Desde que denunció al legislador tucumano Ricardo Bussi por abuso sexual y usurpación de la identidad en junio, Lupe vive refugiada y bajo amenaza: de su casa se llevaron desde la ropa de sus dos hijas hasta la garrafa de gas. La mujer de 26 años, cuya identidad continúa en reserva, estuvo dos meses escondida porque estaban en riesgo ella y su entorno: la amenazaron de muerte y la hostigan de manera sistemática. Mientras tanto, la causa contra Bussi no avanza más allá de la investigación jurisdiccional sumaria. El hijo del genocida goza de la inmunidad que le otorgan los fueros. El próximo 22 de agosto se cumplen los 60 días para que la jueza Carolina Ballestero solicite a la legislatura tucumana que se le quiten los fueros para poder investigarlo.
En general, los fueros parlamentarios no impiden que se avance en una investigación judicial. Un ejemplo de ello es otro caso que también tiene a Tucumán como protagonista: el ex gobernador de esa provincia José Alperovich está imputado en dos causas judiciales por abuso sexual que avanzan con lentitud. Otro que está a un paso del juicio oral es José Orellana, ex diputado nacional e intendente de Famaillá. En su caso fue denunciado por una ex empleada de la Cámara de Diputadxs en 2016. El Congreso nacional también reaccionó y dispuso una medida de reparación tan histórica como interesante: que la joven denunciante se sume a la planta de la Cámara de Diputadxs como primera integrante del nuevo Departamento de Género y Diversidad.
Lo que limitan los fueros son los allanamientos, por ejemplo. La ley de Fueros determina el régimen de inmunidades para legisladores, funcionarixs y magistradxs y reglamenta el artículo 68 de la Constitución. Fue promulgada en el 2000, después del escándalo por los sobornos en el Senado.
El Código Procesal Penal de Tucumán establece que en los casos en los que las personas denunciadas sean legisladores, funcionarios o magistrados se abre una investigación jurisdiccional sumaria que tiene un plazo de dos meses: se trata de 90 días para recolectar los elementos suficientes. Si se recolectan las pruebas necesarias, se avanza y el juez o la jueza hacen un requerimiento a la Legislatura pidiendo el desafuero de la persona investigada. Sin embargo, finalizado el plazo, si no se hace el requerimiento se archiva y la investigación se suspende hasta que el imputado pierde la inmunidad que le dan los fueros. En el caso de Bussi, que asumió su cargo el año pasado, sería recién en 2023.
“En esta etapa de investigación jurisdiccional sumaria, previa a la causa judicial formal, solamente se recaban pruebas. Por lo que la investigación está prácticamente paralizada: no se pudieron hacer pericias sobre la ropa que la mujer llevaba el día de los hechos, por ejemplo”, dijo a LATFEM Salvador Iovane, el abogado de la joven.
Durante 2019 Lupe trabajó en el partido Fuerza Republicana que preside Ricardo Bussi. Según consta en la denuncia, el 10 de marzo, el legislador la citó en su oficina de la legislatura, la encerró y la “obligó a realizarle sexo oral” en el despacho y luego la dejó salir.
El abuso se dio en el contexto del robo de identidad de Lupe: ella contó que sus datos personales fueron utilizados para abrir una cuenta bancaria a la que se giraron sumas por 600 mil pesos. Según el relato de Lupe, al acercarse en dos ocasiones al banco para cobrar la asignación familiar de Anses se encontró con 600 mil pesos depositados en su cuenta.
La denuncia primero fue presentada en la División de Delitos contra las Personas e Integridad Física de la Policía de Tucumán. Luego, Lupe ratificó sus dichos en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter.
En el escrito presentado ante la fiscalía hay una cronología de los hechos con detalles, lugares y circunstancias desde enero de este año hasta que ocurrió el abuso sexual por parte del hijo del genocida. Desde el comienzo el abogado reclamó al Estado, entre otras medidas, protección de manera urgente para la víctima y para su entorno familiar. Sin embargo, el apoyo y acompañamiento vino desde las organizaciones feministas que hasta juntaron dinero para asistirla económicamente.
Frente a la denuncia de Lupe, las organizaciones feministas tucumanas multiplicaron los esfuerzos de organización: armaron una Mesa contra los abusos del poder político para exigir a la Legislatura el desafuero de Ricardo Bussi y que el poder judicial pueda así avanzar en la investigación. De la Mesa participan decenas de organizaciones sociales, políticas, feministas y de derechos humanos, alrededor de las redes de Ni Una Menos Tucumán y la Multisectorial de Mujeres.
Hablemos de violencias machistas en el poder político
En Argetina hay antecedentes de procesos judiciales y condenas por violencias machistas en el poder político. La más reciente fue la semana pasada cuando la Justicia de Catamarca condenó al intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, a 6 años de prisión por “abuso sexual simple agravado por la guarda”. En febrero de 2015, en un juicio abreviado, el ex intendente de La Banda, en Santiago del Estero, Héctor “Chabay” Ruiz, fue condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitado por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos al confesarse autor del delito de abuso sexual simple. En cuanto a la figura de inhabilidad moral, existe un antecedente en la Cámara de Diputados de la Nación, del entonces representante por la provincia de Catamarca, Angel Luque, expulsado en 1991, tras el femicidio de María Soledad Morales, por defender a su hijo Guillermo, condenado por el crimen.
