Evelyn Beatriz Hernandez Cruz quedó embarazada a los 18 años después de una violación. Ella no sabía que estaba embarazada hasta que el 6 de abril de 2016 fue a la letrina de su casa en Cojutepeque, El Salvador, y se desmayó del dolor: había tenido un parto espontáneo. Desde entonces está presa. La jueza de sentencia de Cojutepeque, Nury Velásquez, la condenó a mediados de 2017 a 30 años de prisión por homicidio agravado, un crimen que no cometió. Sus abogadxs apelaron a la decisión y la Sala en lo Penal resolvió el 20 de diciembre de 2018 que el Tribunal de Cojutepeque celebre un nuevo juicio.
El último 14 de febrero el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque ha sustituido la detención provisional por medidas distintas a Evelyn Hernández, que salió libre para seguir el proceso judicial junto a su familia.
En el país más pequeño de Centroamérica las mujeres son rehenes de sus propios úteros: si abortan o sufren complicaciones obstétricas se enfrentan a pasar el resto de sus trayectorias vitales en el encierro. La acción judicial es acompañada por un reclamo que recorre los feminismos de Latinoamérica y el Caribe: #JusticiaParaEvelyn.
La historia de Evelyn es la de muchas otras más que enfrentan condenas injustas. El Salvador es uno de los siete países de Latinoamérica que prohíbe el aborto en todas sus formas: aún en casos de violación, cuando peligra la vida o salud de la mujer o malformación mortal del feto. Es ilegal, también, ayudar a interrumpir un embarazo. Los castigos van de dos a ocho años de prisión y existen condenas de hasta doce años para profesionales de la salud. Pero si las mujeres superaron las 22 semanas de gestación y sus embarazos se vieron interrumpidos, se convierten en sospechosas, los efectores de justicia juegan la carta del homicidio agravado, que tiene penas que van desde 30 a 50 años de cárcel. Ese fue el caso de la joven de Evelyn.
Entre 2000 y 2014 fueron 149 las acusadas de aborto u homicidio tras complicaciones con sus embarazos: 26 de ellas fueron declaradas culpables, como Evelyn. Se trata de una problemática estructural.
Evelyn vivía con su madre, su padre y su hermana en una comunidad controlada por las “maras”. Estudiaba en el Centro Escolar pero era acosada y desde hacía un año vivía un “noviazgo forzado” con un joven que la violó. Ella no lo denunció por miedo. Tampoco le contó a nadie del ataque sexual. No sabía que había quedado embarazada producto de esa violación porque en ese tiempo “menstruó regularmente”.
El 6 de abril de 2016, cuando estaba en su casa, sintió un dolor fuerte en la panza y ganas de defecar. Fue a la letrina y se desmayó. Cuando su madre la encontró ahí, salió a pedir auxilio y un Concejal de la Alcaldía la ayudó con su vehículo para llevarla al Hospital de Cojutepeque. En el lugar, la médica que la atendió le dijo a la mujer que fuera a la casa y trajera lo que encontrara. La madre de Evelyn volvió con restos de placenta que habían quedado en la letrina. Creyó que así iba ayudar a su hija. Sin embargo, desde el Hospital denunciaron a Evelyn. Esto se repite en los otros casos de mujeres criminalizadas: más de la mitad de las presas por complicaciones obstétricas son denunciadas de esta forma. No rige el secreto profesional ni la presunción de inocencia para ellas.
La Fiscalía General de la República no tuvo en cuenta la versión de los hechos que narran Evelyn y su mamá. La acusaron de homicidio agravado. “La forma precipitada en que expulsó a la criatura, así como los sangrados que tenía Evelyn durante el periodo de gestación, son compatibles con un parto precipitado extrahospitalario, tal vez con complicaciones en la placenta. Sin embargo, esta situación no ha sido investigada”, dijeron desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. A su vez, según se desprende del expediente judicial de acuerdo al reporte histopatológico, se encontró presencia de meconio (primeras heces del bebé durante el trabajo de parto) en bronquios. Esa pudo haber causado la muerte del feto.
Justicia y libertad para Evelyn
Desde 2006 el activismo feminista salvadoreño logró la liberación de casi una veintena de mujeres encarceladas, como es el caso de María Teresa Rivera que fue condenada a la pena máxima en la historia de ese país: 40 años de cárcel por un parto espontáneo. Pasó cuatro años y medio encerrada y a mediados de 2016 recuperó la libertad después de una revisión de su injusta condena. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no aceptó esta sentencia absolutoria y presentó un recurso en contra de ella. El recurso fue desestimado y ante esta permanente persecución y acoso, María Teresa y su hijo sintieron que su única alternativa era abandonar el país porque el Estado no les ofrecía ninguna garantía judicial. Hoy vive asilada en Suecia.
La prohibición total del aborto rige en El Salvador desde 1998. Antes, era legal si se cumplían las tres causales. Cada 21 minutos una adolescente, de entre 10 y 19 años, queda embarazada en El Salvador, según el último mapeo realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). En 2015 hubo 69 embarazos adolescentes por día. A pesar de que la mayoría de estos casos son por violencia sexual, ellas no pueden acceder a un aborto. Por año se calcula que 35.000 salvadoreñas son empujadas a la clandestinidad de una interrupción del embarazo insegura y bajo la sombra de la criminalización.
