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Las decisiones de la Corte no solo obligan al Estado demandado a cumplir con lo decidido, sino que crean estándares de obligatorio cumplimiento para todos los países que han ratificado la competencia de la Corte. Esto quiere decir que una decisión de la Corte sin duda alguna avanzará el Estado del derecho en la región en lo que concierne a nuestras garantías más fundamentales.

La violencia sexual de la que era víctima Paola por parte del vicerrector del colegio al que iba era conocida por sus compañeras y profesores. A los 16 años, una profesora la llamó a una reunión en la que esta le informó que citaría a su mamá para contarle lo que todxs sabían. Paola decidió suicidarse y murió el 13 de diciembre de 2002 después de tomar 11 pastillas de las denominadss “diablillos”.

Tocamientos, acoso, humillaciones verbales, violaciones: las niñas y adolescentes son las principales víctimas de abuso sexual por parte de sus compañeros y del personal docente o administrativo en las escuelas. Las distintas formas que adopta la violencia sexual viene, por lo general, acompañada por amenazas de castigo físico, uso de la fuerza, de la manipulación, o de recompensas económicas o académicas. En el caso de Paola, los abusos comenzaron cuando ella empezó a tener problemas con dos materias y apareció la posibilidad de repetir el año.

La violencia sexual en las instituciones educativas configura graves violaciones a los derechos de integridad y libertad personal de niñas, niños y adolescentes. Esta problemática afecta de manera desproporcionada a las niñas y jóvenes, quienes son las principales víctimas de abuso y acoso sexual por parte de sus compañeros y profesores. Cuando esto ocurre dentro de instituciones públicas las violencias machistas se encadenan con las violencias institucionales.

La historia de Paola representa violaciones sistemáticas en Ecuador respecto a sus obligaciones internacionales de derechos humanos de respetar, proteger y garantizar los derechos de las niñas y adolescentes a estar libres de violencia sexual. El caso evidencia que los abusos de todo el sistema educativo convierten este tipo de situaciones, en una conducta sistemática e institucional que compromete la responsabilidad internacional del Estado como perpetrador de dichas violaciones.

“Lo que se espera de este espacio y esta sentencia es que se elaboren políticas y estándares que no sean remobibles por los gobiernos posteriores y que tengan un presupesto adecuado. Estamos confiadas que la sentencia pueda sentar estándares y precedentes para que los Estados garanticen a los niños y las niñas que estén libres de violencia sexual”, dijo a LATFEM Lita Martinez Alvarado, directora ejecutiva de CEPAM, una de las organizaciones que acompañan a la familia de Paola. 

Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen la oportunidad de profundizar en el alcance de la obligación que tienen los Estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar, en el marco de la debida diligencia, los casos de violencia sexual de niñas y adolescentes que ocurran en instituciones educativas, tanto privadas como públicas.

Las decisiones de la Corte no solo obligan al Estado demandado a cumplir con lo decidido, sino que crean estándares de obligatorio cumplimiento para todos los países que han ratificado la competencia de la Corte. Esto quiere decir que una decisión de la Corte sin duda alguna avanzará el Estado del derecho en la región en lo que concierne a nuestras garantías más fundamentales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San josé de Costa Rica marca, en parte, el ritmo de los avances en materia de derechos humanos en la región. Las decisiones de la Corte no solo obligan al Estado demandado a cumplir con lo decidido, sino que crean estándares de obligatorio cumplimiento para todos los países que han ratificado la competencia de la Corte. Esto quiere decir que una decisión de la Corte sin duda alguna avanzará el Estado del derecho en la región en lo que concierne a nuestras garantías más fundamentales.

Antecentes

El caso Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28 de noviembre de 2012 sobre a la responsabilidad internacional de Costa Rica por las afectaciones generadas a un grupo de personas a partir de la prohibición general de practicar la fecundación in vitro.

Este fallo fue importante para condenar la decisión de la Corte Suprema de Costa Rica que prohibía el acceso a esta técnica de reproducción asistida. Pero, a su vez, fue vital en el reconocimiento de los derechos reproductivos en la región, al ser el primer caso en el sistema que reconoció la existencia de los derechos reproductivos como derechos humanos.

El caso de fertilización in vitro marcó también la entrada al sistema de los derechos reproductivos, seguido por el caso de IV contra Bolivia, primer caso sobre una esterilización sin consentimiento, que le permitió a la Corte crear estándares sobre autonomía y consentimiento en el ámbito médico.