-Defínase: es la payasa del salón o la abogada de los pobres.
La maestra de la escuela de monjas dominicas le había planteado esa encrucijada y la obligaba a tomar una decisión, como si Judith Maldonado no pudiera ser las dos cosas al mismo tiempo. Estaba terminando la primaria y tenía “un gran talento para promover el desorden pero también para defender a los otros y otras”, como recuerda ahora en un restorán de comida japonesa, en Bogotá. Hasta aquí llegó con su familia para festejar el título de Magister en Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Inmobiliario ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales, que le acaba de entregar la Universidad Santo Tomás. Judith no sólo decidió combinar las payasadas con la abogacía sino que tomó otras muchas tareas: fue abogada de derechos humanos, candidata a gobernadora y senadora designada como parte de la agrupación “Voces de Paz”, que se conformó para monitorear el tratamiento de los Acuerdos de Paz ante el Congreso colombiano.
Es la menor de tres hermanos y la única mujer. Se crió en una familia de clase media baja, donde su madre había hecho apenas la escuela primaria y su padre era un constructor de oficio y sin estudio alguno. Pero en esa casa había una biblioteca grande y una prioridad: que todos sus hijos estudiaran. “Fue un hogar sustentado en el amor y en el buen sentido del humor y agradezco ese profundo amor, que no fue consentimiento sino amor”, dice Judith y durante toda la conversación mantendrá una seriedad que le resultaba ajena a su madre y a su asesora, que le pidieron que bromeará un poco.
De esa infancia guarda el recuerdo intacto de un día en que regresó de la escuela y al ingresar a su casa encontró una delegación integrada por varios empleados judiciales, que incluía una máquina de escribir donde anotaban todo lo que le estaban embargando a su madre. La crisis había hecho estragos en el país y en la economía familiar. Ese día empezó a trabajar como vendedora de lotería y seguiría con ese rebusque hasta la adolescencia. Junto con el trabajo se esforzó por estudiar: sus padres no podrían pagar una universidad pública, tampoco podrían sostener sus gastos para ir a estudiar a una pública. Así que logró la distinción Andrés Bello en el secundario, que le permitió acceder a una beca para estudiar en la ciudad de Bucaramanga, a quince horas en colectivo desde Soatá, un pueblito en el departamento de Boyacá.
Decidió estudiar Derecho. Seguramente tenía muchos motivos pero hay una anécdota y una decisión de contenido político que recuerda con claridad. “En la escuela mantenían los castigos. Un día me ordenaron que debía escribir cien veces ‘debo ser más dócil’ y yo sonreí y dije que no lo haría porque era absurdo. Entonces, la monja me dijo que lo escribiría mil veces. Le dije que no, que me dieran algo que fuera más productivo y me llevaron a la biblioteca y me dieron para copiar toda la Constitución de 1991. Yo tendría 15 años”, dice y se ríe. Escribir cada uno de los derechos y saber que no se cumplían la dejó pensando.
El lenguaje. La decisión estuvo entre tres materias que le gustaban mucho: física, música y leyes. Eligió la última porque “tiene un componente de servicio social”. Y lo que más le gustó fue el derecho penal pero eso duró hasta que asistió a una conferencia sobre la necesidad de incluir el delito de desaparición forzada en el Código Penal colombiano.
“Cuando ingresé estaba hablando una señora que dijo ‘yo hago parte de una asociación de la que quisiera que ninguno de ustedes jamás tuviera que hacer parte’ y pensé pués que manera de promocionar su asociación y ella completó: ‘pues para integrarla ustedes tendrían que tener un familiar desaparecido y eso no se lo deseo a nadie”, dice y parecería que aún se conmueve con ese recuerdo. La que hablaba era la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), Gloria Gómez. Allí, Judith escuchó el relato de cómo el padre jesuita Javier Giraldo Moreno descubrió que las desapariciones de un grupo de estudiantes universitarios no eran casos aislados, sino que explicaban la ausencia de 12 jóvenes –todos activistas políticos- a manos de los servicios de inteligencia colombianos en 1982. “Eso me cambió la visión del país. Conocía la situación del campo pero entender esa dinámica de violencia, los intereses de Estado que había detrás, me marcó mucho”, explica.
La inclinación por lo social la acercó a la Cruz Roja y ahí se encontró con algo inesperado: toda la tarea en materia de derecho internacional y eso la conectó en forma directa con el conflicto armado en Colombia. Y ahí, cuando todavía no estaba graduada como abogada, tuvo otro impacto al encontrar a un grupo de familias desplazadas en forma forzada por los paramilitares. “Estaban viviendo en unos vagones de trenes abandonados, en Café Madrid, un barrio del departamento de Bucaramanga. Familias enteras vivían en unos espacios de un metro y medio por tres de largo. Eso era impresionante”, recuerda.
Uno de esos días, cuando trabajaba con la Cruz Roja, llegó hasta allí para hacer una actividad para entretener a los niños y niñas. “¡Ahoooora vienen las bombas!!!”, dijo, sonriente, esperando la ovación de los niños y niñas. Pero en lugar de vivar la llegada de los globos de colores los chicos se pusieron a llorar y salieron corriendo en estampida del lugar. “Y los padres nos explicaron que ellos sí sabían lo que son las bombas. Aquí, en la ciudad, los niños no saben cómo suena un tiroteo, pero los niños del campo saben bien cómo suenan las bombas. Y eso nos sirvió para cambiar y cuidar el lenguaje. Nunca más usamos ´bombas´ para referirnos a globos”, recuerda.
El respeto. Pero esa no fue la historia que más la impactó. De las tres mil historias que tiene en su cabeza –durante todo su trabajo como abogada de derechos humanos- dice que hubo una, que conoció en 2003, que la impresionó mucho.
“Ella me dice: ‘llegaron los paramilitares a mi casa, doctora, y se llevaron a mi hermano, lo torturaron, lo mataron y lo colgaron en ese árbol. A mí me violaron, a mi esposo se lo llevaron, desaparecido’. Y pese a lo que le pasó salió al otro día a buscar a su esposo.
Llegó hasta el caserío y le dijeron que por ahí habían pasado. Siguió. Llegó hasta el pueblito y empezó a insistir. Fue a hablar con el sacerdote del pueblo que le dijo que dejara todo así porque esa gente era peligrosa. Ella insistió y fueron a hablar con la policía y allí le dijeron que los que mandaban eran los otros, que ellos no tenían nada que hacer. La mandaron a hablar con un tal Camilo.
La mujer pasó tres días sin comer y sin dormir.
Yo siento que tenía un amor profundo por su esposo –se le quiebra la voz a Judith y empieza a llorar y sigue hablando hasta el final, secándose las lágrimas pero no interrumpe el relato- porque no fue un hijo. Las mamás no paran pero a mí me sorprendió esto porque ella decía ‘doctora, si usted supiera lo buen esposo que era, él no tenía nada que ver con ningún grupo’.
Ella siguió y logró hablar con los paramilitares. Y le dijeron que lo habían matado. Ella pidió que le dijeran dónde estaba el cuerpo y le respondieron que usted sabe que a esas ratas no las enterramos, las botamos al río.
Así que ella volvió a contarle eso al sacerdote y le insistió en que quería buscarlo. El sacerdote la puso en contacto con un señor que la llevó en una chalupa a recorrer el río Catatumbo. Llegaron al límite con Venezuela, en la desembocadura del lago Maracaibo y los paró la guardia venezolana. Y ella contó su historia y los guardias le dijeron que por allí pasaban cuerpos todos los días, que estaban cansados de recoger cuerpos, que se les había vuelto un problema de salud pública. Entonces habían decidido guardar las cabezas y quemar los cuerpos. La dejaron revisar los últimos dos costales, que eran de los últimos cuatro días. ‘Doctora, creo que había unas 80 o 90 cabezas’ y buscó pero no lo encontró”.
Judith dejó de lagrimear, tomó aire y se repuso.
“Entonces, por las víctimas tengo un profundo respeto y admiración. Pero tengo más respeto y admiración por las víctimas que se organizan y luchan por sus derechos”, define.
La Gobernación. Para 2015, fue candidata a la gobernación del departamento en Norte de Santander, en el límite con Venezuela por dónde corre el río Catatumbo. La nominación –impulsada por el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica, dos organizaciones de izquierda- no llegó por un acuerdo de cúpulas, salió de la decisión de las comunidades campesinas, que resolvieron participar en las elecciones para las alcaldías y el Ejecutivo departamental.
Los nombres de los candidatos surgieron de las asambleas que se realizaron en cada caserío y en cada pueblo. Allí también se elaboró un documento donde se estableció cómo debe ser la nueva política: sin candidatos impuestos por los grupos poderosos, sin la corrupción de los partidos políticos, sin comprar votos y con políticas destinadas al pueblo.
La votación le dejó un caudal de 78 mil votos, que no alcanzó para llegar a la gobernación pero fue suficiente para que los diarios titularan que había sido la sorpresa de los comicios. Lo que sorprendió a los medios masivos colombianos tenía que ver, tal vez, con no haber valorado el conocimiento que ella tenía del territorio ni de su gente: hacía varios años que venía trabajando con pueblos indígenas, comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado. “Hay que ver el papel tan importante que jugó la comunidad LGBTI, que se sintió dignificada, reconocida y representaba y fueron muy activos en varios municipios”, explica Judith.
El enfoque. [rad-hl] “A mí me hizo feminista el machismo al que tuve que enfrentarme. Y con la dirigencia tengo esas discusiones, incluso con la dirigencia de izquierda”, dice Judith, y cuenta reuniones de organizaciones campesinas donde había 500 delegados de las juntas comunales y sólo 6 eran mujeres. “Pedí que levantaran la mano a las liderezas y vi que había sólo seis. Ojalá no olviden esta foto, les dije. Pero eso es mejor que ninguna y es importante que las comunidades reconozcan el rol de la mujer”, recuerda.[/rad-hl]
Por eso cree que la decisión de incluir el enfoque de género en los Acuerdos de Paz provocó un debate profundo en la sociedad. “Es una apuesta muy coherente. No es solamente poner los y las o poner campesinos y campesinas sino que la redacción de ciertos programas, mecanismos de participación están priorizado. Le atribuyo eso a dos cosas: la conciencia revolucionaria y política de las FARC, donde a pesar de tener una dirección masculina en el Secretariado –los siete integrantes de la conducción son hombres- es gente muy formada y que en sus 52 años de lucha lograron reconocer, aceptar e incluir el importante papel revolucionario de la mujer en esa estructura política y militar. Aunque había muchas mujeres en otros niveles de decisión dentro de la organización”, define.
