Desde hace más de dos meses que ni las fuerzas de seguridad ni el Poder Judicial pueden encontrar a un joven desaparecido en la provincia de Buenos Aires. Es 2020 y en estos tiempos pandémicos -que tienen demasiado de ciencia ficción- con los desarrollos tecnológicos en el centro de la vida cotidiana y la amenaza latente de la vigilancia masiva, tampoco la tecnología y las redes sociales parecen colaborar en la búsqueda. La última vez que lo vieron a Facundo Astudillo Castro estaba con agentes policiales que le labraron un acta por incumplir con las medidas que impuso el aislamiento obligatorio. Su familia desde un primer momento apunta a la responsabilidad de la Bonaerense. No es el primer desaparecido en tiempos de cuarentena: a Luis Espinoza lo buscaron durante una semana en la provincia de Tucumán. Lo encontraron atravesado por un tiro en la espalda proveniente de un arma reglamentaria de la policía provincial.
La desaparición de Facundo Astudillo Castro en la zona de Mayor Buratovich parece replicar guiones de otras desapariciones en la historia reciente democrática argentina: ya sean pibes de las barriadas pobres, militantes anarquistas en territorios mapuches como lo era Santiago Maldonado, familias enteras como los Pomar o niñas y adolescentes víctimas de femicidio como las historias que conocemos casi a diario. No todas son desapariciones forzadas ni en la totalidad de las historias la responsabilidad estatal es la misma. Lo cierto es que cuando una persona desaparece el Estado muestra su rostro más atrofiado, deficiente y burocrático.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Luciano Arruga a quien sus familiares y amigues buscaron casi seis años. En octubre de 2014 supimos que todo ese tiempo había estado enterrado en el cementerio de la Chacarita como NN. Como revelamos en esta nota de Infojus Noticias, la autopsia del pibe de 16 años hostigado y torturado por la policía figuraba en la causa desde 2010. Durante 4 años nadie pudo ver esa ficha con tres fotos y la información de sus huellas dactilares.
Su historia evidenció un problema histórico: la búsqueda de personas y la identificación de cadáveres no identificados son carriles separados en Argentina. Aunque en octubre de 2016 se creó por decreto el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), dependiente del Ministerio de Seguridad, las fallas del sistema continúan. Algunas de esas deficiencias quedaron reflejadas en el documento “Búsquedas de personas en democracia: Identificaciones de NN, trayectorias de vidas y cursos burocráticos” presentado hace poco por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (PROTEX), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) del Ministerio de Seguridad de Nación y la Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV). El informe muestra el proceso de identificación de cadáveres NN. Desde octubre de 2015 hasta octubre de 2019 se realizaron 304 identificaciones positivas. El tiempo transcurrido entre la desaparición y el hallazgo del cuerpo fue menor a diez días, pero su identificación se produjo meses e incluso años después. Esto último revela una falla en el proceso de identificación de esos cuerpos, que aún con la intervención de la fuerza policial fueron enterrados como NN a pesar de la búsqueda de sus familiares.
El problema de la construcción política
“No hay datos certeros que la mediatización ayude a la búsqueda de personas desaparecidas”, dispara Celeste Perosino a LATFEM. La investigadora trabajó durante once años en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En 2012 impulsó la creación de la organización Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) para investigar las desapariciones vinculadas a este delito. Ahora, la organización se transformó en la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) porque entienden que detrás de una desaparición existen diferentes formas de violencias.
“La construcción política de un caso puede ser útil a la hora de visibilizarlo e incidir en el avance de una causa, pero también puede ser un gran obturador para una buena investigación”, escribió Perosino en un artículo publicado en el libro de INECIP “Feminismos y política criminal”, en donde advierte sobre las generalizaciones y lugares comunes que se tejen alrededor de un caso de una persona ausente.
“Se piensa la desaparición desde lugares comunes. Se siguen leyendo los casos como aislados. Tenemos que empezar a leer la violencia actual porque sino no vamos a poder entender”, dice a LATFEM Celeste Perosino.
Desaparecidas
Los feminismos conocen bien la cara de piedra del Estado en las fallas por las búsquedas de personas. Con cada desaparecida se repite el patrón de desprecio por sus vidas: no las buscan y sus cadáveres son hallados casi de manera fortuita o por la confesión de quienes tienen responsabilidad en su desaparición.
Algunas historias emblemáticas: a Candela Sol Rodríguez la encontró una mujer. A Ángeles Rawson la vio un trabajador del CEAMSE en José León Suárez. Melina Romero estuvo desaparecida un mes y el hallazgo vino de la mano de un grupo de cartoneras, también en José León Suárez. Más acá en el tiempo y en este período excepcional que se vive desde el 20 de marzo, al cuerpo de Claudia Repetto lo encontraron por la confesión de su femicida 27 días después de su desaparición: la encontraron sepultada a 20 metros de la pala usada para cavar su tumba, en el sur Mar del Plata, en un lugar que había sido rastrillado varias veces con perros adiestrados.
A su vez, los prejuicios y estereotipos de género ralentizan aún más esos tiempos de búsqueda fundamentales para conocer la verdad y cercar la impunidad. “Seguro se fue con un novio” es una frase que se repite cuando los familiares piden ayuda.
El lugar común instalado de que todas las desaparecidas fueron víctima de trata también obtura la posibilidad de encontrar la verdad. “Sigue operando la idea muy fuerte de que la desaparición de mujeres está vinculada a la trata. Pueden ser femicidios en el marco de criminalidad organizada o pueden ser femicidios íntimos”, aporta Perosino. “Hace un tiempo largo que venimos planteando en varios expedientes que se investiguen las hipótesis generales de femicidio”, dice.
La Recomendación General del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio, de fines de 2018, pide que la desaparición sea un indicador de femicidio. “El Comité considera que cuando existe un contexto de violencia generalizada contra las mujeres, entendido este desde los estándares de la Corte, así como un patrón continuado de desapariciones de mujeres, existe entonces participación del Estado por omisión activa. Esto conlleva que dichas desapariciones estén sucediendo bajo la tolerancia y/o aquiescencia del Estado, y por lo tanto, califiquen como desapariciones forzadas de mujeres”, dice el texto.
Al inicio de las medidas que restringieron la circulación la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) difundió un comunicado en el que advertían cómo la pandemia y la cuarentena hacían más complicada la búsqueda de personas. “En este contexto, la feria judicial y las guardias establecidas en los organismos resultan un obstáculo más ante la necesidad imperiosa de encontrar a una persona o ante la necesidad de establecer medidas de protección urgentes. Activar un protocolo de búsqueda o investigación requiere muchas veces de la inmediatez y la celeridad que no siempre coinciden con los recorridos burocráticos, elemento que se agrava en el marco de la pandemia”, dice el texto.
Sobre la saturación de hospitales, morgues y cementerios desde el CIAV dijeron: “La pandemia genera un alto tráfico de personas y cuerpos en hospitales, morgues y cementerios. La búsqueda de una mujer, lesbiana, trans o travesti en el aparato burocrático estatal es siempre complicado por los problemas de registro, faltantes de documentación y se profundiza en este contexto”.
El Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022, anunciado hace pocas semanas, tiene un punto sobre la “articulación de las fuentes de información del Poder Ejecutivo Nacional en materia de muertes violentas y desapariciones de mujeres y personas LGBTI”. El nuevo gobierno aún no ha hecho grandes anuncios respecto a la búsqueda de personas como problema histórico.
Un desaparecido en Argentina, detenido previamente por la policía Bonaerense, remite casi de inmediato a un imaginario social instalado en la memoria colectiva. Sin embargo, hay continuidades, rupturas y estrategias de investigación, como señalan desde el CIAV, que deben adecuarse a nuevos escenarios de violencias para que las fallas no vuelvan a perpetuarse.
¿Qué hacer si no aparece unx familiar?
La denuncia se puede hacer de manera inmediata en la comisaría más cercana. No hay que esperar un tiempo mínimo y la comisaría tiene la obligación de tomar la denuncia.
