Foto de portada: Télam
El colapso ambiental no es un anuncio lejano ni un debate teórico: es el aire que respiramos, el agua que falta, los incendios que arrasan bosques y las sequías que vacían nuestros ríos. Es todo lo que pasa mientras seguimos eligiendo mirar para otro lado. Y aunque los efectos están a la vista —incluso en los precios de los alimentos o en la temperatura insoportable del verano— parece haber un extraño efecto de anestesia colectiva. Como si ignorarlo lo hiciera menos real.
Y en ese contexto, la mejor respuesta que tuvo Argentina fue negarlo. Con Javier Milei a la cabeza, no solo se minimizó la crisis climática, sino que se activaron políticas que parecieran diseñadas para empeorarla. Desde la entrega indiscriminada de recursos a corporaciones internacionales hasta la represión y el despojo de territorios indígenas, su gestión no deja dudas: en su modelo, la naturaleza y los derechos humanos son solo obstáculos para los negocios.
Sin embargo, a pesar de la angustia colectiva y la ansiedad generalizada, las resistencias florecen en cada territorio que se defiende, en cada marcha, asamblea o corte de ruta. Desde las comunidades que defienden los salares andinos donde se explota el litio hasta quienes frenan desmontes ilegales en Chaco o las organizaciones campesinas que luchan por la soberanía alimentaria y la transición agroecológica. Mientras el Gobierno desmantela derechos y reprime, estas resistencias nos recuerdan que hay otra forma de habitar el presente: cuidando, defendiendo y organizándonos frente a un modelo que nos quiere sin tierra, sin agua y sin futuro. La crisis climática ya no es un spoiler de una serie distópica: la estamos viendo en vivo. Pero mientras el mundo se cae a pedazos, el desgobierno de Javier Milei continúa desmontando bosques, reprimiendo a los pueblos que cuidan la vida y firmando acuerdos que le dan vía libre al extractivismo. En esta nota, un recorrido por las “diez joyas” del despropósito que nos dejó el primer año de la gestión libertaria. Y aunque la risa es amarga, las resistencias nos inspiran a seguir luchando. Porque aún hay manos que siembran futuros y no vamos a soltar la esperanza de otros caminos posibles. Elegimos creer.
1. El negacionismo de la crisis climática: dichos y hechos
Javier Milei arrancó su gestión marcando su postura: el cambio climático, según él, es un invento para justificar impuestos y financiamientos a “vagos socialistas”. Ya en campaña, durante el último debate presidencial, aseguró que el cambio climático es parte de un ciclo natural de la Tierra y que culpar a la humanidad era una estrategia de investigadores y organizaciones ambientalistas para recaudar fondos.
Pero la negación no se quedó solo en las palabras y, una vez en que asumió la Presidencia, ese discurso se tradujo rápidamente en políticas que priorizan el extractivismo a cualquier costo, dejando de lado el impacto ambiental y social.
Una de las señales más claras fue el retiro de Argentina de la COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Mientras el resto del mundo debatía cómo financiar la acción climática, el Gobierno de Milei decidió no participar, aislándose de los consensos internacionales. Si bien estas convenciones a menudo perpetúan desigualdades y privilegios para los países del Norte global, siguen siendo espacios de disputa donde los países del Sur pueden reclamar financiamiento y justicia climática. Renunciar a ellos no solo significa abandonar estos debates, sino también perder acceso a recursos cruciales para enfrentar la crisis climática que se expresa en sequías extremas, incendios forestales y otros fenómenos que ya golpean con fuerza a Argentina.
Además, la nueva administración prohibió que dentro de Parques Nacionales se mencione el término “cambio climático” en actividades educativas y comunicados oficiales, según denuncias de trabajadores del área. Este intento de censura pone en jaque el rol pedagógico y de concientización de estas instituciones en un momento donde las comunidades necesitan más información y herramientas para enfrentar la crisis.
2. RIGI: la receta para convertir a Argentina en un país bananero
La Ley Bases de Javier Milei, con su famoso Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), es una carta blanca para que las grandes corporaciones internacionales hagan y deshagan en Argentina. Este modelo no solo entrega bienes comunes estratégicos como el litio, la soja y el gas, sino que lo hace bajo condiciones que rozan la humillación: sin regulaciones ambientales, sin consultas a las comunidades locales y sin ningún compromiso de generar trabajo o desarrollo en las regiones explotadas. El mensaje es claro: todo vale, mientras entren unos dólares.
El esquema del RIGI, que garantiza beneficios fiscales y cambiarios durante 30 años, no es una innovación libertaria, sino una reedición del viejo modelo extractivista de los 90. La promesa de inversiones “modernizadoras” ya demostró ser un fracaso. Los enclaves mineros, petroleros y agrícolas operan como islas dentro del país: extraen recursos, exportan riqueza y dejan a las provincias con crisis ambientales, territorios destruidos y un puñado de empleos precarios. ¿Las cifras millonarias de “inversión”? Generalmente se destinan a maquinaria importada y logística para la propia extracción, sin impacto real en la economía local.
Argentina, con el RIGI como bandera, se posiciona como un país “bananero”, proveedor barato del mundo, donde los recursos naturales se entregan a cambio de migajas. Mientras tanto, los impactos los pagan las comunidades indígenas desalojadas, las familias productoras que pierden sus tierras y el ambiente devastado. Este esquema no es solo una política de saqueo: es un proyecto para perpetuar la desigualdad y la dependencia, haciendo que el país abandone cualquier aspiración de soberanía y justicia social.
3. Ministerio de Ambiente, ¡afuera!: un retroceso institucional y simbólico
La decisión de degradar el ministerio de Ambiente a una subsecretaría dependiente del ministerio del Interior no se trata de un cambio administrativo: es un mensaje político claro sobre las prioridades del gobierno. Este recorte institucional reduce significativamente la capacidad de formular y ejecutar políticas ambientales en un contexto de crisis climática global. Sin autonomía, estructura ni recursos suficientes, el área queda relegada al último lugar de la agenda, en un país que enfrenta desafíos como la deforestación, las sequías extremas y los incendios forestales.
Bajo esta nueva estructura, temas clave como la protección de bosques nativos, la regulación de actividades extractivas o la promoción de una transición ecosocial energética pierden espacio frente a los intereses corporativos. La subsecretaria Ana Vidal de Lamas ha minimizado la responsabilidad humana en el cambio climático, alineándose con la narrativa negacionista del gobierno. Este retroceso institucional refuerza un modelo donde las políticas ambientales no son un derecho, sino un obstáculo para el mercado, dejando a las comunidades y los ecosistemas en una situación de vulnerabilidad extrema.
4. Militarización y criminalización en Vaca Muerta (y más allá)
El avance del extractivismo bajo el Gobierno libertario no sólo se sostiene con leyes como el RIGI, sino también con una creciente militarización de los territorios. Con Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad, el control territorial se convirtió en una prioridad. El objetivo es claro: garantizar que no haya impedimentos para la implementación del modelo extractivista. Esto incluye la represión de las comunidades que defienden sus territorios, criminalizando la protesta y utilizando a las fuerzas de Seguridad como brazo ejecutor de las corporaciones.
En Vaca Muerta, yacimiento petrolífero ubicado en la cuenca neuquina, la militarización se hizo evidente con la intervención del Comando Unificado de Seguridad Productiva, un dispositivo que combina fuerzas federales y provinciales bajo la excusa de “proteger la actividad económica”. En la práctica, esto significó desalojos violentos, como el ocurrido en el territorio del Lof Campo Maripe, donde las comunidades mapuche fueron reprimidas para garantizar el acceso de las petroleras. Además, se impusieron sanciones económicas a quienes bloquearon el avance extractivo, utilizando el sistema judicial para hostigar a las comunidades indígenas y asambleas socioambientales. Así, se busca allanar el camino para las empresas internacionales, priorizando los intereses corporativos por encima de los pueblos y sus territorios.
5. Políticas de entrega y retrocesos en Soberanía Alimentaria
El Gobierno de Javier Milei ha implementado medidas que profundizan la dependencia y precariza la producción local de alimentos, como señala el informe Rascar la olla realizado por el CELS (Centro de Estudios Sociales y Legales) y la Fundación Rosa Luxemburgo, sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses del gobierno de Milei. En los primeros meses de gestión se desmantelaron programas esenciales como “Sembrar Soberanía Alimentaria”, “Agregado de Valor para Cooperativas Agroindustriales”, “Impulso al Desarrollo de las Economías Regionales”, “Fortalecimiento en Agroturismo Sustentable” y “Mujeres Produciendo Alimentos” entre muchos otros clave para fortalecer la agricultura familiar y garantizar el acceso a alimentos saludables y económicos.
En dicho informe, se relevaron 51 políticas vinculadas a la producción de alimentos de las cuales 49 fueron eliminadas o desfinanciadas en detrimento de la producción. Además, se prohibieron investigaciones del INTA sobre cambio climático, agroecología y sustentabilidad, debilitando la capacidad de respuesta frente a la crisis climática y alimentaria. Aunque el intento de derogar la Ley de Tierras fue frenado por la Justicia, las políticas actuales —como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)— siguen avanzando en la entrega de recursos naturales a capitales extranjeros. Este modelo de “apertura económica” prioriza intereses corporativos sobre las necesidades locales, agravando las desigualdades territoriales y amenazando la soberanía alimentaria.
6. Desmonte en Chaco: arrasar con los bosques y profundizar las desigualdades
El avance del agronegocio y los monocultivos no reconoce grietas ni colores partidarios. En Chaco, el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobado por la Legislatura provincial, permite desmontar miles de hectáreas de monte nativo, favoreciendo la expansión de la frontera agropecuaria. La decisión fue tomada de madrugada, con poca o nula consulta pública, y en clara violación a la Ley de Bosques. Esta decisión no es aislada: es el resultado de una alianza explícita entre gobernadores, el Congreso y el gobierno nacional, donde el interés por maximizar la rentabilidad del agronegocio prima sobre la conservación de los ecosistemas y los derechos de las comunidades locales.
El desmonte no sólo amenaza la biodiversidad de una de las provincias con mayor riqueza natural, sino que también profundiza las desigualdades sociales en una región que ya enfrenta índices alarmantes de pobreza. Organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denuncian que estas políticas no sólo destruyen el ambiente, sino que desplazan a comunidades campesinas e indígenas, empujándolas a los cordones urbanos de pobreza. A su vez, facilitan prácticas laborales cercanas a la explotación y la trata de personas, promovidas por empresas vinculadas al negocio agroindustrial.
7. Cierre del Instituto de Agricultura Familiar: negar otros futuros posibles
El cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) no es solo un golpe hacia las 900 personas que ejercían roles técnicos que fueron despedidas: es un ataque directo a las formas de vida campesinas y comunitarias que sostienen alternativas frente al modelo agroindustrial. Estos equipos venían realizando un trabajo clave en territorios rurales, acompañando a 250 mil pequeños productores y productoras en tareas que van desde el acceso a tecnología y asesoramiento agroecológico hasta el fortalecimiento de ferias y redes locales de producción y consumo. Aunque el instituto fue desmantelado, muchas de estas personas continúan acompañando a las comunidades por compromiso personal, manteniendo vivas prácticas que hablan de otros futuros posibles.
Bajo la narrativa de “reducción de gastos”, el Gobierno dejó oficinas cerradas, programas suspendidos, mobiliario acumulando polvo y vehículos inmovilizados. Recursos que podrían estar al servicio de las comunidades rurales enfrentando sequías, plagas, falta de infraestructura y mercados saturados por las grandes cadenas de comercialización.
El cierre del INAFCI no solo significa la pérdida de herramientas materiales, sino también de una estructura estatal que garantizaba derechos a quienes producen el 70% de los alimentos que consumimos en Argentina, con métodos respetuosos de los ecosistemas y las personas. En un país donde la inseguridad alimentaria afecta a millones, cerrar el INAFCI no es un ajuste, es un acto de sabotaje contra la soberanía alimentaria y la posibilidad de un futuro más justo e igualitario.
8. Incendios y desfinanciamiento: el ataque al bosque nativo en Córdoba
El desfinanciamiento de la Ley de Bosques y el desmantelamiento del Fondo Fiduciario para la Protección de Bosques Nativos han dejado a las provincias sin recursos para enfrentar una crisis ambiental que se agrava año tras año. El bosque nativo no es solo un refugio de biodiversidad, sino un regulador crítico del clima en un momento en que las sequías, olas de calor y lluvias extremas son cada vez más frecuentes.
Córdoba, uno de los epicentros de esta emergencia, enfrenta incendios forestales cada temporada, con pérdidas irreparables de bosque nativo, un ecosistema clave en el contexto de la crisis climática por su capacidad para enfriar el planeta, conservar el agua y proteger la biodiversidad. Lejos de ser un accidente, estos incendios recurrentes han facilitado el avance de la frontera agropecuaria y del negocio inmobiliario, dejando al descubierto los intereses detrás de la falta de políticas efectivas de prevención y respuesta.
En este contexto, el protagonismo ha recaído en las comunidades locales, donde decenas de colectivos de brigadistas formados por vecinos y vecinas han asumido la tarea de proteger sus territorios. Estas personas, muchas veces sin equipamiento adecuado ni apoyo estatal, enfrentan el fuego con recursos limitados y un compromiso inquebrantable con su entorno.
9. Abandono ante emergencias ambientales: traje militar y promesas vacías
El manejo de Javier Milei ante las emergencias ambientales se ha limitado a apariciones teatrales sin respuestas concretas. Durante el temporal en Bahía Blanca que dejó 13 personas muertas y cientas de damnificadas. El Presidente llegó vestido de militar,aseguró que “con los recursos existentes” los vecinos podrían resolver la situación, dejando claro que no habría ayuda desde Nación. Mientras tanto, el gobierno bonaerense desplegó alimentos, agua y suministros básicos, contrastando con la falta de acción concreta del Ejecutivo nacional.
La misma actitud se replicó tras los incendios masivos en Córdoba. Milei, nuevamente en traje militar, recorrió la zona afectada en helicóptero y, repitiendo frases motivacionales, destacó la “resiliencia” de los habitantes, pero no ofreció soluciones ni recursos para enfrentar el desastre. La insistencia del mandatario en que “las sociedades se regulan solas”, refleja un modelo que desmantela las estructuras estatales destinadas a asistir a las poblaciones en contextos de crisis. Este abandono no solo agrava las emergencias actuales, sino que perpetúa la vulnerabilidad de las regiones más afectadas por el cambio climático y los desastres naturales.
10. Ataque a los derechos indígenas: habilitar el saqueo y silenciar las resistencias
La reciente derogación de la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena es parte de una estrategia doble: por un lado, liberar territorios para proyectos extractivistas; por el otro, atacar a los pueblos originarios que, desde su preexistencia al Estado, defienden la vida. Este decreto expone a miles de comunidades al desalojo, dejando sus tierras en manos de corporaciones interesadas en explotar recursos como el litio, el gas y los minerales estratégicos.
El Gobierno libertario justifica esta medida con argumentos de “modernización” y “desarrollo”, pero lo que realmente busca es debilitar las protecciones legales que sostienen los derechos indígenas. Estas comunidades no solo enfrentan la pérdida de sus territorios, sino también la criminalización de su lucha. La represión y judicialización de quienes defienden sus tierras son mecanismos clave para garantizar la expansión del modelo extractivista. Las tierras comunitarias, esenciales para la biodiversidad y la regulación climática, están en riesgo. Mientras tanto, los pueblos indígenas continúan resistiendo, recordándonos que su lucha es también una defensa del futuro de toda la población.
