“Brasil necesita decidir con soberanía cómo explotar sus riquezas, garantizar la consulta a los pueblos afectados y proteger los territorios”, sostuvo Sonia Guajajara en diálogo con Marcha Noticias. Exministra de los Pueblos Indígenas, fue electa diputada federal por San Pablo, el distrito electoral más grande de Brasil. En esta entrevista analiza los resultados de la primera vuelta, que dejaron un Congreso Nacional con mayoría para la extrema derecha; y el contexto electoral de cara a la segunda en la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, planea conquistar su cuarto mandato. Aún así, resalta que los resultados hasta ahora “no representan un retroceso”. La representación indígena se amplió y conquistó tres bancas a nivel federal, cuatro a nivel estadual y renovó en Bahía el mandato del primer gobernador indígena del país.
—Las elecciones de 2026 registraron un récord de candidaturas indígenas. ¿A qué atribuye este crecimiento?
Atribuyo este crecimiento a la movilización de los pueblos y de las organizaciones indígenas en los territorios. El proyecto Aldear a Política, que lancé este año, ayudó a articular candidaturas y a llevar a la disputa electoral un proyecto construido colectivamente. Hubo 191 candidaturas indígenas en 2026, de 64 pueblos y en 26 unidades de la Federación. En 2014, eran 85. Este aumento muestra que más liderazgos están dispuestos a disputar los espacios institucionales, aunque la representación electa todavía sea pequeña: apenas tres personas indígenas ocuparán bancas en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que el resultado de las elecciones no representa un retroceso de nuestra movilización. Las 191 candidaturas demuestran que existe una fuerza indígena en crecimiento, que forma liderazgos y se organiza en todas las regiones. Vamos a seguir indianizando la política y disputando todos los espacios de decisión. No vamos a retroceder. Nunca más un Brasil sin nosotras.
—¿Cuál será el papel de la izquierda y del progresismo en el Congreso en esta nueva etapa?
Veo este trabajo como una construcción colectiva. En la Cámara, actúo por el PSOL y en articulación con la bancada “do Cocar” -líderes indígenas que actúan por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas-, que reúne a parlamentarios y parlamentarias indígenas en torno a propuestas construidas a partir de los territorios. También es importante fortalecer el diálogo con la Asamblea Legislativa de São Paulo, para acercar las agendas indígenas y socioambientales en los ámbitos federal y estatal. La nueva Cámara tendrá 121 diputados del Partido Liberal, 88 de la Federación Brasil da Esperança -la alianza encabezada por el Partido de los Trabajadores- y 15 de la Federación PSOL/Rede. Somos minoría, por lo que la articulación con otros parlamentarios y movimientos será decisiva para que estas agendas lleguen al debate y a la elaboración de leyes.
—¿Qué políticas para los pueblos indígenas pueden estar en riesgo bajo un posible gobierno de derecha?
En el actual gobierno tuvimos avances históricos: la creación del primer Ministerio de los Pueblos Indígenas; la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y la Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) coordinadas por indígenas; además de la homologación de veinte tierras indígenas y la creación de la Universidad Federal Indígena. Todo esto puede estar en riesgo. En el plan de Flávio Bolsonaro hay propuestas para acelerar el licenciamiento ambiental, conceder licencias si el organismo responsable no se pronuncia dentro del plazo y revisar las atribuciones del Ibama, la Funai y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Son medidas que ponen en riesgo la protección territorial y ambiental y que deben ser objeto de seguimiento. Si avanzan, podrán reducir el espacio para el análisis de los impactos y para la fiscalización de grandes obras y proyectos de minería.
Esto adquiere aún más relevancia ante el interés global por las tierras raras y otros minerales críticos, utilizados en tecnologías avanzadas y equipos de defensa. El propio plan propone atraer capital extranjero para explotar estos recursos y acelerar los permisos mineros. Puede existir cooperación internacional, pero Brasil necesita decidir con soberanía cómo explotar sus riquezas, garantizar la consulta a los pueblos afectados y proteger los territorios, las aguas y los modos de vida. No podemos transformar la urgencia tecnológica y la geopolítica de otros países en una autorización para sacrificar nuestros derechos.
—¿Cómo continuará la escucha de indígenas, quilombolas y ribereños en las políticas climáticas, considerando los resultados de la primera vuelta?
La escucha debe llegar a los espacios donde se formulan e implementan las políticas, incluso en los territorios. En la preparación de la COP30, el gobierno realizó encuentros con representantes indígenas; la Cumbre de los Pueblos, por su parte, reunió a cerca de 70.000 participantes y presentó sus demandas en una declaración propia. La primera vuelta definió a los gobernadores de veinte estados y, como ya mencioné, la nueva composición de la Cámara muestra que la implementación de políticas climáticas también dependerá de la articulación entre el gobierno federal, los estados y los municipios, ya que una gran parte de los parlamentarios de extrema derecha prefiere favorecer los intereses de la iniciativa privada en lugar de escuchar la voz de los pueblos que cuidan nuestro planeta.
—¿Cómo explica el crecimiento del voto bolsonarista en los estados con mayor deforestación?
Comenzaría por lo que los estudios permiten afirmar: existe una asociación entre la deforestación y los resultados electorales en parte de la Amazonía, pero eso no prueba qué motivó a cada elector. Es importante separar asociación de causa: estos datos no muestran que las personas hayan votado por Flávio a causa de la deforestación. Muestran que, en varios municipios, el avance de la devastación y el aumento de los votos a su favor aparecen juntos.
Una posible explicación pasa por los cambios que acompañan la tala del bosque. Cuando el bosque da lugar a los pastizales, también cambian la organización del trabajo, la tenencia de la tierra, la distribución de los ingresos y el equilibrio de poder en la región. El “sentido” de urgencia de los resultados económicos puede generar una falsa sensación de desarrollo en una parte de la población, mientras que la preservación es vista por algunos como un “obstáculo” al crecimiento. Cabe destacar que esta es una visión extremadamente equivocada, ya que organismos globales como el Banco Mundial y la ONU ya han indicado que la preservación de la naturaleza genera crecimiento económico duradero y mitiga riesgos financieros graves.
El Instituto Juruá -uma organização civil sem fins lucrativos, fundada em 2018, que atua na Amazônia- cruzó datos de deforestación de 2020 a 2025 con los votos en 769 municipios de la Amazonía Legal y encontró una correlación estadísticamente sólida: la deforestación se asoció con cerca del 16,6 % de la variación en el margen entre Flávio Bolsonaro y Lula en esos municipios. Me gusta el análisis de la investigadora Camila Duarte Ritter, que relaciona esta transformación también con cambios en las relaciones laborales, la concentración de tierras y la distribución del poder. También cabe recordar que allí donde el bosque está más conservado, Lula tendió a obtener más votos. Estos datos ayudan a comprender la geografía política de la expansión de la ganadería, la soja y la minería, pero no autorizan a reducir la elección de cada persona a un único factor.
Esta nota fue publicada originalmente en Marcha y forma parte de la cobertura colaborativa de LATFEM, Marcha y Kaja Negra.
