en su contra.
Durante su gobierno 211 mil mujeres sufrieron esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas eran quechuahablantes, analfabetas, en situación de pobreza, con militares que ocupaban su territorio campesino y la violencia del conflicto armado. Desde el Estado se recurrió a cualquier tipo de amenaza para esterilizarlas, algunas de las mujeres eran adolescentes. La denuncia fue presentada por la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer ante al fiscal superior Luis Landa. Pero el Estado que “reconcilia” no investiga.
Un capítulo extra merece la fachada del fujimorismo interesado por las necesidades de las mujeres y una serie de políticas de gobierno que hicieron retórica de la agenda feminista, para intentar pasar autoritarismo por democracia.
