Desnudez forzada, comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos: el terrorismo de Estado fue también terrorismo sexual para lxs detenidxs durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar en Argentina. De las 241 sentencias dictadas en causas de lesa humanidad, 31 contemplan delitos por violencia sexual, de acuerdo a un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. A marzo de 2020, de 968 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, 103 fueron responsables de delitos sexuales
A pesar de que ya en el Juicio a las Juntas las sobrevivientes dieron testimonio de estos abusos; el Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar los crímenes de género que quedaban solapados bajo la figura penal de “tormentos”. Elena Alfaro sobrevivió a El Vesubio. En 1985, frente al Tribunal que juzgó a las Juntas Militares, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras cautivas más. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo le preguntó: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida”. Con la reapertura de los procesos judiciales tuvo que volver a contar cómo había sido violada.
“Las mujeres éramos su botín de guerra. Nuestros cuerpos fueron considerados como botín de guerra. Eso es algo bastante habitual, por no decir muy habitual, en la violencia sexual. Y utilizar o considerar a las mujeres como parte del botín es un clásico en todas las historias represivas de las guerras. Son innumerables los casos, forman parte de la cultura de la guerra y en esto no fue una excepción. Hubo muchas variedades. Y sí hubo un tratamiento diferencial entre secuestrados hombres y secuestradas mujeres, evidentemente”, dijo Silvia Labayrú, en 2013, cuando brindó testimonio en el Juicio ESMA, Causa Unificada. Ella estaba embarazada y estuvo un año y medio en ese centro clandestino de detención.
Desde el año 2012 el Ministerio Público Fiscal de la Nación impulsa la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado, considerándolos delitos autónomos, buscando visibilizarlos y para establecer responsabilidades. Este trabajo, junto con los organismos de derechos humanos, las voluntades políticas de algunos jueces y la lucha de las sobrevivientes que buscan llamar visibilizarlos, empujó un incremento en la cantidad de sentencias que tratan el tema. En 2013 fue el pico máximo de sentencias obtenidas: un total de 5. Y desde 2014 se mantiene constante la cantidad de 4 sentencias por año.
Según el registro de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, a cargo de la fiscal Ángeles Ramos, sólo el 13% de las sentencias dictadas abordan estos delitos de manera autónoma. Las investigaciones demuestran que las prácticas de abuso, violación sexual, tocamientos y aborto forzado fueron extendidas en todo el país durante la represión ilegal.
En total, se dictaron condenas por hechos que tuvieron como víctimas a 112 personas: 97 mujeres y 15 varones. En cuanto al total de las personas condenadas (968), únicamente el 11% lo fue por estos delitos. Hasta el momento, 108 personas obtuvieron sentencia por delitos de violencia sexual, de las cuales 103 resultaron condenadas y 5 absueltas.
Por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se calcula que pasaron, al menos, 360 mujeres. A pesar de la inmensa cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.
Delitos autónomos
En el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”. Parte de la invisibilidad jurídica que tuvieron estos crímenes específicos estuvo relacionada a un obstáculo formal.
En la jurisprudencia internacional la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.
En Argentina, tras la reapertura de los juicios, el caso que marcó un hito indiscutido fue en 2010: la primera condena que nombró a los delitos sexuales por su nombre lo tuvo como protagonista a Gregorio Rafael Molina, que fue castigado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.
En 2012 la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. En su momento el trabajo de Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue fundamental para empujar un cambio de paradigma. Ella, en sus alegatos en la causa ESMA, habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema.
El libro “Putas y guerrilleras”, que escribieron Olga Wornat y Miriam Lewin también fue una pieza clave para poder visibilizar estos crímenes y poner en evidencia el doble castigo patriarcal que pesaba sobre las sobrevivientes: sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir.
El año pasado hubo dos hitos que hilvanan luchas feministas por la Memoria, Verdad y Justicia en presente. Por un lado, la muestra “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” que propuso una nueva mirada y un nuevo recorrido por ese centro clandestino donde los delitos sexuales estaban presentes pero también los cuidados y las estrategias de supervivencia. Y, por el otro, las integrantes de la Agrupación H.I.J.O.S., participaron por primera vez del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans.
La memoria es un ejercicio constante que debe pensarse en plural: hay memorias de lucha en lucha.
