Foto de portada: Emilio Rapetti (Télam)
Las próximas elecciones acontecen en un contexto de conflicto y policrisis internacional. Es así que, por primera vez, la crisis climática y las demandas socioambientales son advertidas por gran parte de los y las argentinas que esperan propuestas claras de solución. Desde la pandemia hasta la actualidad, pasando por los incendios de humedales, derrames contaminantes, inundaciones y hasta una de las mayores sequías de la historia, la población pudo dimensionar que el famoso cambio climático tan anunciado ya llegó.
En oposición a los ejes de la campaña electoral, gran parte del electorado considera a las preocupaciones socioambientales como un punto central para los próximos años. Tanto que fue la misma ciudadanía quién colocó a la agenda ambiental y de Derechos Humanos como uno de los ejes de discusión en el último debate presidencial.
Este proceso no es nuevo, los últimos años han estado marcados por importantes movilizaciones en defensa de los territorios y bienes comunes frente al avance de proyectos extractivistas. Solo por mencionar algunos, en 2019 el pueblo mendocino logró evitar la derogación de la Ley 7.722 que pretendía habilitar la megaminería en la provincia. Del mismo modo, dos años después, la población de Chubut se impuso por la derogación de la Ley de zonificación minera. A continuación, en 2022, las ciudades costeras del Atlántico salieron a las calles contra los proyectos de exploración petrolera en el mar argentino. Ese mismo año, frente a la quema indiscriminada de los humedales ubicados en el Delta, Rosario cortó el puente de Victoria y exigió, una vez más, la sanción de una ley de humedales que proteja estos ecosistemas, claves para luchar contra el cambio climático.
La lucha en defensa de los territorios y la vida continuó también este año en el norte del país, donde el pueblo jujeño se opuso a la reforma constitucional inconsulta que impulsó el gobernador Gerardo Morales. Una estrategia clara para la provincialización de recursos naturales como el litio y, en paralelo, para el desconocimiento del derecho a la tierra de las comunidades indígenas.
A pesar de las movilizaciones y exigencias populares desplegadas durante los últimos años, las principales candidaturas decidieron negar o minimizar las consecuencias de la crisis climática. Con matices que van desde el impulso a industrias extractivistas como propone Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, hasta la insistente negación del cambio climático sostenida por Javier Milei de La Libertad Avanza, pareciera que la clase política no advierte la misma preocupación que su pueblo.
Pero no todo es lo mismo. El discurso de negación de la crisis climática y de privatización de los recursos naturales impulsado por Javier Milei enciende una alarma en el actual contexto de crisis que es social, económica y climática. De la misma forma que negó la pandemia y llamó a romper el aislamiento social durante 2020, el líder de la Libertad Avanza sostiene que el cambio climático “es una mentira” y, en contra de toda la comunidad científica internacional, asegura que no hay pruebas de que sea consecuencia de la actividad humana. Entre sus principales propuestas de campaña, el candidato señaló que, en caso de llegar a la presidencia, eliminaría el Ministerio de Medio Ambiente, reduciría el gasto en ciencia y técnica y privatizaría los ríos como estrategia para “reducir la contaminación”.
La crisis climática es una crisis de derechos humanos
El pasado domingo 8 de octubre se realizó el segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA de la ciudad de Buenos Aires. Si bien las preocupaciones socioambientales habían sido colocadas por la misma ciudadanía como uno de los ejes principales junto a Derechos Humanos, no todas las candidaturas respondieron sus propuestas.
Bajo el título “Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente”, el eje fue evadido por tres de las cinco candidaturas presentes en el debate. Entre ellos, Javier Milei, Patricia Bullrich —cuyo aliado en Santa Fe, el gobernador electo Maximiliano Pullaro, busca eliminar el ministerio de Ambiente en la provincia— y Juan Schiaretti quienes prefirieron, estratégicamente, centrarse en la amplitud del concepto de “desarrollo humano” sin dar respuestas sobre la protección del ambiente como había sido solicitado.
Por su parte, Sergio Massa trajo un concepto novedoso en torno a pensar la vivienda y la protección del ambiente como una relación recíproca. Para el candidato de Unión por la Patria, no se puede pensar el derecho a la vivienda, la casa propia, sin pensar en el cuidado de la “Casa Común”. El vínculo entre la crisis climática y los Derechos Humanos es innegable, el bienestar de la humanidad es indisociable al de la tierra que habitamos. “Tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común, la casa de todos”, dijo el candidato. Además, propuso una reforma del Código Penal para elevar las penas para “quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal” y destacó que durante su gobierno las energías renovables tendrán un rol central. A continuación, el candidato señaló que desde el gobierno se encuentran detectando los inmuebles ociosos que tienen a lo largo del país a través del Registro Único de Solicitantes de Lotes para impulsar un programa de acceso a lotes de tierra con servicios en zonas urbanas y rurales para familias de sectores populares.
Con más firmeza, la candidata del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, habló de la destrucción de los bienes comunes, se opuso a la megaminería y al uso de agrotóxicos, y tomó como ejemplo la situación que atraviesa el pueblo jujeño para comprender por qué el actual modelo extractivista no va más. No conforme con el silencio de Javier Milei entorno a la protección del ambiente luego de meses de negacionismo, Bregman utilizó la “pregunta cruzada” para volver a preguntarle al libertario qué pensaba sobre la crisis climática: “Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas y lo único que buscan es recaudar fondos para financiar vagos socialistas que escriben papers de cuarta”, afirmó el candidato de la Libertad Avanza.
A contramano de los dichos de Milei, existen diversas investigaciones y consensos científicos que confirman que el cambio climático es un hecho y que tiene una relación directa con el modo de producción implementado durante los últimos siglos por la humanidad. En el informe publicado en el año 2021 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sostiene que “los seres humanos son la causa dominante del calentamiento global observado en 52 décadas recientes”.
A su vez, el informe sostiene que la temperatura media mundial de los años 2011-2020 fue 1.09 °C más alta que en el periodo 1850-1900, datos que evidencian el aumento de la temperatura en relación al crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono. Este tipo de investigaciones confirman que de no modificar la acción humana las consecuencias de la crisis climática seguirán expandiéndose y empeorando con el tiempo.
Las evidencias científicas son contundentes. Por eso, negar la crisis climática y no implementar soluciones concretas para mitigarla es una violación a los derechos humanos y de la naturaleza. Una acción que reproduce la desigualdad manifiesta ya que la crisis climática afecta de manera diferencial a los sectores empobrecidos, mujeres, infancias, pueblos originarios y comunidades campesinas.
No se puede negar la realidad. La sequía extrema de los últimos años impactó de manera directa en las zonas productivas de la Argentina afectando seriamente a la economía a nivel nacional. Según el último informe presentado por el Banco Mundial sobre el clima y el desarrollo “las sequías ejercen una influencia generalizada sobre la economía, agravando las crisis macroeconómicas y pudiendo tener efectos significativos en el Producto Interno Bruto (PIB)”. De hecho, si este fenómeno climático continúa de manera constante, se estima que para el año 2050, el país podría experimentar una disminución del PIB de hasta un 4%.
Un nuevo Acuerdo Socioambiental de cara a la campaña
Frente al silencio electoral, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una agenda ambiental urgente de políticas públicas como un llamado a la acción. Allí proponen la protección del ambiente, el desarrollo sostenible y la mejora en la calidad de vida de las personas a través de la creación de un nuevo Acuerdo Socioambiental.
Se trata de cinco propuestas concretas que podrían acompañar al cuidado de nuestros territorios frente a la incertidumbre electoral y los discursos negacionistas. Entre ellas se encuentra la necesidad de impulsar una transición energética justa y popular, la implementación de una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático, el cese de los desmontes así como el financiamiento de la Ley de Bosques, la sanción de una Ley de Humedales y el saneamiento del Riachuelo.
Como sostienen desde FARN, “es crucial que los candidatos a la presidencia tomen conciencia”. No hay más tiempo, queda menos de una semana para la primera vuelta electoral y las experiencias de resistencias que hemos visto durante los últimos años evidencian otra realidad: cuando las poblaciones se ven amenazadas reaccionan y se organizan. Sin propuestas para la vida digna, el respeto de los bienes comunes y el acceso a la tierra no hay proyecto de país posible.
