Cinco claves para entender el conflicto ambiental Cuenca Matanza-Riachuelo desde una mirada antirracista

Desde hace 13 años la comunidad exige la remediación y prevención de daños en la Cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Cómo puede pasar desapercibido de la opinión pública un pasivo ambiental que afecta a más de 5 millones de personas? ¿Por qué es necesaria incluir a las personas racializadas para abordar las estrategias de búsqueda de soluciones? Análisis de Belén Silva ⁽¹⁾, abogada especializada en derecho ambiental y soberanía alimentaria e integrante de Identidad Marrón.

Fotos: GERMÁN ROMEO PENA

¿Sabías que la Cuenca Matanza-Riachuelo es el territorio más contaminado de la Argentina? Con 64 kilómetros de extensión que atraviesan 14 municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cuenca tiene como principales damnificadas a las personas de menores ingresos económicos que viven en sus inmediaciones. A lo largo de los años, las empresas que se ubican a su alrededor —número que hoy asciende a 15.000— han generado vertidos provenientes de las descargas que producen las industrias a lo que se suman los micro basurales a cielo abierto que aparecen persistentemente en la zona. Estos elementos convierten al río Matanza-Riachuelo en la cuenca fluvial más contaminada del país.

En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió el histórico fallo Beatriz Mendoza que puso en cabeza del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad por el saneamiento del pasivo ambiental que representa la Cuenca Matanza-Riachuelo. A través de la causa se desarrollan dos tipos de intervenciones en villas y asentamientos de la cuenca: procesos de relocalización y procesos de reurbanización. Todo ello con el objetivo de cumplir con la “mejora en la calidad de vida de la población” —más de 5 millones de personas— dispuesto por la Corte.

Dos años después, Nación, Provincia y Ciudad suscribieron el Convenio Marco 2010, acuerdo general para el cumplimiento del plan de urbanización de villas y asentamientos precarios en riesgo ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Allí se comprometieron a la realización de 17.771 soluciones habitacionales que implicaban la construcción de vivienda nueva o mejoramiento habitacional, y a generar las intervenciones necesarias de relocalización y reurbanización en la ejecución de la sentencia. Desde entonces, el Juzgado Federal Nº 2 de Morón, que lleva adelante el trámite judicial de las relocalizaciones, ha declarado en diversas oportunidades el extremadamente bajo cumplimiento del acuerdo.

El informe trimestral de viviendas 2021 indicó que la Gerencia de Obras de Corporación Buenos Aires Sur S.E. informó que no realizará la provisión del servicio de gas natural a las 180 viviendas del complejo habitacional ubicado en Av. Fernández de la Cruz y Lacarra, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el organismo afectó recursos propios a reforzar prioritariamente las acciones inherentes a la emergencia sanitaria del COVID-19.

En el mismo sentido, el Ministerio Público de la Defensa manifestó que en el municipio de Lanús las obras de relocalización también se vieron demoradas por la pandemia. A esto se suma el reclamo de agrupaciones vecinales, ante la posible instalación de una nueva fábrica grasera que se ubicaría a pocos metros del Riachuelo. En las cercanías ya se encuentran funcionando las graserías Hebos S.A y Mapar S.A, que fueron clausuradas en varias oportunidades por los olores nauseabundos que generaban.  Vecinos y vecinas marcharon en reiteradas ocasiones al edificio municipal, reclamando por el derecho a la salud, pero no obtuvieron respuestas del intendente Nestor Grindeti. El derecho a vivir en un ambiente sano no debería ser un privilegio.

Desde hace 13 años se exige la remediación y prevención de daños en la Cuenca Matanza-Riachuelo. Se ha pasado por periodos de obras medianas y grandes, pero también periodos de paralización absoluta como lo fue durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo puede pasar desapercibido de la opinión pública un pasivo ambiental que afecta a 5.800.000 personas? ¿Por qué es necesaria una mirada antirracista para abordar las estrategias de búsqueda de soluciones?

Las claves

1. Escuchar las propuestas de las personas racializadas de sectores populares que viven el conflicto ambiental

Las personas racializadas pueden realizar un valioso aporte a la discusión ambiental porque probablemente hayan conocido el conflicto en primera persona. Natalia Zaracho y Elsa Yanaje, dos líderes políticas vinculadas con causas ambientales, son ejemplo de esto.

Zaracho es de Villa Fiorito, comenzó a cartonear a los 13 años para sobrevivir a la crisis del 2001 y lo que en algún momento le dio vergüenza hoy le da orgullo. Actualmente busca convertirse en la primera diputada cartonera del Congreso nacional. “Cuando hablamos de la crisis ambiental, reconocemos que el principal impacto es sobre los sectores populares, porque justamente ahí están concentradas las dificultades: en los barrios, villas y lugares donde están nuestros compañeros y nuestras compañeras”, dice Natalia  para LatFem. Es una de las dirigentes argentinas que conoce de primera mano las consecuencias de la contaminación e incluso ha contado que uno de sus  hijos tiene altos niveles  de plomo en sangre. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición al plomo puede causar anemia, hipertensión, disfunción renal y toxicidad reproductiva. Se cree que los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles.

Yanaje ha trabajado durante años en la producción frutihortícola y actualmente es Directora de Comercialización de la Secretaría de Agricultura Familiar, desde ese lugar aporta: “veíamos que el impacto de la utilización de los venenos provocaba malformaciones en nuestros hermanos y hermanas, perdiendo la vista, perdiendo el cabello y cuando vas a la agroquímica no te dicen que tenés que protegerte”. En el caso de la agricultura, la transición a la producción agroecológica aparece como una necesidad imperiosa, ya que las externalidades de los modelos de producción extractivista las paga el pueblo con sus cuerpos y territorios. “Nosotros vivimos en suelos ricos, pero somos pobres porque vienen las empresas de afuera, se llenan de plata, nos explotan, nos arruinan, se van y se llevan todo y no hay una consecuencia, nada tiene un costo”, denuncia Zaracho.

En Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeñxs productorxs que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada en nuestro país. “El monopolio de unas pocas empresas sobre las semillas y los canales de comercialización generan dependencia. Empezar a producir nuestros alimentos es uno de los caminos necesarios para construir soberanía alimentaria”, señala Yanaje y resalta la urgencia que representa el acceso a una vivienda digna y a una parcela donde producir alimentos.

Las personas racializadas sufren los impactos de un modelo de desarrollo injusto en las áreas rurales, periurbanas y urbanas por lo que las respuestas a los conflictos ambientales deben ser transversales. “Si queremos una agenda con justicia social, ambientalista, feminista y popular para poder transformar vamos a tener que discutir realmente los intereses de los poderosos”, sostiene Zaracho. “Es el momento de vernos como comunidad. Desde mi lugar sigo pregonando lo que me dejó mi abuela, porque la perdí en pandemia, y rescato todos esos saberes y aprendizajes que me dejó ella. Levantar con orgullo la identidad marrón para que se siga replicando”, agrega Yanaje.

2. Reconocer que los impactos son  diferenciados


América Latina es la segunda región más desigual del mundo (PNUD 2021) y la Argentina cuenta con 12 millones de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza (INDEC 2021). ¿Cuál es la probabilidad de recuperación que tienen los sectores de menores ingresos ante los impactos del cambio climático? Las acciones para combatirlo fueron desplazadas de la agenda mundial a causa de la pandemia del COVID-19. Según el informe sobre la brecha de adaptación (UNEP 2020), las consecuencias de la pandemia van a influir considerablemente en la capacidad de los países para planificar, financiar y aplicar medidas de adaptación al cambio climático.

El objetivo de la adaptación es la reducción de la vulnerabilidad ante los impactos asociados a la intensificación de fenómenos extremos como olas de calor y frío, inundaciones, sequías y tormentas. Frente a estos eventos, los históricos conflictos de los barrios y villas se agravarán. Esta situación es reconocida por el Estado argentino en la ley 27.520 (de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global), que busca posicionar a las políticas de adaptación y mitigación priorizando las necesidades de los grupos sociales en condiciones de mayor vulnerabilidad al cambio climático.

Con viviendas sin planificación o aislación térmica, con empresas concesionarias que incumplen con sus obligaciones sustanciales de suministro, inversiones en redes y mantenimiento de las mismas, y con un 2020 señalado como el año con temperaturas más altas desde que se tiene registro (WMO 2020) las obras de adaptación al cambio climático en los barrios populares son urgentes.

3. Dimensionar la potencia de la interseccionalidad: juntos los movimientos se enriquecen

El ambientalismo es un movimiento que brega por un ambiente sano, planteando el uso responsable de los bienes comunes y exigiendo la reparación de los daños ya generados. En el encuentro con otros movimientos el ambientalismo se enriquece, por ejemplo, en el caso del ecofeminismo ya que tanto el ambientalismo como el feminismo reconocen que la misma lógica patriarcal que oprime los cuerpos es la que también oprime a la naturaleza. Estas opresiones se expresan de diversas formas, que incluyen a la economía: la brecha de género y la feminización de la pobreza provocan desigualdades que se profundizan ante la presencia de conflictos de origen ambiental. Además, frente a eventuales contingencias las tareas de cuidado recaen sobre las feminidades y también representan una gran inequidad. Según el informe “Cuidados y mujeres en tiempos de Covid-19” (CEPAL 2021), las mujeres conforman el 86% de las personas empleadas en el sector del cuidado. Esto demuestra que las soluciones a los conflictos ambientales son y deben ser una oportunidad para atender las desigualdades de género.

4. Convocar a nuevos protagonismos

El antirracismo también representa una oportunidad para el ambientalismo, para conocer las desigualdades a las que se enfrentan las personas racializadas. ¿Cómo son los rostros de las personas expulsadas de los territorios ancestrales de parte del extractivismo? ¿Quiénes producen los alimentos sin la posibilidad del acceso a la tierra? ¿Qué rasgos tienen las personas que habitan los barrios donde se asientan las industrias que vierten desechos peligrosos y generan enfermedades?

5. El ambientalismo es una oportunidad real de incluir la perspectiva antirracista y acortar la brechas de desigualdad en acceso a derechos

El racismo en Argentina es un problema estructural, permea todos los espacios, instituciones y conflictos. Las personas racializadas reciben un trato diferenciado por su color de piel o etnicidad y eso representa una afectación en el acceso a derechos. Además, en el ámbito laboral, para los rostros marrones o con rasgos indígenas existen puertas de cristal que limitan las posibilidades de crecimiento jerárquico y por ende económico. Ya dentro de los sectores de menores ingresos, las personas racializadas se convierten en los grupos más vulnerables a los impactos ambientales, pero eso no escandaliza a la opinión pública.

Las personas de color marrón están subrepresentadas en los puestos de toma de decisión en la política y también en el ambientalismo. A pesar de que las bases de las militancias están conformadas por personas racializadas, sus rostros no llegan a puestos jerárquicos: profesionales marrones, con rasgos indígenas, con preparación académica y técnica no forman parte del debate ambiental en los medios de comunicación.

Por eso, planteamos que el ambientalismo no escapa de ser atravesado por el racismo  estructural que afecta a América Latina, en general, y a la Argentina, en particular. Sin embargo, la ola verde ambientalista se encuentra frente a la oportunidad de incluir identidades diversas y protagonistas, y convertirse así en un ambientalismo interseccional, antirracista y con perspectiva de clase.

⁽¹⁾ Abogada (UNLZ) especializada en derecho ambiental y soberanía alimentaria. Vecina de Villa Fiorito. Activista antirracista. Integrante del colectivo Identidad Marrón.