Manoseos, desnudos forzados, violaciones y la amenaza constante del abuso sexual. La violencia sexual fue un delito específico en los centros clandestinos de detención de Argentina durante la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983. Durante mucho tiempo estos crímenes estuvieron invisibilizados por el tratamiento judicial de las causas -en donde se confundían con tortura-, pero en los últimos años se produjeron avances en las investigaciones y condenas de estos delitos específicos que tenían, en su mayoría, a las mujeres detenidas de manera ilegal como víctimas. Militares, marinos, prefectos, gendarmes, policías y represores tomaban los cuerpos como “botines de guerra”. Hasta la fecha se registran 19 sentencias que condujeron a la condena de 79 imputados por crímenes de violencia sexual. El dato se desprende de los informes que publica la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH),que depende del Ministerio Público Fiscal, y de las estadísticas de los juicios que lleva el Centro de Estudios Legales y Sociales.
El primer fallo que sentó un precedente fue en la ciudad de Mar del Plata, en 2010. Un tribunal condenó a Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de esa ciudad. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino habían relatado sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, dijo una de ellas durante el juicio. Hasta ese momento los juicios de lesa humanidad incluían a los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención dentro de la categoría de “tormentos” o “torturas”. Desde la reapertura de los juicios, querellas y también algunos fiscales habían pedido durante los debates orales que se nombrara como tales a los delitos sexuales.
“Los abusos sexuales en La Cueva no constituían hechos aislados, sino una práctica habitual que se exteriorizaba a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal”, argumentaron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.
En 2012 Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación firmó una resolución en la que pidió a los fiscales que tengan en cuenta el documento elaborado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
En 2016 se produjeron trece condenas de este tipo. En la causa Menéndez, de San Luis, fue condenado un imputado como autor mediato de la violación sexual perpetrada contra una víctima mujer. En la megacausa La Rioja III se condenaron a cinco imputados, dos como autores mediatos y tres como autores directos, por los delitos de tentativa de violación a una víctima hombre, dos abusos sexuales contra dos víctimas mujeres, una violación sexual calificada y un aborto forzado contra una víctima mujer. Por último, en la megacausa La Perla fueron condenados seis imputados hombres y una mujer por ser responsables del delito de abuso sexual reiterado como coautores por dominio funcional contra una víctima mujer. En lo que va del año ya se registró una sentencia más: el ex comandante Santiago Omar Riveros fue condenado por violación agravada en el marco del juicio Colegio Militar de la provincia de Buenos Aires .
Hoy en Argentina se conmemora el 41 aniversario del golpe cívico-militar del año 1976, como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Organismos de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales se concentran en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires para confluir en Plaza de Mayo. La manifestación tendrá réplicas en todo el país para recordar a lxs 30.000 desaparecidxs y para seguir exigiendo Memoria, Verdad y Justicia.
