En formato virtual y en plena pandemia por el coronavirus, el pasado miércoles 20 de mayo el Congreso local comenzó a discutir la necesidad de una ley de aborto legal. Es histórico porque se trata de la primera vez que en este Estado se abre la posibilidad de un diálogo abierto. Las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud discutirán en mesas de trabajo con organizaciones feministas y funcionarixs públicxs hasta el próximo martes 26 cuando está pautada la votación en el pleno. Guanajuato está cerca de convertirse en el tercer estado mexicano, junto con Ciudad de México y Oaxaca, en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación. Este Estado central es condiderado la cuna de la independencia de México, sin embargo, la mitad de la población todavía no tiene autonomía sobre sus cuerpos.
¿Qué se discute? Están en discusión dos iniciativas que buscan reformar el Código Penal y la Ley de Salud. La primera fue presentada el 4 de octubre de 2018 por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Isidoro Basaldúa Lugo. Mientras que la segunda ingresó el 5 de marzo de este año y es una propuesta de lxs legisladores Madalena Rosales Cruz y Ernesto Prieto Gallardo, de la fracción parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) .
El proyecto de Basaldúa Lugo propone reformar el artículo 163 del Código Penal para que sean excluyentes del delito de aborto: cuando se practique antes de las 12 semanas de gestación, en casos en los que el embarazo sea producto de una violación, cuando se ponga en peligro la salud y la vida de la persona gestante, cuando el producto del embarazo tenga alteraciones genéticas o congénitas y cuando el aborto sea resultado de una conducta culposa.
A su vez, esta iniciativa sugiere una reforma a los artículos 28, 77 y 78 de la Ley de Salud para que la interrupción del embarazo en caso de violación sea considerada un derecho a la protección de la salud, se practique de forma gratuita y de calidad.
Por su parte, lxs legisladores de Morena, Madalena Rosales Cruz y Ernesto Prieto Gallardo, propusieron derogar la fracción IV el artículo 11 del Código penal y reformar los artículos 158, 159 y 163 del Código Penal.
Apuntan a que el artículo 159 señale que “a la mujer que provoque o consienta su aborto pasadas las doce semanas desde la concepción, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de cinco a 30 días de multa”. En el artículo 163 propusieron que el aborto no sea punible cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada, cuando el procurado o consentido por la persona embarazada sea resultado de una violación, cuando el embarazo sea resultado de una inseminación artificial no consentida, cuando de no provocarse el aborto la persona embarazada corra peligro en su salud o de muerte y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves.
Las estadísticas del Sistema de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México dan cuenta de las guanajuatenses que viajan hasta la capital del país azteca para interrumpir sus embarazos no deseados. Entre abril de 2007 a septiembre de 2019 fueron 441 las guanajuatenses las que abortaron en CDMX.
“El Congreso del estado no debe reformar el tipo penal del aborto, debe derogar los artículos donde está tipificado”, dijo la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, en su participación virtual en el debate. Y agregó: “no debe existir el delito de aborto porque es desproporcional y se focaliza a mujeres pobres, a mujeres marginadas”
Es que se trata de uno de los Estados mexicanos más estrictos en la penalización y criminalización del aborto. Jimena Soria, integrante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en su exposición en el debate, habló de Guanajuato como la quinta entidad de México con la peor regulación del aborto, ya que sólo permite a las mujeres acceder bajo dos circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el aborto ocurre de manera involuntaria, es decir, por algún accidente o como resultado de una acción sin intención de provocarlo.
Entre los años 2000 al 2010 la organización feminista Las Libres documentó 138 casos de mujeres que fueron criminalizadas por abortar en el Estado de Guanajuato.
Del 2010 a esta parte, no hay mujeres criminalizadas por abortar en este territorio, pero en este periodo la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 186 capetas de investigación por abortos, de acuerdo a las organizaciones locales.
#MareaVerde somos todas
En la primera semana de debate virtual, sumaron sus voces la colectiva Círculo de Mujeres Guanajuato, Verde Aquelarre, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, REDefine Guanajuato, entre otras. “Las mujeres pobres son quienes más sufren las consecuencias violentas de recurrir a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, ya que esto atenta contra su salud y su vida”, dijeron desde del Círculo de Mujeres de Guanajuato.
El debate en modo virtual y en medio de la pandemia por la COVID-19 fue criticado por la bancada de Morena. Sus legisladores querían postergar hasta agosto la discusión para que sea de forma presencial y así poder contar con mayor participación ciudadana.
La movilización feminista, en estos días, se concentró en las redes sociales con los hashtag #AbortoLegalGuanajuato y #SeráLeyGuanajuato, que llegaron a ser tendencia nacional en México.
Las mesas de trabajo pueden seguirse a través del Facebook del Congreso estatal. El viernes 22 de mayo fue el turno de las voces que se oponen al derecho a decidir, los grupos antiderechos. De acuerdo al calendario que publicaron las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, el 25 de mayo el diálogo será con funciarixs públicos y el 26 de mayo el debate será con el pleno del Congreso. Feministas de todo América Latina y el Caribe siguen atentas cómo avanza la discusión por el derecho a decidir en la cuna de la independencia de México.
En el contexto de la crisis sanitaria, la Secretaría de Salud de México ha declarado como servicios esenciales el acceso a métodos anticonceptivos, la atención integral del aborto seguro en los casos previstos por la ley y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que indica atender la interrupción del embarazo producto de una violación sexual como una urgencia médica
