Diseño e ilustración de portada: Rocío Fernández Fuks y Seelvana.
En Catamarca, como en buena parte del norte argentino, el aborto fue siempre un secreto a voces. Nadie hablaba de él en público, pero todas sabían dónde preguntar, a quién buscar, cómo hacerse de una pastilla, de un té, de una receta escrita a escondidas en un papelito doblado. Era una práctica ancestral, un saber transmitido entre comadres, entre mujeres. Sin embargo, lo que dependía de médicos, jueces o funcionarios no era el acceso, sino la vida o la muerte: si el aborto se resolvía con acompañamiento o si se convertía en una condena.
El peso de la Iglesia, el conservadurismo de las instituciones y la vigilancia sobre los cuerpos hicieron que, durante décadas, la maternidad no fuera una elección, sino un destino impuesto. No se discutía. Se asumía. Y quienes intentaron cuestionarla fueron castigadas.
Es en este contexto que, hace más de seis años, empezó a gestarse un espacio disruptivo dentro de la Maternidad Provincial de la capital: un equipo interdisciplinario conformado por médicas, psicólogas y trabajadoras sociales que garantizaba interrupciones del embarazo por las causales no punibles. Y aunque la ley las amparaba, lo hacían a escondidas, en la clandestinidad. Porque hablar abiertamente de aborto dentro de un hospital público era —y sigue siendo, para muchas personas— una herejía.
Catamarca es una provincia de contrastes. Con sus 102.602 km² de extensión, sus paisajes van desde los Valles Calchaquíes hasta la aridez extrema de la Puna. La capital, San Fernando del Valle de Catamarca, concentra a 160.000 de los más de 429.000 habitantes de la provincia, mientras que en los pueblos del interior la vida transcurre en pequeños caseríos dispersos, a veces a cientos de kilómetros del centro urbano más cercano. El clima, con temperaturas que superan los 40°C en verano y llegan a bajo cero en invierno, impone desafíos que van mucho más allá de la geografía: el aislamiento, la falta de transporte y la ausencia de servicios básicos convierten al acceso a la salud en una carrera de obstáculos.
Catamarca no tiene un sistema integral de atención gineco-obstétrica para acompañar procesos de interrupción, lo que deja un vacío que impacta directamente en la salud de niñas y adolescentes.
“Al principio era el boca a boca. Las pacientes llegaban con miedo, susurraban el nombre de alguna de nosotras para que las atendieran. No podían decir ‘quiero abortar’, decían ‘estoy embarazada y no quiero’”, recuerda una de ellas.
Hasta 2020, Catamarca no figuraba en el mapa del acceso a derechos sexuales y reproductivos. No había estadísticas, ni equipos formales, ni funcionarios que asumieran el tema como una política pública. Lo que sí había eran misas de desagravio cuando se hablaba de aborto en la Legislatura, médicos que negaban la atención a adolescentes víctimas de abuso, grupos organizados que hacían guardias en hospitales para evitar que las mujeres abortaran. Pero las mujeres seguían abortando. Lo que cambió fue que con la ley 27.610 dejaron de susurrarlo.
“El día que se aprobó la ley fue muy simbólico. Hasta ese momento, las mujeres entraban al hospital tratando de pasar desapercibidas. Pero un día llegamos y había quince pacientes sentadas en la sala de espera, diciendo en voz alta que estaban ahí para una ecografía de IVE”, recuerda con emoción una de las trabajadoras a cargo de los talleres informativos en la Maternidad de Catamarca. “Ya no había vergüenza, ya no había miedo. Habían asumido que era su derecho”.
Sin embargo, esa emoción enseguida tuvo su contrarreacción: la conquista del derecho no implicó su garantía. El equipo interdisciplinario tuvo que seguir peleando, no solo contra el estigma social sino contra la violencia institucional. “Si bien nosotras ya habíamos construido nuestra propia legitimidad, porque veníamos trabajando en esto –no fue que un día nos dijeron ‘listo, ahora hay que hacer abortos’ y salimos a garantizarlos– y la ley nos dio un gran paraguas, nos siguen llamando ‘las aborteras’, seguimos en la clandestinidad. A las pacientes que ya nos conocen les dicen que no vayan al consultorio externo, que nos busquen directamente a nosotras”, cuentan.
En la puerta de la Maternidad, todavía hoy, hay una mesa de oración permanente. No están en verano porque el calor es insoportable y ni los santos se atreven a tanto, pero en cuanto bajan las temperaturas, vuelven. Llevan cruces, estampitas, rosarios. A veces intentan convencer a las usuarias. Otras tantas las insultan. “Cuando presentamos el protocolo de atención en 2018, estaban afuera clavando cruces. Después, viralizaron nuestras fotos con el título de asesinas”.
Lo que se pensó como una política de salud pública, aún hoy no termina de consolidarse. Desde el equipo cuentan que sigue habiendo colegas que boicotean la práctica, historias clínicas que desaparecen, pacientes a las que les dicen que no hay medicación cuando sí la hay, médicos que responden “yo no hago eso” y miran para otro lado. Sigue habiendo denuncias, amenazas, mujeres a las que convencen para que continúen embarazos que no desean.
En definitiva, el acceso sigue dependiendo de voluntades individuales. “Tuvimos que hacer, y seguimos haciendo, trabajo de uno a uno. Primero con seguridad, después con las secretarias, después con otros médicos y enfermeras. Explicarles, sensibilizar. Algunas personas entendieron, otras no. Algunas nos acompañaron, otras nos denunciaron”.
Una puerta de entrada al sistema de salud
El desmantelamiento de políticas públicas a nivel nacional –como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA)– agudiza una carencia de esta provincia: Catamarca no tiene un sistema integral de atención gineco-obstétrica para acompañar procesos de interrupción, lo que deja un vacío que impacta directamente en la salud de niñas y adolescentes. Sin recursos ni respaldo institucional, las profesionales sostienen la práctica con estrategias de contención entre pacientes y redes feministas.
Para muchas mujeres y personas gestantes, la consulta por la IVE es la primera vez que entran en contacto con el sistema de salud de manera informada y autónoma. La atención integral que brinda el equipo también incluye consejerías en salud sexual y reproductiva, información y acceso a métodos anticonceptivos y espacios de escucha. Sin embargo, el gobierno provincial sigue sin fortalecer estos circuitos.
A nivel provincial, no hay una política clara que respalde el acceso: la continuidad de la IVE en el sistema de salud no está garantizada por el Estado, sino por decisiones particulares que pueden modificarse en cualquier momento. “Garantizamos la práctica porque el director del hospital todavía compra el medicamento. Pero si mañana cambia, todo puede caerse”, advierte una de las médicas del equipo de la Maternidad.
En diciembre de 2024, el gobierno provincial pidió estadísticas sobre natalidad al equipo interdisciplinario e intentó responsabilizar a la Ley IVE por la baja en los nacimientos. Sin embargo, los datos evidencian que la caída de la natalidad es una tendencia sostenida –en la Argentina y el mundo– desde hace más de dos décadas. Según registros oficiales del propio equipo interdisciplinario, la tasa de natalidad en Catamarca pasó de 21,7 nacimientos cada mil habitantes en 2000 a 12,9 en 2023. Este descenso, lejos de deberse exclusivamente al acceso a la IVE, puede responder a múltiples factores, como el acceso a anticonceptivos, la educación sexual y la crisis económica, que afecta las decisiones de muchas personas sobre maternar en un contexto de incertidumbre.
“Intentaron instalar la idea de que ahora las mujeres abortan más y por eso hay menos nacimientos, cuando en realidad lo que sucede es que cada vez más mujeres eligen cuándo y cómo maternar”, explica una de las trabajadoras de la Maternidad. Sin embargo, los datos lo desmienten: en 2023, el total de interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia fue de 1.015, y en 2024, de 998, lo que muestra que el acceso se mantiene estable a pesar de los obstáculos crecientes.
En cuanto a interrupciones legales (ILE) en el segundo trimestre, el informe de la Maternidad Provincial indica un aumento en los últimos años: 59 casos en 2022, 85 en 2023 y 102 en 2024. “No es que ahora hay más abortos, es que ahora las mujeres se informan y toman decisiones”, señalan desde el equipo interdisciplinario. Para ellas, la crisis también influye. No se puede hablar de natalidad sin hablar del contexto económico y social.
A estas trabas discursivas se le suman la falta de recursos y la reticencia del Estado a cumplir con la ley. Esto se traduce, por ejemplo, en que mientras las autoridades provinciales buscan argumentos para limitar el acceso a la IVE, las profesionales denuncian el abandono del Estado y la falta de recursos. La descentralización de la práctica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) sigue sin concretarse, y muchas personas deben viajar cientos de kilómetros para acceder a un aborto. En 2024, la mayoría de las pacientes atendidas en la Maternidad provenían de la capital, pero hubo derivaciones de lugares tan distantes como Belén, Santa María o Antofagasta de la Sierra, que se encuentran a más de 200 kilómetros de la ciudad. “Nosotras sabemos que muchas se quedan en el camino. No llegan porque no tienen dinero, porque no tienen información o porque en sus pueblos todavía les dicen que el aborto no se hace o que ya no es legal”, sostiene una de las profesionales de la salud de la Maternidad.
Las redes de acompañamiento entre usuarias y profesionales son la clave para sortear estos obstáculos. “La recomendación entre usuarias sigue siendo nuestra mejor estrategia”, explica la psicóloga del equipo. Sostiene que si el acceso sigue en pie, no es por la institución, que si bien compra los medicamentos, no hace ningún tipo de difusión: “Es por la información que circula entre las mujeres, por la confianza que construimos con ellas, porque el Estado nos suelta la mano, pero entre nosotras nos seguimos sosteniendo”.
Acompañar en soledad
Cuando se trata de interrupciones en el segundo trimestre del embarazo, en todo Catamarca solo una médica las practica. También es parte del equipo interdisciplinario y es la única que, cuando los abortos se judicializan, cuando las niñas violadas llegan tarde, cuando las mujeres que fueron frenadas por la burocracia estatal ya no tienen margen de maniobra, interviene.
“Hago todo lo posible para evitar que lleguen al quirófano”, asegura la médica que asume gran parte de las intervenciones. Acompaña cada historia, cada decisión, para que las interrupciones se resuelvan antes. Hace su trabajo con la certeza de que, si ella no estuviera ahí, esas mujeres no tendrían a nadie. Solo una instrumentadora la acompaña. El resto –enfermeras, anestesiólogos, otros instrumentadores– se para a sus espaldas. La observan, hacen chistes, la acusan. “A veces, mientras estoy operando, me dicen ‘¿y después de esto podés dormir tranquila?’”.
“Intentaron instalar la idea de que ahora las mujeres abortan más y por eso hay menos nacimientos, cuando en realidad lo que sucede es que cada vez más mujeres eligen cuándo y cómo maternar”, explica una de las trabajadoras de la Maternidad.
El contexto actual pone en jaque todo lo que se había logrado. “Nos costó años construir una red de acceso dentro del hospital. Aunque el estigma nunca desapareció y seguimos operando en una clandestinidad simbólica, habíamos logrado que las mujeres encontraran un espacio seguro dentro del sistema de salud. Pero ahora estamos viendo cómo esos logros se desvanecen”, se lamenta la profesional.
Con el desmantelamiento de programas, el desabastecimiento de misoprostol en centros de salud y la vuelta de discursos violentos en la política y en los medios, lo que antes era difícil, ahora se vuelve aún más hostil. En lugar de avanzar hacia una mayor institucionalización del derecho, el acceso vuelve a depender cada vez más de la voluntad individual y de redes informales de resistencia.
Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Salud de la Nación dejó de enviar misoprostol, mifepristona y cánulas para la Aspiración manual endouterina (Ameu) a hospitales y centros de salud, dejando en manos de cada jurisdicción provincial la compra y distribución de los medicamentos esenciales para garantizar la IVE. En provincias con menos recursos, esto se traduce en escasez y barreras adicionales para quienes necesitan acceder a la práctica. En Catamarca, las profesionales denuncian que los envíos de anticonceptivos también se redujeron drásticamente, lo que afectó la prevención y aumentó el número de embarazos no deseados.
Los obstáculos institucionales se combinan con la hostilidad dentro del sistema sanitario. “No hay un solo caso de interrupción voluntaria del embarazo en niñas que no haya sido escrachado por grupos antiderechos. No hay una sola médica que no haya sido señalada, expuesta, amenazada”, dice la trabajadora social. En redes sociales, en hospitales, en las calles, los discursos de odio se convirtieron en un mecanismo de disciplinamiento contra quienes garantizan derechos.
Pero en esta hostilidad, también hay resistencia. “Nosotras trabajamos para la vida”, dice, con tono firme la psicóloga, mirando con complicidad a sus compañeras del equipo interdisciplinario, que también son sus amigas. “No la vida que los grupos antiderechos dicen defender, sino la vida real de las mujeres. Las que quieren ser madres y las que no. Porque de eso se trata: de elegir”.
Abortar en el interior del interior
Si garantizar un aborto en la capital provincial es difícil, en el interior es casi imposible. Las distancias y la falta de información son las principales barreras para muchas mujeres del norte del país. En Catamarca, una provincia extensa y con territorios rurales aislados, acceder a un aborto implica viajar cientos de kilómetros, costear pasajes, depender de los escasos horarios que ofrecen los medios de transporte y enfrentarse a un sistema de salud que, en muchos casos, elige mirar para otro lado.
Las barreras estructurales del sistema de salud refuerzan estas desigualdades, así lo sostienen en el Monitoreo Social y Lingüístico de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Derechos Sexuales y Reproductivos en Pueblos Indígenas y Poblaciones Campesinas realizado por el Colectivo de Católicas por el Derecho a Decidir. En el informe detallan que, en Catamarca, las distancias hasta los centros de salud varían entre 40 minutos y 9 horas, y en zonas de alta montaña, cuando llueve o nieva, las personas deben ser trasladadas en angarillas hasta la ambulancia. En Santa María, por ejemplo, el hospital central tiene solo 25 camas para una población de 30.000 personas, y en algunas zonas rurales, las mujeres embarazadas deben viajar meses antes del parto y alquilar habitaciones precarias para asegurarse atención médica.
En 2023, el total de interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia fue de 1.015, y en 2024, de 998, lo que muestra que el acceso se mantiene estable a pesar de los obstáculos crecientes.
En la ciudad de Belén, una de las localidades más grandes del oeste catamarqueño, recién hace poco tiempo dos médicas comenzaron a sostener un consultorio de IVE, aunque con grandes limitaciones. Una de ellas lleva algunos años más garantizando el acceso en la zona y sostuvo la atención incluso cuando el Plan ENIA dejó de existir en abril de 2024. Su actual compañera llegó en septiembre de 2024, después de haber formado parte del equipo de la capital y de haber trabajado en el sur del país, donde también ayudó a formar un equipo interdisciplinario de acceso al aborto.
Pero la diferencia entre la ciudad y el interior no es solo de kilómetros. Es también una diferencia de contención, de acompañamiento, de redes. “Muchas pacientes llegan sin información. Algunas vienen convencidas de que el aborto ya no es legal. Otras se enteran del derecho tarde, cuando ya no hay margen y tienen que viajar para ser atendidas”, explican las médicas para quienes este tipo de desinformación es un accionar político de los grupos y profesionales antiderechos.
Aunque ellas insisten en una mayor cobertura y han sido acompañadas por el municipio para garantizar traslados y conseguir medicación, por el momento el consultorio funciona solo un día a la semana y sin turnos programados, lo que genera una sobrecarga constante. “Además de sus 12.000 habitantes, Belén nuclea a muchas localidades del interior. Hay zonas como Andalgalá, que tiene médicos y hospital, pero no garantizan la práctica. Entonces las pacientes tienen que viajar 80 kilómetros o más para atenderse con nosotras”, cuentan.
En este escenario, la articulación de las profesionales de Belén con la Maternidad Provincial y el Ministerio de Salud es clave. “Siempre hemos estado acompañadas por el equipo de la maternidad. Nos han guiado, nos han recibido pacientes cuando hemos necesitado derivar. Sin embargo, el acceso al aborto en estos territorios sigue dependiendo de estrategias informales. “Hemos tenido que trasladar medicación en ambulancia o enviarla con personas de confianza para que llegue en tiempo y forma. A veces hacemos videollamadas para acompañarlas. No hay otra forma de hacerlo”.
El contexto rural también marca una diferencia en la decisión de muchas mujeres. “Cuando consultan tarde y les decimos que tienen que viajar a la Maternidad, algunas desisten. No quieren ir. Entonces continúan con su embarazo. Son pocos los casos, pero los hay”, relatan desde el equipo.
Además de la falta de infraestructura, el acceso a la salud sexual y reproductiva también se ve obstaculizado por la desinformación y la objeción de conciencia. Según los datos arrojados por el monitoreo, el 84,1% de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria del embarazo no recibieron la práctica dentro del plazo legal establecido. Muchas mujeres indígenas y campesinas no tienen acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos en su lengua ni en formatos adecuados para sus comunidades.
“Nosotras seguimos poniendo el cuerpo, viajando a la capital para hacer interrupciones de segundo trimestre porque no hay quién más lo haga. A veces juntamos varias pacientes y vamos todas juntas, porque no podemos viajar cada semana”.
El acceso sigue dependiendo de voluntades individuales. Y cuando esas voluntades faltan, la salud y los derechos de las mujeres quedan en riesgo. Como señalan en su propio informe, entre 2010, cuando se creó el equipo, y 2017, las muertes maternas descendieron un 55,9%. “Nuestra zona es rural, pero creemos que es una comunidad que siempre ha abortado. La diferencia es que ahora lo pueden hacer en el sistema público, acompañadas, en condiciones seguras. Antes, lo hacían igual, pero con una sonda, con un té, con lo que tuvieran a mano”.
Niñas, no madres
En la esquina de la Maternidad de Catamarca, hay un mural colorido con una leyenda: “En un mundo justo las niñas no son madres”. Según los datos relevados por el equipo interdisciplinario, en la provincia al menos dos niñas de entre 10 y 14 años están “obligadas” a parir cada mes.
Desde que se conformó, el equipo interdisciplinario de la Maternidad de Catamarca acompaña a niñas y adolescentes que llegan al hospital en situaciones extremas: abusadas, violentadas, con embarazos impuestos por la falta de información, el miedo o la coerción familiar y social.
“Nosotras sabemos que no es lo mismo hablar de interrupción voluntaria que de interrupción legal del embarazo. Cuando trabajamos con niñas y adolescentes, sabemos que no estamos hablando de decisiones autónomas sino de violencias. Pero incluso en estos casos, en los que la ley es clarísima, hay médicos que las frenan, jueces que dilatan las decisiones, enfermeras que les dicen que están cometiendo un crimen”, cuentan desde el equipo.
Las historias se repiten con la misma mecánica brutal: niñas de 10, 12, 14 años que llegan derivadas de sus pueblos, muchas veces después de que sus propios médicos intentaran convencerlas de continuar con la gestación. Algunas, incluso, han sido escondidas en conventos o casas de acogida religiosas para evitar que accedan a su derecho. Otras, al llegar al hospital, ya no pueden hablar. “En un caso, cuando la niña entró a la sala de parto, la enfermera me miró y me dijo: ‘¿No le da pena?’. No me lo dijo a mí. Se lo dijo a ella”, recuerda una de las trabajadoras sociales del equipo.
Según los datos sistematizados por sus trabajadoras, la implementación del ENIA permitió una reducción del 27% en los embarazos no intencionales en adolescentes en Catamarca, mientras que a nivel nacional la baja alcanzó el 46%. Desde su desmantelamiento, no fue reemplazado por ninguna otra estrategia de prevención. “Era un programa clave porque articulaba distintos sectores del Estado: educación, salud y desarrollo social. No era solo un equipo de ESI en las escuelas, sino también asesores de salud que trabajaban con adolescentes en espacios extraescolares; médicas y médicos que garantizaban el acceso a métodos anticonceptivos en los centros de salud y equipos de base comunitaria que llegaban a los barrios y a quienes no estaban escolarizados. Todo ese entramado dejó de existir”, explica una ex trabajadora del programa.
El impacto en las escuelas fue inmediato. Sin el acompañamiento del Plan, la implementación de la ESI quedó librada a la voluntad individual de docentes que, sin recursos ni respaldo, muchas veces abandonaron los contenidos. “Hoy, son muy pocos los docentes que trabajan la ESI. A lo sumo, la abordan una o dos veces al año, cuando surge una situación emergente, como una denuncia por abuso o un embarazo adolescente”, advierte.
En los centros de salud, la ausencia del ENIA significó el cierre de consejerías en salud sexual. “Antes, las chicas podían acceder a métodos anticonceptivos sin pasar por la mirada de los médicos objetores, sin que sus padres tuvieran que autorizarlas. Con la desaparición del programa, toda esa red se cayó. Hoy, muchas adolescentes vuelven a depender de la voluntad de los profesionales que las atienden, y eso significa que, en muchos casos, se quedan sin acceso”.
El cierre del programa dejó en evidencia lo que las profesionales venían advirtiendo: sin políticas públicas activas, la prevención desaparece y la violencia se perpetúa. “En los últimos meses, vimos cómo aumentaron los embarazos en menores de edad, porque ya no hay equipos trabajando en la prevención. Nosotras lo sabemos porque somos las que recibimos a esas chicas, las que estamos con ellas cuando llegan con un test positivo que no esperaban, que no buscaron”, denuncian.
Garantizar estos derechos en Catamarca no solo ha sido difícil; ha sido peligroso. Los ataques han sido sistemáticos y han venido desde distintos sectores: desde médicos que negaban la atención y después denunciaban a sus compañeras por garantizarla, hasta políticos que replicaban campañas de difamación en redes sociales. “Nos han robado historias clínicas, nos han puesto estampitas en las paredes para amedrentar a las pacientes, han publicado nuestras fotos diciendo que somos asesinas”, cuentan.
En uno de los casos más emblemáticos, una de las médicas fue denunciada por un grupo autodenominado “pro-vida” tras garantizar una interrupción en una niña de 14 años víctima de abuso sexual. Mientras ella realizaba la intervención en el hospital, afuera, en la casa de madres donde la niña estaba alojada, periodistas de medios conservadores hacían guardia para conseguir imágenes y acusarla.
En este contexto de persecución y de avance de los discursos más conservadores, las trabajadoras de la Maternidad de Catamarca saben que el panorama no es alentador. Sin embargo, no bajan los brazos: “Sabemos que cada caso que logramos acompañar es una victoria. Cada niña que no es obligada a ser madre es una vida que logramos salvar”.
Las redes feministas: sostenerse para sostener
Sostener la IVE en Catamarca no es solo una práctica médica, es una trinchera. Y en esa trinchera, las profesionales que garantizan derechos también se desgastan. “El cuerpo pasa factura”. Lo dicen y lo sienten en los turnos interminables, en las guardias donde son las únicas que garantizan la práctica, en los ataques que han soportado dentro y fuera del hospital, en no poder pedir vacaciones porque no hay reemplazos, en los comentarios de colegas. “Hemos trabajado solas, aisladas, con una sobrecarga enorme. Nos criminalizaron simbólicamente y, aunque la ley nos ampara, seguimos sintiéndonos expuestas”, se lamenta una de las trabajadoras.
El impacto emocional del trabajo ha sido profundo. “Yo sentí que no podía más, que si seguía, explotaba”, dice una de ellas, que decidió dar un paso al costado de la atención cotidiana pero sigue garantizando acompañamientos en el segundo trimestre. “Nosotras peleamos, renunciamos, volvemos. Pero acá seguimos”, refuerza. El equipo se sostiene entre el enojo y el cariño, entre la bronca y la necesidad de estar juntas. “Nos mandamos a la mierda y después nos abrazamos. Nos cuidamos a nuestra manera”, agrega su compañera.
A pesar de todo, siguen creyendo en la construcción colectiva: “Nos sostuvimos en red. No en el sentido romántico del feminismo, sino en el más concreto: si una se caía, había otra para levantarla. Porque si nosotras nos derrumbamos, las que se quedan sin acceso son las pacientes”. La lógica de la resistencia se volvió una estrategia de supervivencia.
El contexto rural también marca una diferencia en la decisión de muchas mujeres. “Cuando consultan tarde y les decimos que tienen que viajar a la Maternidad, algunas desisten. No quieren ir. Entonces continúan con su embarazo. Son pocos los casos, pero los hay”, relatan desde el equipo de la Maternidad provincial.
Pero esas redes no son solo locales. A nivel nacional, las médicas que garantizan la IVE han tejido vínculos a través de la Red de Profesionales por el Derecho al Aborto que les permite sostenerse en un contexto de creciente hostilidad. Encuentros, formaciones y espacios de articulación se convirtieron en instancias clave, no solo para compartir estrategias de intervención, sino también para no sentirse solas.
Acá, en el norte, ese entramado es fundamental: las profesionales que garantizan en provincias con características y dificultades similares a Catamarca –como Tucumán, Jujuy y Salta– se contactan, se preguntan cómo están, buscan aceitar los mecanismos de derivación para que ninguna paciente quede sin respuesta. “No es sólo una articulación laboral, es un sostén emocional”, reconoce una de ellas.
En Catamarca, ese mismo vínculo se extiende al interior provincial. Las médicas de la capital sostienen comunicación constante con quienes garantizan en Belén y en otras localidades. “Si hay que derivar a una paciente, nos organizamos. Si falta medicación, vemos cómo conseguirla. La red entre profesionales nos permite sortear las barreras del sistema”, explican.
Les socorristas, que al igual que las profesionales son muy pocas para acompañar a toda la provincia, también son parte de ese entramado. A lo largo de los años, tejieron lazos con las médicas y equipos interdisciplinarios que garantizan el acceso. Así lo explican desde Socorristas Catamarca: “La articulación es clave en nuestro hacer. Tejemos redes con las profesionales que siguen sosteniendo la IVE con compromiso y que han sido fundamentales para garantizar accesibilidad”.
Pero a ellas también les pesa la carga emocional en el cotidiano. “A veces nos preguntamos qué nos llevamos de todo esto. ¿Nos valoraron? No. ¿Nos cuidaron? Tampoco”, reflexiona una de ellas. “Las que trabajamos somos las de siempre, las que terminamos hechas mierda. Mientras tanto, los que no se comprometen pasan desapercibidos y con su salud mental intacta”.
Aún así, no se arrepienten. “Sabemos que cada paciente que llega a nosotras transforma su vida. No solo porque garantizamos su derecho, sino porque le mostramos que no está sola. Y eso, en una provincia como esta, es de por sí una revolución”.
(*) En esta nota dialogamos con trabajadoras del equipo interdisciplinario de la Maternidad de la ciudad de Catamarca y del equipo de Belén, así como con ex trabajadoras del Plan ENIA y con Socorristas que acompañan desde hace años en el acceso a derechos sexuales y (no) reproductivos. Por el actual contexto de violencia política y los riesgos que implica hablar públicamente sobre estas temáticas en la provincia, decidimos resguardar sus identidades, tal como ellas mismas nos lo solicitaron.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.
