Para mediados de marzo de 2021, un año después del primer caso del coronavirus en el país, Paraguay anunció oficialmente que había alcanzado el total de ocupación de sus terapias intensivas, que las intermedias estaban saturadas y que no quedaban más camas disponibles en la mayoría de los hospitales. Rápidamente, comenzaron a circular por WhatsApp mensajes “reenviados muchas veces” que rogaban a quienes tuviesen sillones cómodos en desuso, que por favor los acerquen al Hospital de Clínicas para atender a lxs pacientes de contingencia que debían permanecer internadxs en los pasillos de la institución. Los mensajes iban acompañados con fotografías de pacientes durmiendo sobre sillas, enchufados a un suero, tapados con frazadas que traían de sus propias casas.
En paralelo, también se empezaron a recibir donaciones alimenticias, para poder acercar un plato de comida caliente a las familias de lxs enfermxs que esperan fuera del INERAM (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente) y de los hospitales centrales los informes médicos.
Las redes comunitarias y territoriales son las únicas que detienen el espiral descendiente de desesperación y abandono. Desde hace meses, años, décadas, la salud pública en Paraguay sobrevive a un bajísimo presupuesto, sostenida por un altísimo aporte de bolsillo de lxs pacientes y sus familiares, donaciones de particulares, asociaciones y cooperativas de personas que sobrevivieron a algún mal y saben (porque tuvieron que aprender forzadas por el contexto) cómo gestionar las drogas o distribuirlas solidariamente.
Cuando una enfermedad difícil o aguda o crónica irrumpe, se activan un conjunto de estrategias comunitarias que incluyen “polladas”, venta de comida, circulación de cuentas bancarias para recibir donaciones, rifas, sorteos, shows y festivales a beneficio.
Todxs lxs usuarixs del sistema de hospitales y postas del Estado (que no son beneficiarxs de costosísimos seguros médicos privados), deberán enfrentar el gasto de la más variada lista de insumos.
El sistema de salud
En los hospitales públicos, las enfermeras (conocidas en la jerga hospitalaria como “las licenciadas”, en femenino) y lxs médicxs (“los doctores”, en masculino) a diario dan a conocer, a las corridas y con la presión aguda de que cualquier demora impactará letalmente en la salud de tu ser querido, lo que la familia debe gestionar, y estos pedidos incluyen todo, desde elementos de limpieza, blanquería y alimentación, hasta medicamentos e insumos (guantes, gasas, algodón, jeringas, sondas, sueros, y todos los medicamentos que podamos enumerar).
El presupuesto en salud es muy bajo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que en el período 2000-2018, Paraguay nunca destinó más del 2% de su PIB al área de Salud, estando incluso por varios años con menos del 1%.
Además, se trata de un país con un escenario extendido de trabajo informal: 7 de cada 10 trabajadorxs no tiene contratación formal.
El presupuesto en educación sigue el mismo patrón que el de salud, con una tendencia clara a la escasez y al vaciamiento
En su informe de 2018, CEPAL reportó que Paraguay era el tercer país en América Latina (luego de Guatemala y República Dominicana) que menos porcentaje del PBI destina al gasto social, término dentro del que incluyen protección social, educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, actividades recreativas, cultura y religión, y protección del medio ambiente.
En enero de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo indicó, en la misma línea, que Paraguay tenía una de las inversiones públicas más bajas de la región, lo que se acompañaba con un endeudamiento relativamente bajo.
Mala y baja infraestructura, poco presupuesto, baja atención, carencia de insumos y faltante en recursos humanos son unas de las caras del sistema de salud. Las otras son la de la corrupción generalizada
El 19 de marzo, ingresaron a Paraguay 36000 vacunas entregadas al país por medio del mecanismo COVAX, que se sumaron a las 20.000 que Chile donó; a las 3.000 del 12 de marzo y las 4.000 que habían llegado el 18 de febrero (de las 300000 que había anunciado el entonces Ministro de Salud, Julio Mazzoleni).
A partir de la ley 6524/2020, que declaró el estado de emergencia en todo el territorio a causa del COVID-19, el Ejecutivo y el Legislativo articularon un conjunto de medidas, dentro de las cuales se aprobaron un significativo endeudamiento —que debía destinarse a acceder a drogas e insumos estratégicos y a comenzar las negociaciones para el acceso de una potencial vacuna— y una serie de medidas económico-financieras, como asistencia a micro y pequeñas empresas, postergación de pagos impositivos, programas de salvaguarda de ingresos de trabajadorxs informales –Programa Pytyvõ – o de apoyo para la seguridad alimentaria –Programa Ñangareko-, e incluso una ley (la 6603/2020) que estableció el apoyo y la asistencia a las ollas populares, que se constituyeron en la última frontera frente al avance de la pobreza y el hambre en toda la geografía del país.
Se duplicaron las camas de UTI pero el número original (menos de 300 en todo Paraguay) era tan bajo, que tras la ampliación llegó a 655. Además, tampoco se cuenta con terapistas o recursos humanos que puedan asistir un número mucho mayor de camas, así como tampoco existe la infraestructura ni los insumos.
Respecto a estos últimos, el gobierno atravesó problemas e irregularidades, adquiriendo (y pagando) por insumos y camas provenientes de China, que terminaron siendo defectuoso o no cumplían con los requisitos mínimos de utilidad y seguridad.
A esto, se le sumó la compra por parte de instituciones públicas de elementos que no servían para prevenir el COVID, ni tenían relación con el mismo, pero se financiaban con dinero público disponible para esta materia específica. El caso más recordado es el de Petropar que adquirió agua tónica bajo el rubro insumo sanitario.
Ya en 2021, en el contexto de disputa mundial por las escasas vacunas, Paraguay volvió a quedar atrás: perdió el acceso a la inoculación porque se hizo la transferencia del pago al organismo equivocado. El Ministerio de Salud negó que haya sido negligencia y le atribuyó el error a un cambio por parte de los organismos que negocian el plan COVAX. Más allá de quién haya sido responsable, Paraguay quedó signado a depender de la solidaridad de otros países, a ser furgón de cola regional y dentro del mecanismo COVAX, y a lograr algún resultado positivo de su política exterior de mendicidad activa, pues sus chances de adquirir las vacunas institucionalmente fueron minadas.
El gobierno y las protestas
La gestión de la pandemia fue un eje de desequilibrio para todos los gobiernos, diversos sectores (algunos negacionistas del virus, otros con intereses económicos en riesgo, otros acuciados por el desempleo y la pobreza) han comenzado a socavar el nivel de aceptación de los presidentes en todo el Cono Sur.
En el caso del presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, el proceso de desgaste de su figura ya había comenzado previamente. Disputando poder hacia adentro de su propio partido, la Asociación Nacional Republicana o Partido Colorado, donde se enfrenta a Horacio Cartes, expresidente, empresario y uno de los hombres más poderosos de Paraguay; y hacia afuera, donde la oposición articula para denunciar las fallas del gobierno, Abdo sobrevive de la mano de su partido y del mismo Cartes, que desestabiliza su figura para luego salvarlo y lograr así mayor presencia en el ejecutivo.
En 2021, tras críticas marcadas en las carteras de Mujer, Educación y Salud, Abdo decidió cambiar lxs ministrxs. Sin embargo, esto no fue suficiente para morigerar las protestas sociales que se esparcieron por todo el territorio, por el hartazgo de la corrupción burda, por las consecuencias económicas de una cuarentena que no mejoró la situación estructural del sistema de salud, por la rabia frente a la impunidad y a la evidencia de los negociados entre empresarios y el Estado, y por la incitación de la oposición pero también de la facción colorada no-abdista que participó e instó (a través de los medios que responden al grupo de Cartes) a la manifestación.
El desencadenante fue la falta de atracurio y midazolam, dos medicamentos necesarios para la atención de casos graves de COVID (aunque son usados para todos los casos de terapias intensivas) y que no estaban disponibles para lxs enfermxs. Esto obligaba a lxs familiares, como siempre desde hace décadas, a recurrir al sistema privado que le vende los medicamentos a precios exorbitantes y la mayoría de las veces sin tickets válidos e incluso con sellos de gratuidad por ser medicinas pagadas por el Ministerio de Salud.
Más allá de este detonante, las razones de las protestas son de largo aliento: la salud, la educación, la vivienda, la vida digna son sistemáticamente vulneradas en un Estado en el que la macroeconomía es estable y no hay registros significativos de inflación pero la garantía de derechos es prácticamente inexistente. La desigualdad y la expulsión social son la contracara de un sistema que privilegia a un sector muy pequeño de empresarios y funcionarios que solapan y superponen sus intereses.
El 17 de marzo, y por segunda vez en su mandato (la primera fue en agosto de 2019), Abdo Benítez fue salvado, en el Congreso, de un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones. Las causales fueron: 1) ineptitud en el manejo de la pandemia; 2) compra tardía de vacunas; 3) negociado con los insumos y camas provenientes de China; 4) falta de medicamentos; y 5) ventas al Estado. Salieron a su rescate las diferentes bancadas de su partido (que siguen siendo mayoritarias como en toda la transición desde 1989 cuando cayó el también colorado dictador Stroesser). De esta forma, Cartes volvió a garantizar la permanencia de Abdo, en medio de las protestas, la fuerte represión y una imagen dinamitada.
El futuro
Las manifestaciones no han mermado y sigue habiendo convocatorias. Sin embargo, han disminuido en caudal y en fuerza, sobre todo por el nuevo acuerdo interno del Partido Colorado, luego de que hayan salvado al presidente de su destitución inminente.
El Estado responde violentando a la población y expandiendo represión desmedida frente a las diferentes protestas.
Del incendio del Senado en 2017, por la resistencia popular a la enmienda constitucional que habilitaba la reelección presidencial, se pasó en 2021 a incendiar una seccional del Partido Colorado, bajo el lema “ANR nunca más” y “qué se vayan todos”.
El panorama es complejo. Con las terapias saturadas, el sistema de salud colapsado, baja cantidad de vacunas, poco futuro en las negociaciones por los insumos y una sociedad que batalla contra la pobreza y la impunidad, Paraguay enfrenta la segunda ola, habiendo ya agotado la espalda social para otra cuarentena estricta y sin respaldo político ni sanitario.
