Defensoras ambientales en tiempos de coronavirus

¿Cómo se vive el aislamiento en los distintos territorios de la región? Conversamos con defensoras ambientales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Uruguay para conocer sus reflexiones sobre el origen, impacto y consecuencias del COVID-19. Por una nueva normalidad ecofeminista.

Defensoras del agua del Famatina
Asamblea por la vida de Chilecito, La Rioja (Argentina)

Para quienes vivimos en este territorio es bien complejo el aislamiento. No tenemos una cultura virtual y nuestras relaciones son cuerpo a cuerpo. Así que esta cuarentena al principio nos dispersó un poco, pero luego nos dimos cuenta que el extractivismo no hace cuarentena, y nos vimos obligadas retomar acciones, siempre cuidandonos, y fuimos re armando la Red de Defensa del Territorio. Por otro lado, fortalecimos la red de apoyo a las mujeres que la están pasando mal, ya sea porque sus trabajos eran informales y quedaron sin laburo, porque sus hijes reciben tareas escolares virtuales y no están preparadas para ayudarlos o no cuentan con los soportes tecnológicos o bien porque no tienen dinero ni para comer. También estamos muy atentas a la ayuda de mujeres violentadas en sus propios hogares. Estamos absolutamente seguras de que esta pandemia y otras enfermedades tienen una relación directa con el deterioro y daño a nuestra Pachamama. Estamos fortaleciendo nuestro accionar para que como pueblos repensemos nuestras formas de habitar el territorio. Nosotres no queremos volver a la normalidad, esa que nos mata. Estamos seguras de que hay otras formas de vivir y de relacionarnos, de producir y de consumir, y ese es el Buen Vivir.

Patricia Chaves
Espacio Feminista para la Democracia y los Derechos Humanos (Brasil)

En Brasil la situación es realmente dramática. Vivimos una gran crisis que afecta sobre todo a las mujeres y, principalmente, a las mujeres empobrecidas. Brasil es un país con una enorme desigualdad y las mujeres son las más afectadas no solo por la desigualdad social sino también por la gran informalidad en la que viven, tanto en el campo como en la ciudad. Y esto es algo que se profundizó aún más después de la reforma laboral que se aprobó en 2018.

En Brasil tenemos más de 10 millones de personas que viven en situación de extrema pobreza, algo que se agrava por la falta de acceso a la tierra, al agua, a la salud, a la educación y al trabajo formal. La pandemia ha profundizado aún más la desigualdad y no hubo políticas de contención social. Por el contrario, se ha implementado una medida que limita la inversión pública -incluso en políticas sociales- y que tiene como propósito destruir los sistemas públicos, incluido el sistema de salud, en plena emergencia sanitaria. Y esto se cruza con otras dos cuestiones: el racismo y la invisibilidad. Racismo porque el 67% de los brasileños y las brasileñas que dependen del sistema público de salud son personas negras. Invisibilidad porque hay una gran parte de la población brasileña que no está inscripta en los sistemas públicos y a quienes las políticas de mitigación de la pandemia no les llega. Desigualdad, informalidad, racismo e invisibilidad. Factores que impactan más sobre las mujeres y, sobre todo, sobre las mujeres pobres y las mujeres negras.

La situación en los territorios es muy triste porque las mujeres tienen que elegir entre el hambre o el cuidado frente a la pandemia, sobre todo aquellas que están en el sector informal de la economía y que dependen del día a día para alimentar a su familia.

Como feminista, aún más que como defensora ambiental, mi reflexion es que la pandemia produjo una profundización y al mismo tiempo desnudó las desigualdades de nuestra sociedad. Una sociedad capitalista, patriarcal, sexista y profundamente racista. Brasil es un país muy rico y si hay personas tan pobres, entonces es porque hay otras muy ricas. La pandemia trajo muy fuertemente al debate público una discusión sobre las sociedades tremendamente injustas y desiguales en las que vivimos. Y, si pensamos en la cuestión ambiental de una forma más sistémica, creo que esta pandemia es una respuesta a la forma en la que vivimos y cómo tratamos a la naturaleza, y eso nos obliga a una reflexión sobre cómo queremos vivir y relacionarnos con la naturaleza.

Esta debería ser una oportunidad de cambiar el sistema y discutir fuertemente lo que queremos como humanidad para nuestro futuro. No soy optimista en relación a la post-pandemia. Lo que vemos ahora es un profundo avance de las fuerzas fascistas, capitalistas y extractivistas, pero dependerá mucho de nosotrxs y de nuestra capacidad de enfrentarlas. Tenemos que estar muy atentxs.

Foto: Natalia Roca (Fondo de Mujeres del Sur)

Luz Mery Panche
Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán – Foro Social Panamazónico
(Colombia)
En la Amazonía en general es muy crítica la situación de los pueblos originarios. Además de la pandemia y los asesinatos sistemáticos a líderes y lideresas están los avances de proyectos extractivistas, con la entrega del territorio por parte del gobierno (de Iván Duque) a los petroleros, mineros, o para la construcción de hidroeléctricas.

A mediados de septiembre nos acercamos a los 800 indígenas fallecidos por coronavirus. Se dieron contagios muy fuertes en la región andina, donde la población indígena que ha sido víctima del conflicto armado también se encuentra fuera de sus territorios; tuvieron que desplazarse a las zonas urbanas, son los más afectados porque no tienen territorio ni comida. Tenemos varias familias en Florencia (capital de Caquetá), en Mitú (capital del departamento de Vaupés), en Inírida (departamento de Guainía) y en Bogotá. La atención por parte del gobierno ha sido mínima y la atención de salud en esta región del país es muy deficiente, precaria y racista: tuvimos que interponer una acción de tutela para que los jueces ordenen la protección de los pueblos indígenas en los seis departamentos de Colombia que abarca la Amazonía, pero hasta el momento no han cumplido.

En Colombia somos 115 pueblos indígenas; en este momento unos 40 pueblos están en altísimo riesgo de extinción física y cultural. Esto aumentó por la presencia del coronavirus. En los territorios que han entendido esta situación ya están haciendo control territorial, empleando algunos de nuestros usos y costumbres, mecanismos ancestrales de protección por parte de las guardias indígenas. En las comunidades indígenas que tenemos los resguardos, estamos viendo cómo podemos coordinar algunas donaciones para poder ingresar los productos que se necesitan; pero, de igual manera, podemos seguir resistiendo en nuestros territorios porque tenemos alimentación que la producimos nosotros mismos en la selva. Venimos fortaleciendo nuestros sistemas de soberanía alimentaria, de autoconsumo, con nuestra medicina tradicional y nuestras plantas, como siempre lo hemos venido haciendo quienes tenemos territorio. Lamentablemente mucha población indígena no tiene territorio y son por quienes estamos más preocupados por estar más afectados.

También estamos muy afectados por las masacres que se han cometido en el país (van 53 masacres este año), asesinatos de dirigentes y persecución al movimiento indígena. Estamos preparando una minga para el mes de octubre porque nuestros pueblos están en extinción, la Corte ya lo había visibilizado en el año 2009, cuando ordenó la creación de planes de salvaguarda, pero eso no se han llevado a cabo. Esperamos poder detener nuestra extinción con el apoyo y la solidaridad internacional para defender a la Amazonía como pulmón del planeta.

Viviana Catrileo
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – ANAMURI (Chile)
Vivo en Temuco, región de la Araucanía, corazón de Wallmapu. En mi entorno la pandemia afectó la vida social, política y económica, por la imposibilidad de reunirse y continuar la agenda de trabajo establecida para enfrentar las malas políticas gubernamentales orientadas al área rural y comunitaria. Fuimos creando de manera espontánea nuevas formas de comunicación ante la necesidad de colectivizar ideas sin abandonar las luchas.

La pandemia vino a empobrecer aún más a las familias mapuche campesinas que, desde la instauración del Estado de Chile, vienen perdiendo la tenencia de la tierra y sufriendo la migración forzada que hoy se mantiene como política sistemática mediante la militarización, reprensión y racismo instalado desde el corazón del sistema colonial. Son muchas las personas que perdieron empleos porque no tenían contratos establecidos, como parte de la informalidad laboral que caracteriza el empleo en las capas sociales bajas.

El aislamiento se ha vivido con bastante angustia, incertidumbre y miedo. Nos enrostró la fragilidad sobre la que hemos construido nuestras vidas y se agudizó el problema de acceder a la atención en salud para quienes no contamos con medios para pagar este servicio.

La inseguridad alimentaria deja al descubierto el problema que ha generado la transnacionalización de la producción de alimentos para los territorios, considerando que los mercados locales no son políticas prioritarias del empresario que gobierna y en las comunidades rurales se agrega el problema del acceso. La producción campesina no encuentra mercados y lo poco que puede producir en las condiciones mínimas de recursos se pierde y, con ello, el ingreso que cubre otras necesidades de las familias.

Las respuestas y atenciones de las autoridades locales se han visto bastante lejanas a las necesidades y problemas puntuales por la pandemia en los territorios. Esto deja de manifiesto el desinterés del gobierno por las personas comunes y corrientes. Desde el campo lo vemos con claridad por las dificultades que tenemos en el día a día, sobre todo cuando el hambre acecha y la producción campesina queda disminuida ante el avance de los monocultivos y megaproyectos en los territorios agrícolas, sumado al problema de la privatización del agua.

Frente esto, las organizaciones campesinas han instalado en la discusión pública con el gobierno la necesidad de entregar semillas nativas de campesinos y campesinas para que produzcan alimentos sanos libres de transgénicos y agrotóxicos. Esto significa devolver las semillas que se encuentran almacenadas en los centros de investigación. Para la producción en el campo no nos sirven las escasas y escuálidas cajas de alimentos que nos llegan, nos sirven las semillas. Pero con las restricciones propias de la pandemia se hace mucho más difícil producir intercambios entre comunidades y entre productores y productoras de las variedades necesarias para una alimentación rica en nutrientes y vitaminas. Las pequeñas huertas y reforestación con árboles nativos son parte de las acciones desarrolladas en las familias como una estrategia alimentaria y de concientización del cuidado de la Madre Tierra como un bien común.

Sufrimos que los derechos humanos sean para algunos, los de las clases privilegiadas y los asesinos de la dictadura, mientras que para los presos políticos mapuche y de la revuelta popular de octubre de 2019 no hay consideración sobre lo que significa el virus en las cárceles por el hacinamiento y la falta de logística sanitaria. Mientras, el Ministerio del Interior y las intendencias regionales mandan reprimir a las comunidades y a los niños con toda la violencia que hemos visto estos últimos días.

Para los pueblos, este difícil momento nos lleva a reflexionar con más agudeza sobre nuestro papel como luchadores y la relación con la tierra, a diferencia del capital que sólo buscará seguir beneficiándose de las crisis provocadas.

Foto: Natalia Roca (Fondo de Mujeres del Sur)

Silvia Cruz
Referente de V.U.D.A.S – Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Sano (Córdoba, Argentina)

Hoy, en plena pandemia, no solamente cargamos con el peso de años de lucha para cerrar y sacar a la empresa Porta Hnos. de nuestro barrio, porque se ha demostrado que se trata de una planta contaminante y que está de forma ilegal, sino que vemos cómo el Estado una vez más nos da la espalda. A finales de 2019, un fallo del juez Hugo Vaca Narvaja dejó en claro la ilegalidad de la empresa, pero negó nuestro pedido de cerrar la planta y sólo ordenó a la empresa a hacer estudios de impacto ambiental. En 2020, con la llegada de la pandemia, no solo la empresa sigue funcionando sino que el Estado provincial y nacional le permitió que duplique su producción de alcohol en gel para combatir el COVID-19.

Y, como si fuera poco, el gobernador Juan Schiaretti y el intendente Martín Llaryora  inauguraron una red de gas para uso exclusivo de la empresa. Eso fue una clara muestra de apoyo a Porta, aun estando ilegalmente en nuestro barrio y habiendo demostrado que las enfermedades que sufrimos son provocadas por las emanaciones contaminantes de la planta. Y con ese apoyo Porta comenzó a expandirse aún más. La planta es una bomba de tiempo y, en plena pandemia, no solamente tenemos que luchar para que la empresa deje de funcionar por el peligro que representa para nuestra salud y nuestra vida, sino que aparte tenemos que luchar contra un gobierno en Córdoba al que parece no importarle la ley, los derechos humanos ni la importancia de tener un ambiente sano. Estamos muy preocupadxs, muy angustiadxs y muy solxs por la soledad de un sistema que nos exige pero no te protege y una Justicia que nos ha olvidado.

Martha Silva
Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra (Honduras)
Las Madre Tierra hemos estado acompañando las luchas territoriales desde varios aspectos. En marzo, el gobierno de Juan Orlando Hernández impuso la cuarentena y se levantaron todos los derechos constitucionales, empezando por el derecho de movilización. Es un gobierno de derecha estrechamente relacionado con el narcotráfico.

Ha sido bien difícil asumir la cuarentena en cuanto a no movilizarse porque prácticamente el 60% de la población está bajo el umbral de pobreza, y muchas personas trabajan día a día en la economía informal, y la cuarentena prácticamente los está matando de hambre.

En el caso de los compañeros y compañeras de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), con quienes articulamos nuestras resistencias, lo que hicieron fue generar centros de acopio porque el sistema de salud en Honduras no ha podido enfrentar la pandemia cómo se debería porque está súper debilitado. El año pasado hubo estallidos sociales porque los hospitales estaban prácticamente colapsados y se denunciaron varios casos de corrupción. El Estado por su parte ha estado pidiendo préstamos y el endeudamiento es grande. De hecho, se estima que esta va a ser como la deuda más grande que hemos tenido en la historia de Honduras. Casi no se hacen pruebas de COVID y es por una cuestión de clase: a quienes más afecta es a quienes tienen un sistema inmunológico bajo, la mayoría de la población en Honduras.

Desde Madre Tierra hemos hecho campañas para divulgar cómo fortalecer el sistema inmunológico, con métodos que utilizan las comunidades indígenas, con la alimentación y la medicina ancestral que practican. Por otro lado, hubo más muertes por dengue que por coronavirus y es algo que no se ha atendido.

Durante la pandemia la violencia nunca paró. Tenemos seis homicidios al día en la capital. La violencia contra la mujer ha aumentado por las condiciones de la cuarentena, y se suman violencias del Estado, como el secuestro de unos compas de OFRANEH, de la comunidad garífuna en Triunfo de la Cruz. Hay testigos que vieron que eran policías, con chaleco antibalas, armas. El Estado aún no ha dado respuestas. Hay grabaciones sobre la hora en que se desarrolló todo y no las quieren entregar.

Han habido desalojos de comunidades, como el cometido en el predio de un azucarero, donde asesinaron a una compañera. La represión existe haya pandemia o no en Honduras. De hecho, le ha venido bien para detener a las organizaciones.

En las comunidades donde hay luchas territoriales hay una respuesta directa ante la pandemia. Son los pueblos los que han tenido que asumir las tareas que le corresponden al Estado.

Silvana Machado
Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (Uruguay)
La alimentación es clave para sostener la vida, pero pocas veces reflexionamos sobre cómo llegan los alimentos a nuestra mesa, de dónde vienen, quiénes los producen. En la actual pandemia, la crisis alimentaria se sumó a la emergencia sanitaria. La gente ve la crisis, ve el precio de las cosas y volvió el interés por crear una huerta propia para garantizar el alimento en la familia y en el barrio.

Desde las autoridades y referentes políticos no hay una respuesta que apoye procesos de transición agroecológica, más bien en el actual gobierno hay desmantelamiento de programas que podrían ayudar a la producción familiar y de las políticas para adquirir tierras que otorga el Instituto de Colonización.

Pero la gente se volcó a plantar. Repartimos semillas, plantines, hicimos y hacemos talleres de compost en los barrios donde pulula la organización para plantar, no solo para comer, también para hacer tejido social.
Sabemos que el acceso soberano a alimentos saludables y el derecho a producir en forma agroecológica son prioritarios. Por eso desde la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay estuvimos entregando cajas con variedades de semillas criollas de productoras y productores agroecológicos a familias y huertas comunitarias del Sur y Este del país.

Semillas de lechuga, habas, mizuna, brócoli, espinaca, acelga, rúcula, berro, puerro, chícharo, ajo, zapallo criollo, calabaza, morrón campanita y plantas aromáticas viajaron en las cajitas desde predios familiares del departamento de Canelones junto a semillas de cebolla del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía que fueron entregadas a huertas urbanas colectivas del área metropolitana, en los alrededores de Montevideo.

Las semillas nativas y criollas son fundamentales para la agroecología y para garantizar la soberanía alimentaria. Llevan los saberes acumulados durante generaciones y están adaptadas a las condiciones locales y de los predios. Son conservadas, seleccionadas y reproducidas en los más de 250 predios de productores y productoras que integran la Red de Semillas y promueven la producción de alimentos sanos sin usar agrotóxicos.

El impacto de la pandemia en lo urbano y periurbano ha sido más encierro, sobre todo en los primeros meses, utilizando la presión y el miedo. En las zonas rurales se vive con mucha atención y previsión, pero hay más libertad de movimiento. La gente se organiza por localidades o barrios apoyando a sus vecinas y vecinos en ollas, trueques, comedores, pero la pandemia impacta en poder armar reuniones presenciales y organizarse en forma conjunta. En forma irónica, se están dando permisos para cierto tipo de reuniones sociales, pero no para los que tienen que ver con la organización del movimiento social.

También hay un impacto en la salud, en el recargo de trabajo sobre las mujeres, en el trabajo de cuidados, en el hogar, eso se ve, se siente, se escucha, y eso también lleva al aislamiento.

Foto: Azul Cordo.

Lucrecia Gil Villanueva
Frente de Mujeres del Salado Norte (Santiago del Estero, Argentina)

En nuestra organización somos 40 mujeres de entre 18 y 80 años. El Frente de Mujeres del Salado Norte nació hace 7 años, pero todas venimos de distintas organizaciones campesinas, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), de organizaciones de la agricultura familiar y de movimientos sociales. Nuestro principal motivo de lucha es el acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Integramos diferentes plataformas a nivel nacional y regional, como el Colectivo de Mujeres del Chaco y la Plataforma Sed Cero de acceso al agua.

El aislamiento en el monte se siente menos. Hoy nuestro día a día no es muy diferente a como era antes de la pandemia, lo que más nos afecta es el encarecimiento de los alimentos y la logística cuando necesitamos ir a la ciudad. Con todo lo demás nos hemos organizado con las organizaciones públicas y de la sociedad para ir resolviendo lo inmediato.

En nuestro caso particular todas tenemos la suerte de contar con módulos de agua con lo cual disponer de agua para el consumo humano, que es una carencia grande en nuestra región, hoy no representa un problema para nosotras. Tal vez lo que más nos preocupa es, además de la cuestión económica y de logística, el tiempo que las madres -sobrecargadas de tareas como siempre- tienen que dedicar a las tareas de cuidado y escolares. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchas de las propuestas requieren conectividad y que aquí, en Santiago, solo una de cada cinco familias puede acceder a WiFi porque tenemos grandes déficits respecto al acceso a las tecnologías para las poblaciones rurales.

Por otro lado, sabemos que no es la primera vez que una enfermedad zoonótica -que son las que se transmiten de animales a seres humanos- desata una crisis sanitaria a escala. De hecho, sabemos que las enfermedades como la gripe aviar o la gripe porcina son originadas por los sistemas de producción y de consumo de animales, como lo fue también el virus del Ébola. Entendemos que estas enfermedades tienen su origen en el vínculo entre seres humanos y naturaleza, y que también son una expresión urgente de la crisis climática que vivimos y de las profundas desigualdades que sufren las comunidades rurales que acceden en menor medida a servicios básicos de agua, salud, educación, infraestructura y caminos.

Entendemos que la pandemia pone en evidencia la necesidad de manejarnos de otra manera con los recursos naturales y recuperar muchas de las prácticas ancestrales que las comunidades campesinas e indígenas han sabido sostener. Y, a su vez, la pandemia pone en evidencia la necesidad de tener un Estado más presente. Queremos buscar juntas nuevos protocolos que nos permitan cuidarnos y seguir trabajando por el desarrollo de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestra región. Creemos que en el medio rural tenemos más oportunidades que aquellas familias que por necesidades laborales migraron a las ciudades y se encuentran más amenazados por la pandemia y el hacinamiento de las zonas urbanas.

Foto principal: Natalia Roca (Fondo de Mujeres del Sur)