Fotos: MAURO TOMASINI
El acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia son los tres pilares que sostienen este primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, el primero en el mundo que tiene disposiciones específicas sobre defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Uruguay fue uno de los primeros países en ratificar el Acuerdo, a través de la Ley Nº 19.773, el 17 de julio de 2019. Detrás del texto que conocemos hoy, que se repasará durante estos días en la COP para reglamentar su implementación, la participación del Público, el funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento y cómo se financiará esta puesta en marcha, estuvo Marcelo Cousillas. Este abogado ambiental es gerente del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente uruguayo, trabaja desde hace más de una década en las negociaciones del tratado, presidió el Comité Jurídico de revisión del texto que finalmente se convirtió en el instrumento regional y será parte de la reducida delegación oficial, junto a un representante de Relaciones Exteriores del país.
El Acuerdo de Escazú entró en vigor a nivel regional el 22 de abril del año pasado ratificado por Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, además de Uruguay. Fue firmado por 24 países de la región: uno de los últimos fue Chile, después de algunos vaivenes en el apoyo y de la mano del nuevo gobierno de Gabriel Boric.
Escazú ha recibido críticas en países donde su aplicación sería indispensable para fortalecer la defensa de la vida de las personas defensoras del ambiente y los territorios, como Colombia. Con un posicionamiento similar a los de sectores anti-derechos en derechos sexuales, ciertos sectores anti-Escazú dicen que el tratado afectaría la soberanía nacional de cada país. Para Cousillas estas críticas vienen de “sectores minoritarios”. “Algunos intencionados, pero sin fundamentos -dice-, otros vinculados a políticas o intereses que van cambiando como Chile, que firmó recientemente, y otros que presentan oposiciones basadas en cuestiones jurídicas internacionales que, sinceramente, no son correctas y denotan que no conocen el acuerdo en profundidad”.
Para Cousillas, Escazú es “una oportunidad para mejorar y ajustar la normativa nacional”, considerando que el Ministerio de Ambiente (MA) fue creado recién en julio de 2020, como parte del extenso articulado de la Ley de Urgente Consideración ratificada por referéndum el 27 de marzo pasado. Y, si bien tiene bajo su potestad las políticas de protección ambiental y centraliza toda información que refiera a “la situación del ambiente en el país”, quedaron por fuera de sus competencias algunas cuestiones como el control de plaguicidas y aplicación de agrotóxicos, que sigue bajo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) o el ordenamiento territorial que depende de los gobiernos departamentales.
Esta falta de acción del MA sobre ciertas áreas es criticada por organizaciones como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) o por el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Institución Nacional de Derechos Humanos (GT-INDDHH), pero Cousillas remarcó que “el Estado uruguayo garantiza el acceso a la Justicia y tiene una Ley de Acceso a la Información Pública (18.831) y mecanismos de participación ciudadana, y el Acuerdo nos permite corregir y adecuar esto para que, por ejemplo, la información ambiental esté disponible para todas las personas”.
Sin embargo, “la sociedad civil uruguaya reclama que hay barreras físicas para acceder a la información ambiental pública, en especial para quienes viven fuera de la capital”, destaca Rosana Medina de la INDDHH. “Tener una ventanilla única donde puedan recepcionar demandas ambientales y contar con una derivación interinstitucional al organismo correspondiente, según la problemática ambiental, sería lo deseable”, sigue la abogada al sintetizar parte de las propuestas ciudadanas del GT. Cousillas no cree que sea viable la ventanilla única, aunque sabe que “hay que hacer una cultura del acceso a la información que esté a disposición del público, no solo dejar accesible la información o los datos en bruto, sino lograr traducir la información técnica”.
El periodista ambiental Víctor Bacchetta del MOVUS se ha vuelto experto en presentar solicitudes de acceso a la información pública, en responder ante las prórrogas a las que apelan los organismos públicos y en recordarles cuando están en falta. Sabe, por eso, que todavía no es fácil ni mucho menos intuitivo o accesible para cualquiera presentar una solicitud de este tipo y, si bien reconoce que el MA responde más y mejor que cuando era una Dirección Nacional, resalta que este mecanismo debería ser más fácil y estar a disponibilidad en todo el país. Hoy por hoy, mucha documentación sigue centralizada en Montevideo, lo que dificulta el acceso para quienes no viven en la capital. Lo mismo pasa cuando alguna respuesta se obtiene en otro departamento, por caso, Salto, como le pasó a Víctor: “Por suerte yo conozco gente en gran parte del país y le pedí a un amigo que fuera a retirar la respuesta en la oficina salteña y me la enviara por correo a mi casa en la costa, pero esto no puede hacerlo casi nadie”.
Ya en septiembre de 2020, desde el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Medio Ambiente las organizaciones sociales habían recomendado al Estado uruguayo que modificara la normativa nacional y la institucionalidad ambiental de acuerdo a lo previsto en Escazú, con el presupuesto necesario, que fortaleciera el Plan Nacional Ambiental y cumpliera con el Plan Nacional de Agroecología. Hasta el momento todo esto no pasó.
Apelar a Escazú puede implicar cierto impulso o presión para que las leyes ya vigentes en Uruguay que garantizan el acceso a la justicia o refieren a la participación pública y, en especial, al acceso a la información, se cumplan en tiempo y forma. En noviembre de 2020, Bacchetta y Ana María Calviño presentaron un amparo judicial para que se suspendieran la construcción de la segunda planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM en el departamento de Durazno, tomando al Acuerdo de Escazú como parte de los argumentos legales a tener en cuenta porque les daba “más elementos a favor del Derecho a la Información y del acceso a la justicia en temas ambientales”, dijo el fundador del MOVUS a LatFem.
En el amparo indicaron que las obras se habían iniciado sin cumplir los requisitos para aprobar la línea de base ambiental y el sistema de descarga de los efluentes en el Río Negro. Aunque el recurso fue desestimado por la Justicia, se generó un antecedente importante para apelar a Escazú como parte de la exigibilidad de “los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”. “Como órgano de fiscalización, el propio Ministerio de Ambiente incumple la normativa en procesos de autorización ambiental, por ejemplo, al subdividir un proyecto extractivista como UPM y dar autorizaciones paralelas, en vez de hacer una evaluación del impacto ambiental en su conjunto”, añadió Bacchetta.
Expectativas
Entre las cuestiones que el Estado uruguayo debe hacer para “adecuar” el tratado a la realidad nacional, Cousillas dijo que hay que “aumentar el nivel de litigiosidad”. El jerarca entiende que “tenemos que despertar el interés individual de la gente para incrementar la participación colectiva”. Bacchetta afirma que el interés está, pero la Justicia “no acepta la defensa de derechos difusos: si no sos el directamente afectado no te dejan litigar en nombre del interés social, lo que dificulta también la prevención”. “Uruguay se caracteriza por tener leyes muy lindas, pero después no se cumplen”, criticó el periodista y argumentó: “Tenemos un marco jurídico importante, pero la eficacia es muy baja y no hay preparación del sistema judicial en derecho ambiental”. Desde la INDDHH, Medina considera que se requiere “más formación en derecho ambiental” para mejorar el abordaje técnico en estos casos.
Con un modelo productivo basado en proyectos extractivistas que impactan en territorios y comunidades, como la apuesta por la agroindustria con paquetes tecnológicos a base de transgénicos, los monocultivos de árboles y la celulosa, Bacchetta dice que las luchas ambientales prioritarias hoy en Uruguay son la defensa del agua y el uso a la tierra, donde la participación de la sociedad civil es central, pero debe ser escuchada y debe contar con los recursos suficientes para que no se sostenga solo por quienes tienen fondos propios o facilidades de traslado.
Con los ojos de la región puestos en la reglamentación de un tratado como Escazú donde la participación del público es central, la COP1 puede funcionar como una ola que mueve los sedimentos y agita hasta crear nuevas formas de activismo. “Escazú aborda temas trascendentes de forma innovadora”, dice Cousillas con fuertes expectativas en esta conferencia que será “muy significativa a nivel político y simbólico”. Habrá que seguir de cerca estos tres días intensos en Chile.
Con los ojos de la región puestos en la reglamentación de un tratado como Escazú donde la participación del público es central, la COP1 puede funcionar como una ola que mueve los sedimentos y agita hasta crear nuevas formas de activismo. “Escazú aborda temas trascendentes de forma innovadora”, dice Cousillas con fuertes expectativas en esta conferencia que será “muy significativa a nivel político y simbólico”. Habrá que seguir de cerca estos tres días intensos en Chile.
Este artículo es parte del programa de cobertura de la COP1 del Acuerdo de Escazú apoyado por Climate Tracker y FES Transformación.
La inauguración de la COP1 este miércoles 20 a las 10 (ARG/URU) se transmitirá en vivo y hablarán el Presidente de Chile, Gabriel Boric; la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr; Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina; las representantes electas del Público, Andrea Sanhueza y Karetta Crooks-Charles, y Mario Cimoli, el Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL.
La COP 1 es la Conferencia de las Partes que reúne por primera vez a autoridades y representantes oficiales de los países que ya forman parte del Acuerdo de Escazú.