Otra vez en el Fondo. Otra vez Luis Caputo anuncia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acuciado por la falta de dólares y desmintiendo el mito fundacional del anarcoliberalismo criollo: que realizando un ajuste criminal, con exhibición de crueldad incluída (representada en la motosierra) se acabarían todos los problemas de la economía argentina.
Otro día como aquel 7 junio de 2018 en el que el Ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne , anunció un acuerdo por 55.000 millones de dólares. En ese momento, Luis Caputo estaba al mando del Banco Central y fue el encargado de vehiculizar la fuga de cada dólar que entró de esa deuda. Esta repetición del mismo verdugo en apenas unos años, nos pone frente a un problema político que no podemos eludir: ¿Qué tipo de impunidad permitió que la imagen de Caputo anunciando un nuevo acuerdo se volviera a repetir? ¿Cómo vamos a confrontar la deuda? ¿De qué trabajo político requiere esa confrontación? Es imposible dar recetas porque el monstruo es demasiado gigante. Pero reponer algunas de las claves de ese enfrentamiento en los últimos años, puede servirnos. Un breve repaso de esta secuencia.
En 2018, el ministro de economía Dujovne prometió que el préstamo estaría destinado a bajar el déficit y la inflación. Nada de eso ocurrió, la inflación siguió subiendo y los dólares se fugaron rápidamente (como destacó el propio Banco Central) quedando una deuda monumental que seguimos pagando aún hoy. En aquel momento, como en este, la economía argentina andaba en bicicleta financiera, ese mecanismo por el cual unos pocos fondos de inversión y grandes empresas ingresan dólares que pasan a pesos y los valorizan en el mercado local (con tasas de interés de lo más altas del mundo) y luego presionan para salir con sus ganancias dolarizadas. En aquel momento, como ahora, se evidenciaba el apoyo político del líder de la ultraderecha global, Donald Trump, para garantizar la aprobación del préstamo del FMI para Argentina. Para Donald hay solo dos géneros, pero miles de dólares para sostener gobiernos que aceleren el extractivismo que necesita el norte. No son dos escenas separadas, el relanzamiento de la colonización financiera de nuestra región necesita del ataque a movimientos que pongan en riesgo la brutalidad que hoy necesita el neoliberalismo en crisis. Requiere combatir al ambientalismo, al transfeminismo y reprimir a jubilados y jubiladas cada miércoles para asegurar que el gasto previsional se seguirá ajustando para pagar la deuda. Exige también, la criminalización de luchadores contra el extractivismo en todo el país. De hecho, hace pocas horas las Mujeres Indígenas por el buen vivir denunciaron en una conferencia de prensa la situación de Victoria Núñez Fernández detenida con pruebas absolutamente falsas por el hecho de ser solidaria con la lucha del pueblo mapuche en su resistencia frente a la privatización del agua en la Patagonia. Todo tiene que ver con todo, este ciclo de endeudamiento que el gobierno está por iniciar tiene, en última instancia, el objetivo de que la deuda sea la forma del chantaje para regalar los bienes comunes de nuestro país.
Así estamos, entre debates y polémicas sobre cuál será el monto final, los tramos del desembolso y el destino de los dólares (si el equipo económico podrá contar con “libre disponibilidad” para sostener la bicicleta, etc). No son cuestiones menores, hacen a la desesperación del Gobierno libertario por evitar una corrida cambiaria y por seguir manteniendo un tipo de cambio que sostenga el “carry trade” hasta las elecciones. Comprar tiempo a través de la deuda. La dimensión temporal del endeudamiento es lo que la transforma en un mecanismo sofisticado de incidir sobre el futuro de generaciones desde el presente. La deuda es hoy, otra vez y como hace décadas, la omnipresencia en cada vida que nace en el suelo argentino, incluso afecta a “los niños por nacer” que la ultraderecha dice defender al mismo tiempo que apenas nacidos los abandona a las fuerzas del mercado y del endeudamiento (haciendo que 6 de cada 10 niños en Argentina sean pobres, según Unicef).
¿Qué hacemos como militantes y como activistas? El movimiento feminista en Argentina tiene en su devenir una paradoja: se consolidó como un movimiento de masas y un actor en la política nacional casi en paralelo al proceso de endeudamiento más acelerado de la historia argentina hasta ese momento, iniciado en 2016. En última instancia, la deuda funciona un mecanismo que fuga potencia política de los cuerpos, una estrategia de las élites locales en alianza con el capital financiero de Manhattan para sellar el estado de cosas frente a la irreverencia de los movimientos heterogéneos y vibrantes que surgen en este bendito suelo.
Desde 2018, la deuda externa significa un chaleco de fuerzas y un mandato de ajuste y de austeridad permanente que limita en presente y futuro la posibilidad de políticas públicas que reconozcan trabajos de cuidado, que expandan los servicios públicos y que aborden las violencias por razones de género desde la promoción de la autonomía económica.
Ya en aquel año iniciamos una confrontación desde los feminismos con la exigencia del FMI que aceptó Mauricio Macri de dar de baja las moratorias previsionales que permitían jubilarse a las mujeres que, habiendo trabajado en sus casas, en los barrios, o de manera informal, no accedían a un beneficio previsional. Una ley que acaba de no prorrogarse, otra vez con el beneplácito del FMI.
Pongamosle cuerpo y números a esta decisión: según datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, el trabajo doméstico es el sector que más emplea a las mujeres y más del 70% está en la informalidad. En este contexto, el Fondo Monetario, el gobierno de Javier Milei y sus empresarios adictos condenan a 9 de cada diez mujeres y 7 de cada 10 hombres a una vejez en la precariedad porque, sin moratoria, la opción que queda disponible, con cada vez mayores requisitos que “certifiquen pobreza”, la Pensión Universal por Vejez (PUAM) sube la edad jubilatoria de las mujeres a los 65 años y es el 80% de una jubilación mínima que además ya perdió un tercio de su poder de compra desde que asumió Milei. Para legitimar este recorte, La Libertad Avanza utiliza el argumento utilizado por Mauricio Macri: que las mujeres “no aportaron”, desconociendo el alto nivel de informalidad en el que trabajan las mujeres, la estafa de los empleadores que no realizan los aportes y, por supuesto, la demanda histórica de los feminismos por el reconocimiento del trabajo no pago. Esto es parte de las estrategias que utiliza la ultraderecha para exacerbar divisiones al interior de la clase trabajadora y demostrar que (para ellos) los derechos son “privilegios”. Por eso, se vuelve más estratégico que nunca el trabajo político de tejido de alianzas transversales entre trabajadorxs con distintas realidades laborales. Este trabajo es exactamente lo contrario a la propuesta de la ultraderecha, y consiste en priorizar las demandas de las trabajadoras que no tienen derechos, o que trabajan en sus casas o hacen trabajo comunitario como parte central de la agenda sindical.
Pero volvamos a la historia de la deuda en los últimos años. En el 2021, a pesar de las promesas de llevar a fondo el reclamo por la la ilegalidad de la deuda tomada durante el gobierno de Mauricio Macri, el gobierno de Alberto Fernández volvió a acordar con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo estableció revisiones trimestrales del FMI sobre variables estratégicas de la economía (déficit fiscal, acumulación de reservas, asistencia del Banco Central al Tesoro, proyecciones de inflación y de subsidios), lo que condicionó fuertemente el gasto social y ubicó al organismo como parte de un co-gobierno económico de facto. Este esquema llevó a un aumento considerable de la pobreza hacia la finalización del gobierno del Frente de Todos.
Durante ese momento, la discusión de la deuda se volvió a encapsular en cuestiones técnicas y, por supuesto, a manos de saberes “expertos” masculinizados donde los movimientos que habían confrontado la deuda no fueron convocados a la tarea de volver masivo el repudio al FMI.
El nuevo acuerdo gestionado por Martín Guzmán fue refrendado por el Congreso de la Nación en el marco de la aprobación de la Ley 27.612 ( la que se está violando actualmente con el decreto 179/2025 que habilita al gobierno a negociar con el FMI sin necesidad de que sea aprobado por el Congreso) . Se consagró una ley que daba un marco para futuros acuerdos pero se despreció la movilización popular, se abandonó la denuncia de la ilegalidad del acuerdo de 2018 y la tarea titánica de organizar un gran frente popular contra la deuda. Desde ese punto de partida, el gobierno de Javier Milei aceleró todos los mecanismos ilegales e inconstitucionales para tomar deuda haciendo un balance de hecho, de lo que fue el abandono de la lucha contra la impunidad en los años anteriores. Por ello hay que seguir exigiendo el desconocimiento de la deuda que se tomó en el gobierno de Mauricio Macri, de manera ilegal (violando tanto estatutos internos del FMI como normativas locales) , y por supuesto avanzar en el desconocimiento de la deuda que está por venir, aún más ilegal e inconstitucional que aquella vez.
No hay forma de evitar este antagonismo. No alcanza con miles de propuestas, charlas y paneles. Sin confrontar directamente con la deuda, no tenemos posibilidad de hacer realidad ninguna de las demandas que estamos planteando hace años en las calles.
Es el momento de propiciar un gran frente para combatir al Fondo Monetario Internacional con todos los sectores afectados por sus políticas, empezando por apoyar la lucha de lxs jubiladxs y de quienes enfrentan en los territorios el avance extractivo. Y cambiar el día del niño por nacer al día de lxs niñxs desendeudadxs.
