Una de las tareas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, desde la sanción de la Ley 26.485 en 2009, es elaborar un Plan Nacional de Acción contra las violencias machistas. Después de una serie de foros provinciales y regionales que debieron trasladarse a la virtualidad por el contexto de pandemia, Elizabeth Gómez Alcorta presentó el Plan Nacional de Acción 2020-2022.
Lo más destacado de la presentación es la ampliación presupuestaria y la relevancia asignada a la autonomía económica. Para los dos años de implementación -entre junio de 2020 y junio de 2022- del Plan están estipulados $18.000.000.000. Es un incremento significativo de las partidas asignadas a estas políticas en relación al Plan anterior, presentado por la por entonces titular del Consejo Nacional de las Mujeres Fabiana Tuñez. Esa propuesta contaba con 750 millones de pesos y la mayoría del dinero (600 millones en el trienio) estaba destinada a la construcción de refugios que no se hicieron. De los 36 refugios para sobrevivientes de violencia machista que prometió hacer el gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019, solo terminó y equipó 9, pero de ese total, 8 habían comenzado a construirse durante la gestión anterior.
El Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género 2020-2022 es ambicioso: implica un cambio de paradigma sobre cómo se caracterizaba a la mujer o a las personas LGBTI+ que fueron victimizada o que atraviesa una situación de violencia. En primer lugar la considera con capacidad de agencia, con posibilidades de desarrollar trayectorias de vida autónoma, con redes territoriales y comunitarias. Modifica el abordaje individual para ir hacia uno integral, que implica crear condiciones subjetivas y materiales de salida de escenarios de violencias. Propone trabajar las condiciones estructurales para no situar el trabajo exclusivamente en la emergencia. Define no reproducir esquemas de victimización y revictimización, y hacer foco en el trabajo con los agresores.
En la construcción de este Plan participaron más de 3.400 personas autoconvocadas, pertenecientes a distintas organizaciones sociales y de la sociedad civil, académicas, políticas, sindicales, entre otras tramas institucionales y comunitarias. También hicieron parte autoridades y trabajadorxs de los tres niveles jurisdiccionales y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Más de 1.600 propuestas hicieron las organizaciones feministas. El foco, a partir de ahora, estará puesto en su ejecución e implementación.
El texto plantea cuatro ejes estratégicos. A partir de cada uno se organizan las acciones específicas para abordar todos los tipos y modalidades de violencias, su prevención, asistencia, reparación y protección. Esos ejes están atravesados por otros que sostienen la interseccionalidad (el impacto diferencial de la violencia en relación con otras opresiones), la multiagencialidad (entre distintas áreas y niveles del Estado, organizaciones territoriales y de la sociedad civil) y el fortalecimiento de las redes territoriales (lo que implica un reconocimiento del acompañamiento de las activistas y organizaciones territoriales en estas circunstancias).
El primer eje de la política pública es la Prevención, basado en alertas tempranas para actuar a tiempo ante situaciones de violencia. También está integrado por un Plan Nacional de Prevención, para trabajar a mediano y largo plazo los patrones socioculturales que están en la base de las violencias machistas.
El segundo eje es el de Asistencia y Abordaje Integral, y está basado en un cambio de paradigma respecto de la asistencia: de lo individual al abordaje integral e intersectorial. Intervenciones que no solo actúen ante la emergencia sino que apunten a la modificación de las condiciones estructurales que reproducen las violencias. Las políticas de este eje tienen como horizonte el desarrollo de proyectos de vida, a través de la autonomía económica y el autovalimiento de las mujeres y personas LGBTI+.
El tercer eje es el de Protección y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia. Implica el resguardo de la integridad física y emocional de la persona, y el fortalecimiento de sus redes territoriales y comunitarias frente a situaciones de riesgo. Propone de manera explícita no crear más refugios sino impulsar el acceso a la vivienda para que quienes atraviesan esas situaciones puedan tener vidas autónomas y libres de violencias. También propone trabajar en remover los obstáculos con los que las mujeres y personas LGBTI+ se encuentran cuando se enfrentan al sistema de justicia, para garantizar el pleno acceso a sus derechos, en condiciones de igualdad y no discriminación.
El cuarto eje es Gestión de la Información, Transparencia y Monitoreo. Se trata de ocho medidas y 48 acciones para producir diagnósticos, información y estadísticas. Las medidas apuntan al fortalecimiento de los lugares de denuncias (policial o judicial) y consultas, y la integración de los registros sobre causas de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Finalmente habrá producción de información sobre violencia por motivos de género para elaborar políticas.
15 acciones contra las violencias
1-Creación del Programa “Acompañar”: asistencia integral para personas en situación de violencias por motivo de género
Se trata de transferencia monetaria y acompañamiento integral. Es un mecanismo de protección social.
2-Creación de Centros Territoriales integrales de Políticas de Género y Diversidad en todo el país.
Serán 12 espacios para la formación y la realización de actividades de prevención y promoción de la igualdad. Y en algunos casos el alojamiento de personas en contexto de violencias y sus hijxs.
3-Creación de la Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género
Junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Nación crearán un programa interministerial para llevar adelante una política focalizada en los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Además trabajarán, de manera coordinada, en la busqueda de personas.
4-Programa de modernización, optimización y difusión de la línea 144
La idea es un fortalecimiento de los recursos humanos especializados de la Línea 144, la ampliación de los canales de atención y niveles de accesibilidad a partir de una aplicación de georeferencia de instituciones. También prometen mecanismos de accesibilidad a la línea desde una mirada interseccional.
5-Creación de un sistema digital para emergencias en casos de violencias por motivos de género para los gobiernos locales
Busca ampliar la capacidad de respuesta para los gobiernos locales.
6-Creación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG)
Permitirá elaborar datos sistematizados e información estadística de alcance federal. Este sistema retoma lo elaborado por el INDEC a partir del Registro Único de Casos de Violencias contra las Mujeres (RUCVM).
“Es importante garantizar la capacidad técnica del MMGyD frente al traspaso del RUCVM (Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres, antes en el INDEC) y avanzar hacia la realización de una encuesta nacional de prevalencia de las violencias (aún pendiente a nivel nacional) con perspectiva interseccional en articulación con el INDEC”, habían señalado desde el grupo de organizaciones que conforman Cerrando Brechas II Desnaturalizando violencias ocultas para erradicar la violencia de género
7-Creación del Programa para el Apoyo Económico Urgente y la Asistencia Integral Inmediata para Familiares en casos de Femicidio, Travesticidio y Transfemicidio.
Se propone una asignación económica excepcional destinada para paliar gastos necesarios en estos casos. Así como también contar con asesoramiento, orientación y acompañamiento psicológico.
8-Programa de Apoyo y Fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral
El Ministerio propone un registro unificado del ingreso y egreso de las personas en situación de violencias por motivos de género.
9-Potenciar Trabajo para las personas en situación de violencias de género
Se trata de una acción coordinada con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los gobiernos locales.
10-Creación del Programa Nacional de Prevención de las Violencias por Motivos de Género.
El programa contendrá un subprograma sobre otras masculinidades y otro sobre vínculos afectivos responsables y diversos.
11-Creación del programa Generar: para el fortalecimiento institucional de áreas de género del sector público
12- Creación del Programa Articular para el apoyo y el fortalecimiento de organizaciones sociales comunitarias de género y diversidad.
Podrán solicitar financiamiento para proyectos que vayan en línea con los objetivos del Ministerio.
13-Creación del Registro Nacional de Promotorxs Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario
Este Registro ya había sido lanzado. Quienes quieran participar pueden inscribirse aquí.
14-Relanzamiento del programa Escuelas populares de Género y Diversidad.
Las escuelas populares de formación en género son una iniciativa que había impulsado el Consejo Nacional de las Mujeres en todo el país desde el año 2013.
15-Fortalecimiento de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)
Junto con el Ministerio de Salud de la Nación se trabajará en campañas de difusión y se trabajará con las provincias en la gestión de insumos necesarios en la implementación del protocolo ILE.