Foto de portada: SiPreBA

¿Qué significa ser periodista en una Argentina gobernada por Milei? ¿Cómo se ejerce una profesión que está fuertemente precarizada, bajo un gobierno libertario, en un contexto de ultraderecha donde pronunciarse puede costar el repudio, el señalamiento, la violencia o la represión? ¿Qué cuerpos se ponen en juego para contar lo que otrxs quieren silenciar?

Ser trabajadorx de prensa hoy es resistir. Es sostener un oficio en medio del ajuste, el desguace del Estado y la persecución ideológica. Es ejercer una práctica que incomoda al poder, que exige preguntas, que necesita tiempo, recursos, y sobre todo libertad. Pero ese mismo poder desprecia la palabra crítica y alienta el odio hacia quienes escuchan, registran y narran la realidad. Hacia quienes buscan comprender cómo llegamos hasta acá, y qué fuerzas nos empujan al abismo. Es claro que no son las del cielo.

Apenas pasaron unos días desde que celebramos el alta de Pablo Grillo, fotoperiodista que el 12 de marzo fue herido con un cartucho de gas lacrimógeno en su cabeza disparado por el gendarme Héctor Guerrero. Hoy Pablo se recupera lentamente en un centro de rehabilitación.

¿Ser periodista en la era de Milei se transformó en una profesión de riesgo? ¿Cómo y por qué ataca el poder político a la prensa? A la represión sistemática en protestas contra el ajuste del Gobierno Nacional se suma una precarización laboral extrema: sueldos de indigencia, despidos masivos, pluriempleo como norma y un creciente número de trabajadorxs de prensa autogestivxs que no cuentan con ningún derecho laboral.

“La situación actual es realmente alarmante para las y los periodistas, porque no estamos logrando vivir de nuestra profesión. No podemos. No conozco a un solo periodista que no tenga entre dos y tres laburos paralelos y a veces uno de esos laburos es de algo que no tiene nada que ver con el periodismo, la comunicación o la prensa, venden ropa o tienen emprendimientos”, explica Gabriela Figueroa, periodista autogestiva de Tiempo Argentino y el Mapa de la Policía.

Por otra parte, el cierre de la Agencia Télam implicó mucho más que la pérdida de una fuente laboral: significó el desmantelamiento del principal canal informativo federal. Sin cables, sin cobertura, sin archivo fotográfico ni audiovisual, la desconexión entre regiones se profundizó. En este sentido, el cierre de medios públicos, la eliminación de la pauta oficial y la subsiguiente distribución discrecional para determinados medios afines al gobierno, también pone en crisis a los medios de comunicación cooperativos, comunitarios y autogestivos. Medios que no dependen de un grupo económico ni un empresario para sostenerse: su financiamiento proviene, en gran parte, de proyectos sociales, de la pauta oficial -en algunos casos- y del aporte de sus propias comunidades. Pero ni siquiera lxs trabajadorxs de las grandes empresas, con convenios y paritarias formales, escapan a la precariedad.

“Hay redactores que como mucho están cobrando 450 o 500 mil pesos al mes. Es imposible vivir con eso. Mi alquiler y mis expensas, por ejemplo, son 500 mil pesos. Eso también afecta a la libertad de expresión y al periodismo de investigación que requiere de mucho tiempo y dedicación que no podes darle porque estás peleando por el mango del día a día”, advierte Figueroa.

La Encuesta Integral 2025 que realizó SiPreBA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrojó que un 70,45% de lxs trabajadores de prensa tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza y un 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró desde que asumió el gobierno de Javier Milei. El pluriempleo alcanza al 55,2% de las personas encuestadas, el 43% no supera la línea de pobreza sumando los sueldos de todos sus empleos y a solo un 4,8% le alcanza el salario de su principal empleo.

Según el informe Muteadas, de Amnistía Internacional, el 63,5% de las periodistas en Argentina sufrió violencia en redes sociales en los últimos años.

Para Diego Pietrafesa, periodista y secretario de Derechos Humanos de SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), lxs trabajadores de prensa están en “las peores condiciones desde la vuelta de la democracia” y agrega: “La embestida del Gobierno, en su violencia simbólica, verbal, y física, genera un clima de asfixia. La idea es disciplinar a través del miedo. Para instalar su ‘cambio cultural’, el Gobierno necesita que nadie le refute y objete ni las premisas que desarrollan ni los datos falsos que las sustentan”.

El poder no solo ataca con represión en las calles: lo hace también con palabras, estigmas y amenazas. Los discursos constantes del Presidente y sus funcionarixs alimentan la violencia hacia la prensa, habilitan agresiones físicas y virtuales, y fomentan la censura y la autocensura por temor a represalias. Es una estrategia sistemática que erosiona la libertad de expresión, desacredita el trabajo periodístico y debilita el derecho a la información. Para la Libertad Avanza lxs trabajadores de prensa somos un obstáculo.

La investigadora de fotoperiodismo Cora Gamarnik cree que el gobierno está intentando diseminar terror, castigo y represión: “Está buscando un disciplinamiento social, a través de la visibilidad de esa represión desmedida, se está buscando amedrentar a todo aquel que se atreva a luchar. A luchar por cualquier tipo de reclamo.” Gamarnik sostiene que a pesar de toda la violencia que reciben fotografxs y periodistas “sigue habiendo decenas de fotógrafos y fotógrafas que van a cubrir, que no se amedrentan y que responden a la represión cuidándose y ejerciendo su profesión.”

¿Qué dicen los datos? 

Por segundo año consecutivo, la Argentina registró una profunda caída en el índice global de libertad de prensa: descendió en total 47 lugares durante el gobierno de Javier Milei. La información surge de un informe de Reporteros sin Fronteras (RSF) que ubica al país en el puesto 87 de un total de 180. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió sobre el “deterioro acelerado” de la libertad de expresión en el país. En su informe detalla que en el transcurso de 2024, la Relatoría observó un contexto adverso para el ejercicio de libertad de prensa, caracterizado principalmente por discursos hostiles desde el poder público.

“El Presidente de la República ha sostenido un discurso recurrente y constante de estigmatización hacia periodistas y medios de comunicación, acusándolos de ser “corruptos”, ‘delincuentes con micrófono’, ‘mentirosos’, ‘ladrones’, ‘difamadores’ y ‘extorsionadores’, entre otros calificativos lesivos a la labor informativa, en contextos donde la prensa hacía publicaciones sobre asuntos o debates de interés público. Además, ha manifestado públicamente que “el 85% de los medios miente todo el tiempo”, expone el documento. 

Según la Encuesta Integral 2025 del SiPreBA, el 27% manifestó haber recibido agresiones por ser periodista en el último año, entre lxs cuales 33% fue víctima de represión y un 20% fue atacado por funcionarixs del gobierno. La violencia digital sigue siendo alarmante: un 78,05% de los ataques padecidos fueron de forma virtual. El combo precarización y agresiones podría explicar que el 27% tiene problemas de salud con síntomas como ansiedad, estrés o depresión.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Libertad de Expresión está siendo amenazada. Con respecto al ejercicio de la profesión, Diego Morales, abogado y director del Área de Litigio de Defensa Legal de la organización, asegura: “El periodismo pasó a ser una actividad riesgosa para aquellos que la ejercen. Esto se debe a las distintas estrategias que despliega el poder ejecutivo nacional para limitarla y atacarla. Las restricciones ilegales para acceder a la información e interpelar a la autoridades públicas dan cuenta de los límites que impone el poder ejecutivo nacional al periodismo. Los ataques a los trabajadores de prensa en el contexto de manifestaciones, o la promoción de ataques articulados en redes sociales constituyen aristas de una violencia contra la integridad física y psíquica de este colectivo.”

¿Y la perspectiva de género?

Un estudio del colectivo Periodistas Argentinas documentó que las reporteras reciben en
promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones. Además, se observa que las periodistas especializadas en temas de género, derechos humanos y política son las más afectadas por estas formas de violencia digital.

Además de los hostigamientos y múltiples violencias que ejerce el gobierno nacional, estamos frente a un grupo que lidera un poder misógino y que insulta a las identidades trans y no heteronormadas. Según un informe reciente de Amnistía Internacional Argentina, cerca del 60% de las periodistas que cubrían temas vinculados al derecho al aborto y el 47,3% de quienes informaban sobre femicidios y violencia de género experimentaron agresiones en entornos digitales.

Tomás Máscolo, comunicador popular y editor de la sección Géneros y Sexualidades de La Izquierda Diario asegura: “Las mujeres y disidencias que hacen periodismo enfrentan una doble violencia: la que viene desde el aparato estatal, y la que se reproduce desde estructuras patriarcales. En un contexto así, el periodismo feminista es vital, porque pone en evidencia no solo las injusticias sociales y económicas, sino también las opresiones que se articulan por razones de género. La violencia también tiene una dimensión de género: las mujeres y disidencias reciben amenazas sexuales, comentarios misóginos y ataques que buscan disciplinar sus cuerpos y sus voces. Es necesario organizarnos y unir todas las luchas en curso para ponerle un freno.”

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina asegura que este tipo de violencias tienen repercusiones a nivel social, porque excluye a las periodistas del debate público, que son voces imprescindibles para la promoción y defensa de los derechos. “Sin ir más lejos este junio conmemoramos 10 años de Ni Una Menos, un hito que marcó la agenda de los medios y el trabajo de periodistas por muchos años, abriendo espacios, generando debates y nombrando la necesidad de ciertas discusiones. El ataque hacia periodistas feministas y transfeministas, debilita también el derecho de la sociedad a buscar y recibir información que producen las periodistas sobre estas agendas”, concluye.

El pluriempleo alcanza al 55,2% de lxs trabajadores de prensa encuestados, el 43% no supera la línea de pobreza sumando los sueldos de todos sus empleos y a solo un 4,8% le alcanza el salario de su principal empleo.

Según el informe Muteadas, de Amnistía Internacional el 63,5% de las periodistas en Argentina sufrió violencia en redes sociales en los últimos años. Esta violencia, que se manifiesta a través de insultos, amenazas y hostigamiento organizado, tiene consecuencias concretas: “Muchas optan por autocensurarse o reducir su presencia en espacios de opinión”, asegura la directora.

García Rey denuncia que además de la violencia y los ataques directos a la prensa, el gobierno también ha tomado decisiones que limitan estructuralmente el acceso a la información pública, como la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información de 2016. “Esta medida dificulta el trabajo periodístico e impide el control ciudadano sobre la gestión del Estado.”

El violento oficio de escribir

“Realmente es muy difícil ser periodista en este tiempo, pero a la vez nunca fue tan necesario que exista el verdadero periodismo comprometido con su época, que no tenga miedo de preguntar y que indague. Es muy paradójico, porque es un tiempo donde es muy necesario ser periodista pero a la vez nunca fue tan difícil sostenerlo”, reflexiona Gabriela Figueroa.

“Através de la visibilidad de la represión desmedida, se está buscando amedrentar a todo aquel que se que se atreva a luchar”

Cora Gamarnik

A esa paradoja se suma la urgencia colectiva que describe Tomás Máscolo: “Frente al intento de domesticarnos, de imponernos una narrativa única al servicio del capital y de los intereses concentrados, respondemos con más organización, más redes, más comunidad. En tiempos oscuros, ejercer el periodismo crítico y popular no solo es necesario: es urgente. Porque la comunicación no es un lujo, es un derecho, y su defensa es parte esencial de la lucha por una sociedad más justa, libre y verdaderamente democrática. En una época donde gobierna la ultraderecha, lxs trabajadores de prensa somos blanco de una ofensiva múltiple, sistemática y profundamente peligrosa. No se trata solo de despidos o cierres de medios: se trata de una política de hostigamiento ideológico y material que busca acallar toda voz crítica”.

En un país donde informar se transformó en un trabajo hostil, hacer periodismo es también construir memoria, ejercer un derecho y sostener una trinchera. Porque contar lo que pasa no solo es necesario, es urgente. El trabajo de periodistas y fotoperiodistas se vuelve esencial para narrar lo que pasa, analizar, estar en los territorios y poder dar cuenta con un punto de vista crítico la realidad que estamos viviendo.