En las 126 comisarías de la mujer de la provincia de Buenos Aires se hicieron 215.807 denuncias el año pasado. El dato duro no deja de mostrar otros problemas si ponemos la lupa en el entramado de la denuncia. Las comisarías no tienen la cantidad necesaria de equipos profesionales y no pueden garantizar la atención continua de las denunciantes. El achicamiento del Estado y las políticas de desprotección también son visibles en que si escasean los móviles policiales en las comisarías de la mujer, dejan a las denunciantes a que por sus propios medios tengan que trasladarse a los centros de salud o a la sede judicial correspondiente.
El diagnóstico sale del último informe del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. La cantidad de personas denunciadas subió en relación con los años anteriores. Se trata en su mayoría de ex parejas y parejas actuales de las denunciantes, que asciende al 66%. El tipo de violencia que se denunció en primer lugar fueron las agresiones verbales y psicológicas y en segundo lugar, la violencia física.
Violencia sexual: subregistro y falta de políticas
Las víctimas de violencias sexuales menores de edad en la provincia de Buenos Aires son el 70%. Un dato que debería dialogar con la persistencia de una cultura de la violación no abordada por políticas de prevención, y con el subregistro que suelen acompañar a estas violencias, que muchas veces no son denunciadas por vergüenza y por temor a nuevas agresiones institucionales y sociales. La ausencia de políticas específicas lleva a que la mayoría de los causas terminen en la impunidad de los agresores. El último informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, de la OEA, señala que la falta de información en la mayoría de los Estados habla de su reducida capacidad para poder analizar el problema de la violencia y, en consecuencia, de garantizar su progresiva erradicación. Además, señala “en la mayoría de los Estados que presentaron cifras relevantes, las cifras no coinciden con las acciones implementadas por los mismos Estados para atender la gravedad del problema”.
Desde 2010 en adelante, las causas por violencia familiar en el fuero de familia y juzgados de paz de la provincia se duplicaron. Pero como si se siguiera un protocolo viejo, poco original y aprendido de memoria, las medidas que dicta el Poder Judicial son las mismas: prohibición de acercamiento, restricción perimetral, cese de actos de intimidación, y en una proporción mucho menor excluyen del hogar al agresor y reintegran a la mujer a su casa. “Las medidas de protección aplicadas de manera aislada no garantizan la seguridad física, económica y emocional de las víctimas -señala el informe del OVG-, por lo que deberá contemplarse el dictado de una pluralidad de medidas que contribuyan a satisfacer lo más completamente las necesidades que se le plantean a las mujeres”. Por otra parte, el 71% de las causas se caratulan como amenazas y lesiones y son las más archivadas en el fuero penal.
La justicia marcada por su desarticulación
Desde hace años el Poder Judicial de la provincia arrastra un problema con la gestión de los casos de violencia machista que se resiste a solucionar: no hay articulación “entre los distintos procesos judiciales que se inician por varias denuncias de una misma víctima de violencia”. Para la titular del OVG, Laurana Malacalza, “la respuesta judicial es en principio fragmentaria, tanto como la cantidad de procesos que se inician a partir de un mismo hecho denunciado. Esta fragmentación hace que ese hecho se tramite en distintos fueros”. Si una persona denuncia violencia en un juzgado de familia, en otro juzgado se dispone un régimen de visita y en otro se investiga el delito de amenazas, por ejemplo. Las causas corren cada una por su carril sin vincularse y sobre todo, sin detectar los antecedentes de violencia. Eso, para las víctimas representa un enorme esfuerzo porque tienen que sostener ellas mismas los procesos judiciales. Además, esa fragmentación se manifiesta en los registros, la Suprema Corte de la provincia tiene el Augusta y la Procuración General, que investiga los delitos que se denuncian como violencia de género, tiene otro registro. Incluso la nominación de los delitos, cómo llama cada registro a la misma cosa, difieren. Además, tampoco registran si las denunciantes son travestis o personas trans, lo que refuerza su invisibilización y la definición de políticas específicas.
La falta de articulación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo se ve en la cantidad de mujeres que fueron asesinadas y que tenían medidas de protección sobre su persona, sin que el Estado se haya encargado de garantizar. La descoordinación es parte de la indiferencia y la burocracia, si un juez dicta una medida debe asegurarse de que el ministerio de Seguridad o el área correspondiente va a cumplirla.
Además, la respuesta judicial que se da para Malacalza “es no especializada en todos sus ámbitos. La especialización es un tema importante de discusión en términos de definición de los procesos judiciales. En la provincia tenemos algunos ejemplos como la creación de las unidades fiscales especializadas y de las oficinas o secretarías que funcionan dentro de las fiscalías, pero con mucha disparidad de criterios entre sí, sin tener ámbitos común de intervención. Entonces una fiscalía interviene en unos delitos y no en otros, y otra fiscalía actúa distinto.
Las consecuencias de la desprotección son: “desconocimiento de antecedentes, falta de apreciación del contexto o de indicadores de riesgo, impunidad del agresor ante el incumplimiento de las medidas de protección, dictado de medidas contradictorias o superpuestas, falta de integralidad en el abordaje del conflicto”. Las personas victimizadas tienen que convivir a diario con esta otra forma de violencia, la institucional, que las deja sin información sobre los procesos, sin soluciones integrales y un gran desconcierto sobre cuán real es su protección.
Es necesario debatir la especialización y la unificación de fueros para tramitar las denuncias de violencia de género. Para el OVG, es necesario que esas instancias “estén acompañadas por una institucionalización de la perspectiva y el enfoque de género en el ámbito de la Corte y de la Procuración en áreas como la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la UFEM en la Procuración nacional. Es decir, áreas que no sólo estén acompañando los trámites judiciales sino también elaborando directrices sobre cómo intervenir en esos casos”. Una deuda pendiente es la implementación de un patrocinio jurídico gratuito y unificado, que pueda acompañar a las denunciantes tanto en el fuero de familia como en el judicial.
El arma reglamentaria para agredir
De los sumarios administrativos a integrantes de las fuerzas de seguridad por violencia familiar y violencia de género iniciados en 2015 y 2016, solo 20 tuvieron sanción.
El 42% de los agentes fue denunciado por su pareja y el 29% por su ex pareja. En 241 casos, los policías usaron su arma reglamentaria para agredirlas. Además, hay 8 casos de sumarios por femicidio, siete mujeres civiles y una mujer policía.
En la actualidad hay 2.252 agentes con sumarios en trámite por violencia machista. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad no informó en cuántos casos aplicó alguna medida ni cuáles fueron. La falta de información pública sobre las sanciones, el hecho de que las víctimas tengan que denunciar ante la misma policía los hechos y que las investigaciones en asuntos internos las realicen los colegas de los agresores aumenta el mensaje de impunidad al interior de las fuerzas.
