La provincia de Santa Fe está viviendo un momento institucional inédito. El pasado 14 de julio se puso en marcha una Convención Constituyente que tiene como objetivo reformar la Constitución provincial vigente desde 1962. Por primera vez, en más de seis décadas, la carta magna santafesina será objeto de revisión. El proceso tiene un plazo inicial de 60 días para su desarrollo, con posibilidad de prórroga por 20 días más. Durante ese lapso, 69 convencionales debatirán las reformas posibles y sancionarán un nuevo texto constitucional o modificarán el actual, artículo por artículo.
Entre los objetivos centrales que se anuncian están la reelección del gobernador, la autonomía municipal, la reforma judicial, la incorporación de nuevos derechos (ambientales, digitales y de las diversidades) y una modernización del funcionamiento institucional. Desde el oficialismo que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, que logró mayoría en la Convención a través del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, se insiste en la necesidad de “sintonizar con los tiempos que corren”. Sin embargo, otros sectores alertan que una reforma exprés, en un contexto de recorte de derechos a nivel nacional, puede reforzar lógicas de ajuste y concentración de poder.
Uno de los ejes que genera mayores expectativas —y también preocupaciones— es el ambiental. La comisión encargada de debatir la protección del ambiente, el derecho al agua y el ordenamiento territorial ya está en funcionamiento, pero las organizaciones territoriales, defensoras de humedales, activistas por el acceso a la vivienda y asambleas ambientales siguen sin tener espacios garantizados de participación en la Convención Constituyente. La inclusión de estos derechos en el texto constitucional es una oportunidad histórica, pero también una batalla: no alcanza con nombrarlos si no se aseguran mecanismos concretos para su defensa efectiva.
La experiencia reciente de Jujuy actúa como advertencia. En 2023, la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales incluyó modificaciones que restringieron el derecho a la protesta, desconocieron los títulos de tierras comunales y habilitaron el avance del extractivismo en territorios indígenas y campesinos. Esa reforma se impuso a espaldas del pueblo y en medio de una feroz represión. En Santa Fe, la vigilancia ciudadana y la participación activa serán claves para evitar que esta reforma sea una oportunidad perdida o, peor aún, un retroceso disfrazado de modernización. La pregunta sigue abierta: ¿qué Constitución necesita la provincia para garantizar un futuro justo, ambientalmente sostenible y verdaderamente democrático?
Ciudad Futura: una reforma para transformar lo cotidiano
El partido Ciudad Futura viene construyendo su participación en la Convención Constituyente con una mirada transformadora, fuerte anclaje territorial y una clara vocación de disputar el sentido mismo de la reforma. Este 28 de julio presentaron formalmente su proyecto unificado de reforma constitucional, que apunta a redefinir las bases del poder provincial desde los territorios y con participación ciudadana real. La presentación se da semanas después de que Juan Monteverde, uno de sus referentes y convencional constituyente, ganara las elecciones de concejales en Rosario. “La apuesta es dar vuelta la pirámide del poder, acercar las decisiones a los territorios donde tienen impacto y convertir los derechos en realidades concretas en la vida cotidiana de la gente”, expresó Monteverde en sus redes sociales.
La consigna es clara: una reforma que no sea para los de siempre. Jesica Pellegrini, concejala de Rosario y parte del equipo técnico-político de Ciudad Futura en la Convención, asegura a LATFEM que el primer objetivo es “hacer que esta reforma tenga legitimidad”. “Y esto sólo lo da la participación e involucramiento de la ciudadanía, de la sociedad organizada, de modo que no sea un proceso de políticos debatiendo entre políticos problemas de políticos”, subraya. En un contexto de creciente desafección con las instituciones democráticas, advierte que es imprescindible abrir el proceso a quienes día a día construyen desde los márgenes.
La propuesta de Ciudad Futura se orienta a “invertir la pirámide del poder”: acercar las decisiones a los territorios y garantizar que los derechos no queden solo en la ley, sino que se transformen en realidades concretas. Para eso, impulsan reformas que fortalezcan la autonomía municipal, fomenten asociaciones entre municipios para abordar problemáticas comunes (como el transporte, los residuos o el ambiente) y creen herramientas nuevas. Entre esas nuevas herramientas, Pellegrini destaca la creación de una Empresa Provincial de Desarrollo Urbano, Transporte e Infraestructura y la declaración de los alimentos como bienes sociales, con el reconocimiento de la alimentación como derecho esencial, dentro del marco de la soberanía y la seguridad alimentaria.
El enfoque ambiental también es central en su propuesta constituyente. Desde Ciudad Futura, proponen reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos y establecer mecanismos concretos para garantizar la protección ambiental. Entre sus iniciativas se encuentra un procedimiento obligatorio de evaluación ambiental estratégica para integrar en las diversas políticas públicas, la prohibición de la monetización de los ecosistemas, la creación de áreas protegidas, y la consagración del agua como bien público y social esencial para la vida y los ecosistemas. En cuanto al ordenamiento territorial, promueven una visión que articule lo urbano y lo rural, preserve los bienes comunes, y fortalezca a las pequeñas y medianas localidades en clave de equidad y equilibrio territorial.
Pellegrini subraya también el trabajo previo al inicio formal de la Convención, con instancias como “La Constituyente de la gente”, que recorrió diversas localidades como Rosario, Rafaela, Reconquista, Santa Fe y Venado Tuerto, y permitió recoger demandas de colectivos de mujeres, organizaciones de salud, gremios, movimientos por la discapacidad y luchas ambientales en toda la provincia. “Articulamos una serie de encuentros preliminares con actores clave del sector gremial, de las organizaciones sociales, colectivos organizados en torno a la lucha por la salud, al movimiento de mujeres, de derechos humanos de toda la provincia”, cuenta la concejala. Hoy, como parte del proceso constituyente, bregan por la realización de audiencias públicas, mayor transparencia y apertura de los plazos de debate para que la reforma, aunque haya arrancado cerrada, termine siendo lo más participativa y protagónica posible.
Para Pellegrini, el proceso constituyente en Santa Fe está lleno de tensiones, pero también de oportunidades históricas. “Estamos ante la posibilidad de disputar no sólo el contenido de la Constitución, sino también la forma en que se construye lo común. Por eso insistimos en que esta reforma debe salir de las paredes del palacio legislativo y tocar la vida concreta de la gente, de los barrios, de los pueblos, de los territorios. Si no, seguirá siendo letra muerta”.
En un contexto de crisis múltiples —ambiental, social, institucional— la reforma constitucional santafesina se convierte en un campo de disputa clave: ¿quiénes escriben las reglas del juego? ¿Para quiénes? ¿Desde dónde y con qué mirada? La posibilidad de construir una Constitución que reconozca los derechos de la naturaleza, democratice el poder, garantice el acceso al agua, a la tierra y a la alimentación, y defienda a quienes cuidan los territorios está sobre la mesa.
Una Constitución ecosocial
La inclusión del ambiente en la reforma constitucional de Santa Fe es una demanda urgente que impulsan múltiples organizaciones socioambientales, en una provincia marcada por décadas de conflictos ambientales: desmontes y monocultivos en el norte, contaminación agroindustrial, avance inmobiliario sobre humedales, incendios sistemáticos en el delta del Paraná, y una histórica desigualdad en el acceso al agua y a la tierra. En este escenario, el proceso constituyente abrió una oportunidad para proponer un enfoque transformador que no se limite a incorporar un artículo decorativo, sino que implique un cambio profundo en la forma de entender el vínculo entre sociedad y naturaleza. Romina Araguas, abogada ambientalista e integrante de Paraná No Se Toca, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, viene trabajando desde hace meses con otras organizaciones en una propuesta de Constitución con enfoque ecosocial. Explica que la ley de necesidad de reforma habla de la incorporación de un artículo ambiental, pero sostiene que “no puede ser cualquier artículo ambiental, sino que tiene que poner a la naturaleza en el centro de la discusión, dejar de lado las constituciones antropocéntricas y reconocer al ser humano como parte de la naturaleza, y no por encima de ella. La naturaleza debe ser sujeto de derecho”.
En esa misma línea, el espacio “Por una Constitución Ecosocial para Santa Fe”, que nuclea a organizaciones, colectivos, comunidades y movimientos de todo el territorio, articula saberes científicos, ancestrales y populares para proponer una Constitución que garantice el cuidado integral de los bienes comunes, el derecho a un ambiente sano y un futuro habitable para todas las formas de vida. Frente al avance de una agenda negacionista impulsada por sectores con intereses económicos concentrados, afirman que la provincia tiene una responsabilidad histórica: construir un nuevo pacto constitucional basado en la justicia ambiental, social, económica, de género, étnica y cultural.
La propuesta es clara: una Constitución ecocéntrica que reconozca los derechos de la naturaleza, frene el modelo extractivista y garantice mecanismos efectivos de participación ciudadana, acceso a la información, justicia ambiental y protección de quienes defienden los territorios. También plantean el derecho al agua y a la tierra, el impulso a la agroecología y la creación de instituciones que garanticen estos derechos. Lejos de una reforma vacía o simbólica, reclaman una transformación real, construida con y desde los pueblos.
Desde esta perspectiva, se plantea que la nueva Constitución santafesina no puede desentenderse del contexto crítico actual. “La Constitución debe estar a la medida de las nuevas problemáticas, de las crisis que estamos atravesando. La crisis climática es una de ellas, pero también las crisis sociales, económicas y políticas, que deben abordarse desde una nueva mirada, poniendo el centro en el ambiente para tener una nueva forma de enfrentar los problemas”, afirma Araguas. Esta mirada implica dejar atrás el enfoque fragmentado y punitivista que ha caracterizado muchas de las respuestas institucionales frente a los conflictos territoriales, y avanzar hacia un enfoque de derechos, integral y con participación real.
Entre las propuestas concretas que impulsan desde las organizaciones se encuentran la incorporación de principios ambientales, el derecho humano al agua, el derecho a la tierra y el derecho a la agroecología, pero también mecanismos que garanticen su vigencia. “Todo esto debe realizarse con la mayor participación posible. Por eso es necesario incorporar instrumentos de participación ciudadana, de acceso a la justicia, y también instituciones que garanticen efectivamente la defensa del ambiente”, señala la abogada.Esta apuesta no sólo apunta a llenar vacíos en el texto constitucional vigente desde 1962, sino a tensionar los límites del modelo productivo extractivista que se sostiene sobre la explotación de cuerpos y territorios. En una provincia clave para el agronegocio, los corredores bioceánicos, los puertos exportadores y la especulación inmobiliaria, el desafío es que esta reforma no repita lo ocurrido en Jujuy en 2023, donde la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial avanzó sobre los territorios y restringió derechos, desatando una resistencia popular masiva. En Santa Fe, las organizaciones advierten que la verdadera modernización institucional sólo es posible si se construye desde abajo, con justicia ambiental y participación popular real.
