“La historia de nuestra persecución y resistencia es el pilar fundamental de esta acción de amparo, ya que desde el año 1950, con la creación de los edictos policiales, hasta el año 2012, se desplegó la persecución trans”, dijo María Belén Correa ante un auditorio del CELS colmado de gente. “Memoria y verdad, siempre tuvimos. Nos falta la justicia”.
Este 1 de noviembre, trece mujeres trans y travestis presentaron el contenido de la acción legal que interpondrán con el patrocinio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y el acompañamiento del Archivo de la Memoria Trans. El objetivo es que el Estado reconozca la violencia institucional a la que fueron sometidas y, como reparación integral, les garantice el derecho a la seguridad social.
Para las personas trans, incluso cuando la dictadura había terminado, el hostigamiento policial, la persecución y la violencia continuaron con particular intensidad, desde 1983 hasta 2012. Se las criminalizó por sus atributos personales, no por sus prácticas. El dispositivo estatal se direccionó contra ellas en forma de detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los edictos policiales y las contravenciones posibilitaron un sistema represivo.
Es a partir de esa violencia y de las condiciones estructurales de discriminación que estas personas no puedan cumplir con los requisitos básicos para acceder a una jubilación o pensión: haber cumplido 60 o 65 años y contar con 30 años de aportes. Durante décadas vieron cómo esas vulneraciones repercutieron en otros derechos: no tener las posibilidades para el libre desarrollo personal, el derecho a la salud, a la integridad personal, a la educación y a una vida digna. El pedido que hacen ante el poder judicial es, entonces, que se extiendan los alcances de la Ley 24.241 y se les dé una prestación básica universal. Esta medida tendría un carácter de una reparación integral.
Esta investigación empezó hace cuatro años, a través de la experiencia de Ivana Bordei en el archivo de la calle Azopardo. “No sabíamos que había una ley por la que era nuestro derecho ir a buscar nuestro legajo. Llegué con mi documento en 2018 y pedí hacer el trámite en el mismo lugar en el que nos llevaban detenidas en los ‘80 y ‘90”. A partir de ahí empezaron una a una a reconstruir una historia profusa de detenciones y la prueba de una persecución policial sostenida y empecinada. El legajo de Ivana, todo apilado, mide unos 7 centímetros; desplegado alcanza para tapizar paredes enteras. Para Ivana, la democracia de las trans empezó en 2012.
Lara Bertolini, otra de las peticionarias resaltó que “las mujeres y femineidades trans seguimos construyendo jurisprudencia, legislación, democracia y justicia a pesar de todo. Estamos aquí para que nuestros propios archivos hablen, para que nuestras propias existencias hablen y para que nuestra venganza sea que estamos tratando de llegar a viejas y que lo hagamos con dignidad. Queremos enseñar lo que es el reclamo de la dignidad, estableciendo que la identidad es el principio de la dignidad humana”.
Si el poder judicial recoge el guante, el derecho a la seguridad social no sería solo para las trece peticionarias, sino para cualquier persona integrante del colectivo travesti y trans mayor de 50 años. Las impulsoras de esta acción son María Belén Correa, Lara María Bertolini, Marcela Ángela Saibek, Andrea Soledad Vargas, Candela Nicolosi, Nicole Valentina Chavez, Paula Ezkerra Rodríguez, Wanda Eliana Galeano, Ivana Tintilay (Bordei), Alma Rosacintia Agüero, Patricia Alexandra Rivas, Dalia Silvana Álvarez Valverde y Romina Campo.
La persecución a travestis y trans en nuestro país tiene una historia larga, ligada a los edictos policiales. Los edictos permitían a la policía detener a personas por períodos cortos a prisión sin mediar un proceso judicial. En la Ciudad de Buenos Aires persiguieron a quienes se exhibieran “en la vía pública vestidos o disfrazados con ropa del sexo contrario”, a quienes incitaran o se ofrecieran “al acto carnal en la vía pública”. En la provincia de Buenos Aires se multaba a quien “en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario” y a “la prostituta o el homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere escándalo en la casa que habitare”.
Recién en 2012 la Ley de Identidad de Género la define y reconoce como un derecho humano. La acción que comienza hoy busca que el Estado repare todo el tiempo que lo negó.
