A 45 años del golpe cívico-militar, y a algunos más de los crímenes de la Triple A, fue condenada la violencia sexual cometida contra Silvia Labayrú, Mabel Lucrecia Luisa Zanta y María Rosa Paredes*. El Poder Judicial les dio a las víctimas una respuesta histórica que se aleja de la impunidad y se vuelve una convocatoria a que más testimonios salgan del silencio.
Los ex miembros de la Armada Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y Alberto Eduardo González, alias “Gato” o “González Menotti”, fueron condenados a 24 y 20 años de prisión, respectivamente, aunque el pedido de la fiscalía había sido de 25 años. Las condenas se unifican con sentencias anteriores en prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua, en el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, que años atrás parecía imposible. Como tantas veces, primero se dijo en la calle y después en un tribunal.
La ahora ex ESMA es un espacio al que se ingresa como sitio de memoria y el que se vuelve ESMA cuando las víctimas sobrevivientes regresan de alguna manera a través de sus recuerdos en los testimonios de los juicios: cuando hablan, la memoria sobre el horror se conjuga en tiempo presente. ¿Por qué volver ahí? Para buscar justicia.
En ese lugar que se hacía llamar escuela, mientras se ocultaba que la casa del director estaba adentro del centro clandestino; en ese edificio, el Casino de oficiales, donde se festejó un cumpleaños a pasos de donde las víctimas estaban en cautiverio; ahí, donde los uniformados dormían a un techo de distancia de mujeres desaparecidas embarazadas, hubo genocidas violadores. Además de los secuestros, las torturas, asesinatos, desapariciones, vuelos de la muerte, robo de bebés, robo de bienes, trabajo forzado, hubo violaciones.
Antes de destruir los cuerpos, antes de secuestrarlos y desaparecerlos, ese terrorismo de Estado de la miseria planificada construyó un enemigo interno. Recurrió a operaciones de prensa dominante, incluso de sus partícipes civiles, para instalar la persecución a militantes, justificar las masacres y ocultar sus crímenes. La acción psicológica y la implementación del terror fueron herramientas para construir un campo ideológico de odio. Lo que hicieron en los centros clandestinos fue la superación de sus propios delitos.
La violencia sexual como delito autónomo
En 2010 se conoció en la Argentina el primer fallo que consideró como autónomos a los delitos de violencia sexual, en respuesta al reclamo de diferenciarlos de las torturas y tormentos para ponerles dimensión propia y un abordaje especial. Los delitos sexuales, que abarcaron desde la desnudez, hasta violaciones, abusos, embarazos forzados y hasta el aborto forzado, fueron parte de las prácticas de los genocidas en los operativos, centros clandestinos y cárceles de la dictadura. Delitos que no tuvieron únicamente a las mujeres como víctimas. Delitos que cuando un genocida tiene el beneficio del arresto domiciliario o se le otorga la libertad condicional, no deberían ser olvidados por la condena social.
La reapertura de los juicios con la decisión histórica de Néstor Kirchner trajo la posibilidad de revertir impunidades y de avanzar en territorios más amplios de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
La dimensión de los delitos sexuales dentro del aparato represivo es de gran complejidad. Sus víctimas, principalmente mujeres, fueron el objetivo de prácticas que durante mucho tiempo no fueron escuchadas en las denuncias. Desde su falta de juzgamiento y su silencio, durante años, el Poder Judicial fue funcional a la impunidad. Estas prácticas existieron en distintos centros clandestinos y en muchas más víctimas de las que hasta ahora obtuvieron justicia.
Los casos
Silvia Labayrú. Fue secuestrada el 29 de diciembre de 1976, a los 20 años de edad y embarazada de casi 6 meses. Fue liberada un año y medio después. Con su compañero Alberto Lennie militaban en Montoneros. González y Acosta fueron acusados como coautores de los delitos de violación sexual cometida contra ella. Acosta, además, está acusado del mismo delito en grado de tentativa y de abuso sexual agravado. La misma víctima identificó a González como su violador mientras estaba detenida-desaparecida en la ESMA, en hechos cometidos en distintos lugares y horarios durante 1977 y principios de 1978. Como indicó la fiscalía “la víctima narró que alrededor de un mes después de haber dado a luz, se le acercó Acosta, la llevó a una salita y le dijo que tenía que adelgazar, porque estaba muy gorda y debía ponerse en mejores condiciones físicas. También le dijo que debía entender que «como no había entregado a nadie desde su detención, no estaba probado cuál era su grado de recuperación», por lo cual le planteó que la mejor manera de demostrarles que no los odiaba, era manteniendo una relación física con alguno de ellos, debiendo entender esa situación como parte de un proceso de recuperación y del camino correcto, si quería algún día salir en libertad, poder ver a su familia y reencontrarse con su marido y su bebé”.
María Rosa Paredes. Fue secuestrada, al igual que su compañero Roberto Barreiro, el 12 de marzo de 1979 y llevada a la ESMA hasta el 22 de junio de ese año. Él fue liberado en 1980. Habían militado en la Juventud Peronista hasta 1976. Hacían trabajo territorial en San Telmo. En cautiverio, a él le pusieron el número 300 y a ella el 301. En las sesiones de tortura durante su cautiverio fue abusada con tocamientos. Tras su salida del centro clandestino y hasta fines de 1980, fue sometida a un régimen de “libertad vigilada”, que incluyó el acceso carnal en reiteradas veces mediante la utilización de fuerza e intimidación. La víctima identificó al fallecido Héctor Febres como su violador.
Mabel Lucrecia Luisa Zanta. Estuvo secuestrada en la ESMA entre el 6 y el 23 de septiembre de 1978. Con el tiempo supo que uno de sus captores había sido el genocida Alfredo Astiz. En el centro clandestino recibió el número 171. Su compañero Jorge Alberto Jerónimo Andino también estuvo en cautiverio ahí. Mabel denunció que un guardia, al que no pudo identificar, pero cuyo apodo él mismo dijo que era “El Lobo” (era uno de los “Verdes”, que eran estudiantes que formaron parte del grupo represivo) la llevó a un baño del edificio, la obligó a practicarle sexo oral y después accedió de modo carnal mientras la apuntaba con un arma en la cabeza. También contó diversos episodios de abuso sexual, consistentes en la desnudez y en la tortura que le aplicaron en esa condición, como además la quema con un cigarrillo y manoseos.
Los condenados
Jorge Eduardo Acosta ya había sido condenado a 30 años de prisión por el Plan sistemático de robo de bebés y dos veces a perpetua en la causa ESMA 2 y en ESMA unificada. Ahora fue sentenciado a 25 años por haber sido considerado coautor penalmente responsable de los delitos de violación agravada, abuso deshonesto, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. En su caso, fue considerada su responsabilidad como superior dentro de la estructura del centro clandestino.
Alberto Eduardo González fue condenado a perpetua en la causa ESMA unificada. En este juicio recibió la pena de 20 años en este juicio por haber sido fue considerado coautor penalmente responsable del delito de violación agravada. Puntualmente, en su caso fue demostrada su violación reiterada a la víctima Labayrú.
Fueron juzgados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el transcurso de 1977 y principios de 1978.
Otras prácticas
Durante todos estos años, el Poder Judicial recibió aportes, recomendaciones y reclamos para mejorar el abordaje de este tipo de crímenes, especialmente los de violencia sexual. Principalmente, se identificó la falta de una perspectiva de género y diversidades, la necesidad de generar instancias que eviten la revictimización y que garanticen la contención y acompañamiento. Las características de los crímenes y sus consecuencias, como también las de la impunidad, requieren prácticas acordes a un tratamiento responsable, que es parte de la lucha por transformar al Poder Judicial en Justicia. En cuanto al juzgamiento de los delitos de violencia sexual, a fuerza de testimonios, se avanzó en la consideración de la responsabilidad de quienes los cometieron y también de quienes tuvieron distintos niveles de responsabilidad. El entonces fiscal de la causa, Félix Crous, lo explicaba de esta manera en una entrevista con el Espacio Memoria en el marco del tercer juicio por la Megacausa ESMA: “Me parece que también va a tener que ser revisado en lo que se llama violación tumultuaria desde la perspectiva de los análisis de género más modernos, donde no todos realizan la misma conducta, pero la masividad de la agresión los hace converger en el mismo resultado. En ese sentido, me parece que en el espacio de los crímenes de lesa humanidad hemos revisado esto porque en la medida que esa violación es parte del sistema de destrucción de la persona, todo el sistema de destrucción de la persona que tiene incidencia sobre la realización de esa conducta tiene que responder por esa conducta, aquel que crea las condiciones para que esa violación se produzca y aquel que puede evitarlo y no lo hizo”.
PRESENTES
Los años en los que los genocidas caminaban impunes por las calles quedaron atrás. Los escraches se quedaron siempre en los barrios. Y vuelven cuando lo intolerable aparece son el límite social frente a una falta de respuesta judicial.
Los juicios a genocidas, que ahora se desarrollan de modo virtual por la pandemia, conforman un acuerdo en el que, aunque no todo sea como debe ser, no hay venganza. Víctimas y victimarios están en una misma sala. A metros de un familiar, está el genocida que calla dónde están los cuerpos. Y nadie recurre a la violencia. Están ahí. Tan genocidas como siempre, mientras las fotos y pañuelos recuerdan las ausencias.
En la ESMA hubo alrededor de 5.000 víctimas: en su mayoría todavía siguen desaparecidas. En total, son 30.000. Dónde están sigue siendo información que permanece en los pactos de silencio.
¿Por qué es importante haber contado esto? Porque les pasó a las víctimas, pero la condena es de todo el pueblo.
*Dieron el acuerdo a la fiscalía para la difusión pública de sus nombres.
