Una semana después del femicidio de Florencia Romano, el Ministerio de Seguridad de Mendoza todavía no tiene respuestas para explicar la inacción de la agente policial que recibió el llamado en el sistema 911 que podría haberle salvado la vida; ni la demora en recibir la denuncia por parte de su familia por desaparición y menos sobre la falta de investigación de denuncias previas que tenía el hombre detenido por el asesinato. El crimen de la adolescente puso en evidencia un conflicto estructural, político y social, latente que se repite en otros territorios: la pésima respuesta estatal, la falta de formación en perspectiva de género y el hartazgo de jóvenes, mujeres, lesbianas y trans. Otra vez el Estado no escuchó las alertas.
Florencia tenía 14 años y salió de su casa el sábado 12 de diciembre acompañada de su mamá hasta la parada del colectivo en el departamento mendocino de Maipú. Le había dicho que se iba a encontrar con amigas pero, en verdad, iba a reunirse con Pablo Arancibia, un hombre que la duplicaba en edad y que la había contactado a través de Instagram.
En Argentina, el grooming es un delito penado por la Ley 26.904, incluido en el Código Penal a través del artículo 131. La penalización incluye prisión de seis meses a cuatro años a quien, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones, o cualquier tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.
Las cámaras de seguridad del lugar muestran cuando el hombre señalado como responsable del crimen, la busca en la parada y caminan hasta su casa. Cinco días después de ese encuentro, mientras su familia la buscaba por todos lados, la adolescente apareció asesinada.
Esa misma noche, el Jefe de la Policía, Roberto Munives, dijo en conferencia de prensa: “Estos hechos son evitables con educación, a través del cuidado y el seguimiento que debemos tener los padres sobre los hijos. En el seno familiar debemos tener un diálogo y apertura porque todo se inicia con el engaño a una menor”.
Las declaraciones generaron una fuerte indignación y el colectivo de Comunicadoras Feministas por el Aborto Legal en Mendoza salió con un comunicado para repudiar los dichos del funcionario, pedir su renuncia y resaltar la espectacularización de los medios locales durante la cobertura del hallazgo del cuerpo de Florencia esa tarde.
La bronca por el asesinato y las declaraciones de quienes tenían responsabilidad estatal en prevenir e investigar la desaparición fueron el motor para la movilización. El viernes 18 se hizo una multitudinaria marcha por el centro de la ciudad de Mendoza a la que fueron más de 5000 personas para pedir justicia. A la cabeza, sosteniendo la bandera del colectivo Ni Una Menos, estuvieron las amigas y conocidas de la adolescente. Al canto de “Las pibas no se tocan, carajo”, caminaron una al lado de la otra con lágrimas en los ojos.
Al llegar a Casa de Gobierno, las adolescentes se ubicaron en las escalinatas y se leyó un documento escrito por Ni Una Menos Mendoza. Minutos después algunas manifestantes comenzaron a correr desde el ala este porque en el Palacio Judicial un grupo de personas comenzó a tirar piedras y prender fuego ese edificio. También en la Casa de Gobierno rompieron vidrios, quemaron cortinas y se hicieron pintadas. Desde la organización de la marcha, la vocera de Ni Una Menos, Silvia Fernández, aclaró a medios locales que intentaron frenar a quienes realizaban los destrozos pero no se detuvieron.
Hasta el momento dos ministros y el jefe de la policía dieron una conferencia de prensa para informar especialmente sobre los daños causados después de la marcha organizada por Ni Una Menos en tres edificios públicos: la Casa de Gobierno, el Palacio Judicial y la Legislatura. Sin embargo, nada se dijo en esa primera comunicación de las autoridades del ejecutivo provinciales sobre novedades del femicidio, sino que se mencionó que se tomarían medidas sobre aquelles que hubieran pintado paredes, roto vidrios o incendiado cortinas y los gastos que esto le produciría al gobierno provincial.
Mientras tanto, el reclamo de Justicia de una familia entera y las pibas que sostenían la bandera de Ni Una Menos llorando durante la marcha del viernes quedarían a la sombra de lo que hizo un grupo reducido de personas.
Un crimen evitable
Pablo Arancibia había acosado a otras adolescentes a través de redes sociales. En general, les ofrecía pasar un momento de diversión con fotos de bebidas alcohólicas y dinero pero aún no se conocen los detalles de la conversación que mantuvo con Florencia ya que el supuesto femicida restauró su teléfono a fabrica argumentando que el aparato se había caído. El móvil de la adolescente no ha sido encontrado todavía.
El último trabajo registrado de Arancibia es un trozadero de carne que se ubica cerca de la casa de la familia Romano por lo que si bien se estima que no se conocían desde antes, hay probabilidades de que se hayan cruzado en alguna oportunidad.
El historial de denuncias contra Arancibia se remonta a 2011 y 2014. Dos ex novias lo denunciaron por amenazas graves y por privación ilegítima de la libertad. Las denuncias pasaron a la Fiscalía especial de Violencia de Género donde no se continuó la investigación.
En la casa de Arancibia también vivía Micaela Méndez, de 27 años, la pareja de él. Hoy está imputada por coacción en el femicidio. Primero la detuvieron pero luego fue liberada por falta de pruebas en su contra.
Méndez no estaba en la casa cuando, se supone, Arancibia mató a la adolescente porque estaba visitando a unos familiares. A diferencia de su pareja, la mujer no presenta ninguna lesión. Arancibia la involucró a partir de su declaración cuando contó que los tres tomaban fernet en su casa, cuando se terminó la gaseosa y él salió a buscar otra. Al volver, Méndez, según su versión, había asesinado a Florencia.
La tarde del sábado 12 de diciembre, minutos antes de las 19, se registró un mensaje desde el celular de Florencia dirigido a una amiga que dice que está bien y estaba por tomarse el colectivo para volver a su casa. Sin embargo la fiscal del caso, Claudia Ríos, sospecha que ese mensaje fue enviado por el mismo Arancibia ya que el celular de la chica se apagó a las 19:16. Minutos más tarde, los investigadores estiman que la adolescente fue asesinada.
La primera alerta que el Estado no escuchó fue al 911 a las 18:58 de parte de un vecino que alertó sobre una situación de “violencia de género” y dió la dirección exacta de la vivienda donde estaba la chica: “Padre Vázquez y Berra, de Gutiérrez, Maipú”. Sin embargo, la operadora no encontró la dirección y cortó la comunicación mientras el hombre le decía que la dirección sale en Google Maps y le preguntaba si era policía: “hasta luego, señor, buenas tardes”. Apenas se dio a conocer esta omisión estatal, la agente fue suspendida de su cargo y, luego, fue imputada en la causa que investiga el crimen por abandono de persona. Sin embargo, más allá de su respuesta en particular, se trata de un problema estructural que no se resuelve con castigos express.
Aquella noche alrededor de las 2 hs, las cámaras de seguridad captaron a Arancibia yendo a comprar combustible con un bidón en la mano y de vuelta con el bidón casi por la mitad.
Pasada la medianoche, el hombre pidió a un conocido que le ayude a trasladar “un perro muerto” a un descampado cercano. Esta persona, días después, al tomar conciencia de que el cuerpo era el de la adolescente, contó haber trasladado su cuerpo envuelto en sábanas y mantas a pedido de Arancibia a cambio de dinero. Acompañado de un abogado, dijo también que el femicida intentó prender fuego el cuerpo.
Durante cinco días, a medida que pasaban las horas, la desesperación por encontrar a la adolescente se incrementaba y la esperanza de que estuviera con vida disminuía pero su familia mantenía la esperanza de que su celular se hubiera quedado sin batería.
La madre de Florencia se acercó a la comisaría 19°, oficina fiscal 35°, a hacer la denuncia por desaparición el domingo 13 de diciembre. Según sus declaraciones, la familia no pudo radicar la denuncia de manera presencial porque le pidieron que lo haga de forma virtual.
Una hora y media después, la mujer volvió y funcionarios de la fiscalía la pusieron en contacto con una ayudante fiscal que le tomó la denuncia a través de una videollamada.
El papá de la chica, José Romano, pidió a todos los mendocinos compartir la imagen de su hija porque presentía que no estaba lejos y no quería que saliera de la provincia. La difusión a través de medios de comunicación y redes sociales de la búsqueda y las manifestaciones pidiendo por la aparición de la adolescente fueron intensas durante las primeras horas.
El 15 de diciembre fueron detenidos Pablo Arancibia y Micaela Méndez en su casa gracias al dato del último viaje de Florencia en su tarjeta SUBE. La tarjeta de transporte marcó el viaje que hizo Florencia desde su casa hasta la parada donde Arancibia la buscó pero no el de vuelta. El femicida declaró que la había acompañado a la parada nuevamente para volver a su casa. Recién en ese momento comenzaron los rastrillajes.
El jueves por la mañana declaró el hombre que trasladó el cuerpo de Florencia en su vehículo lo que conduce la búsqueda a un lugar específico. Este testimonio junto con la alerta de un empleado de una empresa de la zona que encontró los restos, lograron dar con el cuerpo de la adolescente.
Esa tarde, alrededor de las 19, los medios de comunicación se acercaron a la zona con el morbo de la posibilidad de que se encuentren los restos de la joven. A las 21, el fiscal de Homicidios, Fernando Guzzo junto a la fiscal Claudia Ríos dieron una conferencia de prensa pero no confirmaron la identidad. Recién a las 2 de la madrugada se confirmó que se trata de la adolescente buscada.
El gobernador Rodolfo Suarez se reunió con la familia de Florencia pero la información no fue comunicada oficialmente.
Legisladores del Frente de Todxs, opositor al gobierno provincial, pidieron que el Jefe de la Policía y el Ministro de Seguridad, Raúl Levrino se presenten en la Legislatura para dar explicaciones sobre el accionar de las autoridades en este caso. La Cámara de Senadores finalmente desestimó el pedido de informe gracias al voto de los legisladores oficialistas. El Estado parece mostrar las resistencias a investigarse a sí mismo. Una frase que se repite entre los feminismos resuena y vuelve a tener, lamentablemente, actualidad: el Estado es responsable y otro femicidio que se podría haber evitado.
