Entre los árboles, cascadas, ríos y espesa neblina, se encuentra Cuetzalan del Progreso, una localidad denominada “Pueblo Mágico” en 2002 y reconocida como una de las “Mejores Villas Turísticas” en 2021 por la Organización Mundial del Turismo (OMT). Su mística y recursos naturales atraen a cientos de turistas cada año y a empresas que buscan instalar minas, pozos de fracking e hidroeléctricas en la zona.
Ofelio Julián Hernandez, integrante de la Cooperativa de Ahorro y Préstamo Tosepantomin de la Unión de las Cooperativas Tosepan y miembro del Consejo Maseual Altepetl Tajpianij, cuenta que desde el 2010 se han organizado para impedir el establecimiento de los “proyectos de muerte”, como los han denominado, porque amenazan sus ecosistemas y la vida de las comunidades. Esto incluye desde acciones legales en contra de la minería a cielo abierto hasta concentraciones de más de 5 mil habitantes en asambleas.
El pueblo de Cuetzalan se ubica en la Sierra Norte de Puebla, y de acuerdo con un artículo publicado en la revista Journal de la Société des Américanistes, en la región hay 600 mil habitantes, de los cuales la gran mayoría son indígenas, incluyendo 400 mil nahuas y 100 mil totonakús.
Por ello, la comunidad está respaldada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que salvaguarda – entre otras cosas – sus derechos a las tierras y a la autonomía. Con este convenio y haciendo uso de la Constitución mexicana, se logró generar un Ordenamiento Ecológico Territorial, que ha resultado ser una herramienta de defensa comunitaria y ayuda legal para que dicho municipio gestione el área sin afectar sus formas de vida, incluyendo medidas como la restricción y/o prohibición de megaproyectos dentro de su territorio. Sin embargo, empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que provee energía eléctrica a todo México, lo han pasado por alto, despertando la oposición de las comunidades locales.
Las luchas para el buen vivir (yeknemilis)
Los pueblos indígenas de México han sido saqueados desde la colonización europea y hoy se enfrentan al despojo de empresas extractivas que, con el apoyo del gobierno mexicano, pretenden instalarse en sus territorios para generar energía, pero ¿para quién?
Fue en 2016 cuando los pobladores nahuas, totnakús y mestizos se vieron enfrentados a la iniciativa Cuetzalan entronque Teziutlán II- Tajín, de la CFE, que buscaba suministrar energía con una subestación eléctrica y una línea de alta tensión a otros proyectos de minería, fracking e hidroeléctricas que están concesionados en la zona. El proyecto ya se había presentado tiempo atrás, y estaba dentro del presupuesto 2010- 2014 de la empresa estatal.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la línea de alta tensión tendría una longitud de 20 kilómetros, pasando en su trayectoria por terrenos de las comunidades de Xaltsinta, Colonia Cuauhtémoc, Alahuacapan, Xiloxochico, Chikueyajko, Acaxiloco y Nahuiogpan. Además, su camino atravesaba la localidad de Cuamono en la que corre el río Apulco, que ya tenía cuatro concesiones de centrales hidroeléctricas llamadas Ana, Boca, Conde y Diego.
Además, en Cuetzalan había tres concesiones de minería denominadas “Atexcaco I”, “Atexcaco II” y “Macuilquila” que estaban otorgadas por la Secretaría de Economía. Para este caso se presentó una demanda de amparo contra los proyectos y hacia la Ley Minera, ya que – como insiste Ofelio – es inconstitucional.
La población investigó las afectaciones que las líneas de alta tensión traerían a la comunidad, en la que resaltan la radiación y el hecho de que las líneas “estarían pasando y atravesando comunidades enteras, por ejemplo en el caso de Xiloxochico estarían pasando sobre una escuela preescolar”, denuncia Ofelio, quien recuerda que al finalizar una manifestación en 2016, con el fin de exigir a las autoridades municipales mayor seguridad en la región ante la delincuencia que- asegura – llegó junto con todas las concesiones, fueron al terreno en el que se proyectaba la subestación y realizaron una cancelación simbólica al montar un campamento que duró diez meses.
En esos diez meses se apropiaron del campamento haciendo talleres. De paso, construyeron sueños, plantaron milpas como un símbolo de lucha y analizaron las actuales formas de hacer energía. Así empezaron a poner sobre la mesa la viabilidad de apostar por la autonomía energética y las energías renovables.
Aunque retiraron el campamento y la CFE no continuó con la obra, la institución pública demandó en 2017 a ocho líderes indígenas por oponerse al proyecto. Ofelio narró que, hasta el 2018, hubo hostigamientos y campañas de desprestigio en contra de las y los opositores de la subestación. Fue en 2019, en una asamblea general en la cabecera municipal de Cuetzalan, que anunciaron que la CFE había retirado los cargos hacia las y los defensores y en este año la Semarnat informó la cancelación definitiva del proyecto. Sin embargo, los habitantes no descartan que la empresa lo intente nuevamente en un futuro.
Transición energética y justicia ambiental en México
Una de las vías para mitigar los efectos de la crisis climática actual es la transición energética, cuyo objetivo es pasar de un sistema basado en los combustibles fósiles a energías renovables como la solar, eólica, fotovoltaica, entre otras. Esto cobra especial relevancia en México, que sería el 12º país que más contribuye en emisiones en el mundo.
De hecho, los hidrocarburos representan el 83,93% en la matriz de la producción de energía primaria en el país, destacando el petróleo crudo con 59,83 % y el gas natural con 23,15 %, según el Balance Nacional De Energía 2019 publicado en 2021.
Sin embargo, no basta solo con hacer un mero recambio en las fuentes de energía, ya que es fundamental considerar aspectos sociales. Por ello las iniciativas que están implementando las comunidades de la Sierra Norte de Puebla buscan lograr una transición energética justa, que involucre la justicia social y ambiental, considerando las particularidades territoriales, socioeconómicas, de género, entre otras, como recoge un informe de la ONG FIMA, CEUS Chile y CERES.
Si bien el concepto nace en Norteamérica y Europa, se ha adoptado de diferentes formas en diversos contextos. Por ejemplo, en las comunidades indígenas masehual y totonaku de Cuetzalan se contempla la creación de nuevas condiciones sociopolíticas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la justicia climática.
La energía de y para los pueblos indígenas
Cuetzalan es un ejemplo para impulsar alternativas energéticas comunitarias para avanzar hacia la justicia climática y la transición justa, de la mano de la soberanía energética.
De acuerdo con la ingeniera Sofía García Pacheco, una de las fundadoras de la Cooperativa Onergía, existen dos narrativas de la soberanía energética. Hay una que siempre ha sido impulsada por los Estados, que tiene que ver con la nacionalización de los recursos para la nación. Aunque hablemos de soberanía en esos términos, eso no nos va asegurar que la energía se trabaje desde los derechos humanos para el acceso a la vida digna”.
Por ello, en las asambleas comunitarias locales decidieron caminar hacia dicha soberanía a través de varios proyectos, entre ellos la instalación de sistemas fotovoltaicos, es decir, dispositivos conectados entre sí para transformar la energía solar a eléctrica, y que funcionan con paneles o celdas.
En Cuetzalan han trabajado con dos tipos de sistemas: interconectados e híbridos y sistemas autónomos. Los primeros transforman la luz del sol en energía eléctrica y están interconectados a la red pública (en este caso, las redes de la CFE). El beneficio se ve reflejado al momento de pagar porque es más económico. El autónomo, como el mismo nombre indica, funciona sin estar conectado a la red pública de electricidad, generando su propia electricidad. “Las ventajas de la energía solar fotovoltaica es qué es adaptativa y flexible a los lugares donde se va a aprovechar, entonces siempre se tiene que evaluar la necesidad energética”, indica Sofia.
La ingeniera detalla que en México existe un sistema energético nacional a gran escala “que va de sur al norte y que incluso está interconectado en el sur con el sistema electrónico de Centroamérica y en el norte con el sistema eléctrico de Estados Unidos”, y que el gobierno puede elegir mayor distribución de energía al sector industrial porque es el que “soporta la economía”, mientras que un porcentaje menor lo destinaría a los usuarios domésticos o a las economías locales.
Frente a esto, Sofía asegura que la soberanía energética “es la apropiación de los flujos energéticos desde lo local y esto significa que nos tenemos que apropiar de las distintas formas en la que transformamos, producimos y consumimos la energía para que pueda ser de manera comunitaria y aterrizada en economías locales”.
Así lo han entendido otras personas, como Leticia Vazquez Esteban, coordinadora del proyecto de revitalización lingüística de la Unión Cooperativas Tosepan. Ella resalta la iniciativa de investigación de energía comunitaria llamada “Democratización de la Energía en la Sierra Nor-Oriental de Puebla”, que están realizando con el objetivo de pensar sobre las formas de gestionar la energía para el buen vivir (yenemiliks en náhuatl).
En sus inicios, se percataron que los conceptos de “energías renovables”, “pobreza energética”, “soberanía energética”, entre otros, les eran totalmente ajenos, por lo que decidieron generar un nuevo razonamiento de lo que es energía.
En estas reflexiones, Leticia y sus compañeros se dieron cuenta que “la energía está pensada simplemente en la electricidad o en todas estas energías que produce la hidroeléctrica o como en el gas con los hidrocarburos. Pero en las comunidades la energía principal y esencial es la biomasa (por medio de la leña) y luego están otros tipos de energías, como la del sol por medio la iluminación, el agua y también la energía que necesita nuestro cuerpo para moverse. Además, empezamos a hablar de energía espiritual”, indicó.
Después de la fase semilla, nace la Cooperativa Tonaltsin a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. De ahí comenzaron a instalar sistemas fotovoltaicos como un primer acercamiento a las energías renovables. Pero las iniciativas suman y siguen. De acuerdo con el documental “La energía de los pueblos” (2020), en el municipio de Cuetzalan, se instalaron varios sistemas fotovoltaicos con el asesoramiento de la Cooperativa Onergía. Por ejemplo, en el hotel Tosepan Kali se colocaron 20 paneles solares con un sistema híbrido; en Tosepantomin se instaló un sistema interconectado de 30 paneles; en el centro de formación Tosepan Kaltaixpetaniloyan se estableció un sistema autónomo de nueve paneles solares, y también en la comunidad de Xocoyolo se colocaron dos sistemas autónomos en dos hogares.
Esta energía solar es utilizada principalmente en sus actividades diarias, ya sea para la iluminación a través de los focos, la conexión de sus electrodomésticos y la carga de las baterías de sus celulares. Además, ahorran el dinero que tenían destinado para pagar la luz y, al tener un sistema autónomo, cuando hay apagones por fallas eléctricas de la red, estás familias aprovechan su banco de batería donde guardan energía. Así, no se quedan sin luz.
El cooperativista Albano Adrián Chávez indica que los ingenieros de la Cooperativa Orgenia les recomendaron que para que los sistemas fotovoltaicos funcionen bien, se deben limpiar los panales solares cada dos meses para evitar que el polvo, la tierra, los insectos o cualquier elemento impida su funcionamiento adecuado.
Pese a que uno de los argumentos más frecuentes de la CFE era que los paneles solares no iban a funcionar en esta zona por ser lluviosa y con mucha nubosidad, la ingeniera Sofia explica que la neblina opera como un filtro, entonces, algunos fotones lograrán pasar y otros no. Aunque el municipio tenga días continuos de neblina, los paneles solares funcionan, claro que van almacenando menor cantidad de energía, pero la poca cantidad de luz que pasa ayuda a llenar los bancos de las baterías de luz.
Los retos para seguir caminando hacía la soberanía energética
Al iniciar su administración en 2018, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo 100 compromisos, de los cuales el número 73 indica: “Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz”. Este compromiso se encuentra “en proceso”, según la página oficial de Presidencia, sin embargo, es una propuesta que no incluye las voces de los pueblos originarios del país.
Leticia asegura que los pueblos originarios no han sido tomados en cuenta al momento de presentar la Reforma Energética, la cual no fue aprobada en el Congreso, porque presentaron una iniciativa en la que distintas organizaciones sugirieron darle más autonomía a la sociedad civil y a los usuarios en torno a la energía. Sin embargo, éstos no figuran en dicha reforma como tomadores de decisiones.
Otro reto es el mismo concepto de transición energética. Aunque es un término que se empieza a escuchar cada vez más en México, no se llega a comprender en las comunidades indígenas porque no hay traducciones de estos criterios, lo que complica la inclusión de las personas hablantes de las lenguas indígenas. En este sentido, Leticia explica que estos términos han sido construidos desde la academia y no desde las comunidades, lo que implica “estar creando conceptos desde la lengua náhuatl y totonaku, los cuales también son otros aportes porque aparte de nombrar el concepto como tal, es el significado que le da la gente a lo que se concibe”, resalta.
El estado de Puebla es uno de los cinco estados que concentran mayor población de habla indígena junto con Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Veracruz con un 61.09 %, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pese a ello, la información que distribuye el gobierno de estos temas es en español.
La transición energética enfrenta otro reto: los precios en las materias primas porque “sigue siendo una tecnología que no es tan accesible a cualquier tipo de persona, económicamente”, indica Sofia. También mencionó que desde la pandemia por la Covid-19 empezó a existir una escasez de muchos microcomponentes y de materias primas que sustentan la tecnología porque, finalmente, las energías renovables dependen del mercado global, y hoy, “mes con mes están cambiando los precios”.
“Algo que nosotros siempre decimos que no es un tema de dinero, que nuestra lucha no es un tema económico, al final se trata de un tema de organización social”, apunta Sofía, porque, como lo menciona, no es lo mismo que una persona compre un panel solar a que lo hagan entre varias personas porque así existiría un apoyo económico desde la colectividad.
Finalmente, aunque aún sea un camino largo por recorrer y los retos están presentes en el proceso, las y los impulsores de estas iniciativas reconocen los aportes que están dejando en esta región para avanzar hacia la autonomía energética e ir desechando – en lo posible – las actuales formas en las que se genera electricidad.
En palabras de Ofelio, “desde la cooperativa y desde las comunidades se ha vuelto una necesidad pensar y soñar otras formas de generar energía”.