Dos adolescentes conversan en un café ubicado a pocos metros de la plaza central de Cañuelas, una ciudad bonaerense a 55 kilómetros del centro porteño donde lo urbano tiene contornos rurales. Llevan el uniforme escolar y hablan en voz baja. En dos días, el viernes a las 10 de la mañana, habrá una movilización en la Ciudad de Buenos Aires para pedir justicia por una vecina, María Isabel Speratti Aquino, y ellas quieren estar ahí. Les da miedo tomar el tren, pero saben que la hermana de una compañera del colegio irá con el auto y quizás pueda alcanzarlas. Al final se deciden y le escriben por Instagram. Cada tanto el silencio propio de la espera es interrumpido por el sorbido de la botella de gaseosa que comparten.
En Cañuelas, una ciudad de poco más de 70 mil habitantes, la historia de María no era un secreto. Fue ella misma quien, en julio de 2021, les contó a sus amigas que su esposo había intentado matarla. También lo sabían en su barrio: un día después de hacer la denuncia por violencia de género mandó un mensaje al grupo de WhatsApp de vecinos y vecinas. Les pidió que prestaran atención -una orden de restricción establecía que el agresor no podía circular a menos de 200 metros de su vivienda- y les avisó que durante los próximos treinta días habría un patrullero estacionado en la puerta de su casa. María llevaba adelante un emprendimiento de tejido artesanal y los fines de semana ocupaba un stand en la feria de San Telmo. Allí, los otros artesanos y artesanas también estaban al tanto de que ella estaba atravesando por una situación de violencia machista. “No estás sola” es una de las consignas feministas que se repiten en los últimos años para hablar del maltrato hacia mujeres, niñas, adolescentes y convocarlas a que rompan el círculo de la violencia. María no estaba sola y lo sabía. Ella misma armó su propia red de cuidados. María habló y aún así no pudo salir. María insistió cuando vio que las respuestas estatales no eran un escudo ante el riesgo. No fue suficiente.
Fue ella misma quien, en julio de 2021, les contó a sus amigas que su esposo había intentado matarla. También lo sabían en su barrio: un día después de hacer la denuncia por violencia de género mandó un mensaje al grupo de WhatsApp de vecinos y vecinas.
El 8 de marzo salió a las calles. Viajó con sus hermanas, Sofía y Rocío, hasta CABA para unirse a las convocatorias por la huelga feminista. Sofía y Rocío siempre se consideraron feministas, y de a poco fueron transmitiéndole la importancia de la militancia a María, la más grande de las tres. En una de las fotos que más circuló en redes sociales tras el femicidio se puede ver a las tres con las caras repletas de glitter con la plaza del Congreso de la Nación de fondo. En la imagen María tiene puesto un vestido verde, el mismo que ahora sostiene Rocío entre sus manos. Lo muestra a la cámara para la foto. El dije que ella lleva en el cuello, y que cada tanto aprieta contra el pecho, también era de su hermana.
María no tenía plata para pagar un abogado penalista. María era feminista, estaba conectada con otras y aún así la información sobre la existencia del patrocinio jurídico gratuito convertido en ley después de Ni Una Menos y del Programa Acercar Derechos, del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, no llegó a sus oídos. Nadie demanda un derecho que no sabe que le corresponde. La difusión y comunicación de las políticas públicas también son parte de la política. Y en esta historia tampoco estuvieron a tiempo para frenar la muerte. María no pudo esperar más.
En uno de los últimos mensajes de audio por Whatsapp que mandó a sus amigas quedó registrado en su propia voz el laberinto letal de burocracia en el que estaba: “¿Sabés las veces que pedí cambio de carátula? Después que pasó esto… esto pasó en julio de 2021, hasta que empezó la feria judicial de verano me iba una o dos veces por semana a la fiscalía. Era figurita repetida. Me conocían de memoria. El número de expediente ya ni lo buscaban. Cada vez que iba, pedía que cambien la carátula, cada vez, cada vez, con todos los argumentos. Hablé con el secretario del fiscal, con el fiscal, con otro secretario, con Asistencia a la Víctima que atiende telefónicamente en La Plata. He pedido que hagan pericias en el teléfono de él, a la cuenta de Google, con los buscadores, con las cosas que ha buscado, para probar la premeditación que tenía todo lo que él hizo. Nunca me dieron bolilla, de nada. Me han subestimado, me han ninguneado. Así todo el tiempo”.
¿Sabés las veces que pedí cambio de carátula? Después que pasó esto… esto pasó en julio de 2021, hasta que empezó la feria judicial de verano me iba una o dos veces por semana a la fiscalía. Era figurita repetida. Me conocían de memoria. El número de expediente ya ni lo buscaban.
Un día después de ese mensaje, el último 16 de marzo, cuando salía a llevar a sus hijos al colegio como todas las mañanas, Gabriel Núñez la interceptó y sin mediar palabra le disparó cuatro veces. Murió a las pocas horas en el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Tenía 40 años.
Veinticuatro horas después más de 500 personas caminaron en silencio por la avenida principal de Cañuelas hasta la Fiscalía 1 a cargo de Javier Berlingieri, donde María había pedido ayuda y medidas de protección. Recién en la puerta de las oficinas judiciales alzaron la voz para pedir justicia. María se había acercado a esa misma oficina en reiteradas ocasiones para pedir medidas efectivas de protección.
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En Cañuelas la palabra “peña” se usa para definir a un grupo de amigos que se juntan siempre en un mismo día de la semana. María solía encontrarse con sus amigas los viernes a la noche. Se habían conocido a través del colegio al que iban sus hijos. No tardaron en formar un vínculo que trascendió el ámbito escolar. Ahora, a dos días de la marcha para pedir justicia por su amiga, Andrea agarra el celular y muestra una foto donde solo se ven las manos de las seis, con los mismos anillos luminosos. En todo este tiempo fueron parte de la red de mujeres que contuvo a María: la escucharon, la acompañaron en cada denuncia que hizo y ofrecieron sus casas como refugio de sus hijos el día que se quedaron sin mamá.
Cuando describen a su amiga, las voces de Andrea, Carla y Karina se entrecruzan. Están sentadas en el sillón del living donde vivió María. Aunque se manejan con familiaridad en el espacio, hay una atmósfera densa atravesada por una ausencia evidente. “La apodábamos ‘Pepita, la pistolera’, porque siempre defendía las causas que consideraba justas”, cuenta Karina. Recuerdan una anécdota que la describe y sonríen recordandola: en una ocasión se quedó sin luz por varios días y en Edesur no le atendían los llamados. Ella se acercó a la oficina y les dejó los cortes de carne que se habían podrido dentro de la heladera. “Nunca se quedaba callada, era una mujer muy fuerte”, agrega Carla.
El círculo cercano de María consideraba a Gabriel como bonachón y retraído. La pareja se había conocido en el secundario, luego tuvieron hijos y se casaron. Aunque sabían que él era celoso no se imaginaban lo que de verdad ocurría. Hay una escena que quedó grabada en la memoria de Rocío, su hermana que hoy tiene 31 años. Cuando era chica -no tendría más de seis años- María y Gabriel vivían juntos en una casita ubicada en la parte trasera del terreno de la familia de ella. Una noche, Rocío y Sofía, la otra hermana, estaban solas porque los adultos habían salido a trabajar. Escucharon un ruido fuerte y vieron que Gabriel había saltado la reja de la casa. Estaba borracho y arrastraba las palabras. Luego, ellas, que en ese entonces eran dos nenas, descubrieron que la puerta de la casa de atrás había sido arrancada y el lavatorio estaba destrozado.
La noche del 16 de julio del 2021, cuando él intentó asfixiarla antes de que se fueran a dormir, fue un punto de inflexión en la pareja. Y aunque se separaron, como sucede en la mayoría de los casos en los que las mujeres intentan salir de esos vínculos, la violencia fue in crescendo tras la ruptura. Aquella noche, el femicidio lo frenó uno de los hijos, que en ese entonces tenía 15 años. Escuchó ruidos en la habitación de sus padres y rápidamente saltó la cerca para pedir ayuda a los vecinos. La policía llegó varios minutos después y María fue trasladada al hospital.
Tenía las huellas del intento de femicidio en todo el cuello y un ojo afectado por hipoxia. La Justicia de Cañuelas también sabía que había empezado tratamiento psiquiátrico después de ese ataque. Además, en el expediente constaba el testimonio de los hijos que vieron todo y una pericia psicológica de Núñez. Sin embargo, la carátula de la causa que investigó el episodio hasta el asesinato de María fue “lesiones leves”. ¿Cuántas lesiones son suficientes para que los administradores del sistema de justicia sepan que una mujer está en riesgo?
¿Cuántas lesiones son suficientes para que los administradores del sistema de justicia sepan que una mujer está en riesgo?
El cambio de carátula que ella pedía no era caprichoso: no quería que subestimaran el peligro que la rodeaba. Ella apuntaba a la fiscalía descentralizada UFI 1 y al juez de Garantías de Cañuelas, Miguel Martín Rizzo. Le pusieron una custodia por un mes y una exclusión del hogar para el agresor. Pero no pidieron, por ejemplo, el dispositivo dual o la tobillera electrónica para monitorear sus movimientos.
A partir del intento de femicidio María empezó a hablar. Se apoyó en sus amigas y sus hermanas, fue a grupos de contención para víctimas de violencia de género y nunca paró de exigirle a la justicia que hiciera su trabajo: protegerla. “Todos los días lo veía a Gabriel en las calles de mi barrio, y me daba una bronca tremenda. Él siguió haciendo su vida como si nada. En cambio, la vida de mi hermana y de mis sobrinos cambió de manera radical”, cuenta Rocío. María había reclamado el pago de la cuota alimentaria. La respuesta de Gabriel fue pedir una revinculación. Hasta ese momento nunca se había interesado por el bienestar de sus hijos. “Jamás se comunicó, no le importaba si tenían para comer o si podían dormir. Lo único que quería era que le levantaran la denuncia”, agrega la hermana de la víctima.
“Todos los días lo veía a Gabriel en las calles de Cañuelas, y me daba una bronca tremenda. Él siguió haciendo su vida como si nada. En cambio, la vida de mi hermana y de mis sobrinos cambió de manera radical”, cuenta Rocío.
Para la familia del agresor María fue responsable de su destino y justificaron el crimen. El día del femicidio publicaron un comunicado en redes sociales en el que afirmaban que María había abandonado a Gabriel en el peor momento y eso le generó un “desequilibrio”. Aunque el femicida hoy está preso, los hijos y las hermanas de María viven con miedo. Hay una perimetral vigente que prohíbe que la familia de Núñez mantenga cualquier tipo de contacto con los menores. Tanto Rocío como Sofía están haciendo los trámites correspondientes para ser incluídas en las medidas de protección y de reparación económica. Todavía no pueden cobrar lo que corresponde por la ley Brisa pensada para hijos e hijas de víctimas de femicidio porque las hermanas no tienen la guarda definitiva. Las leyes están, pero tampoco alcanza.
Según los registros de la Corte Suprema de Justicia, en 2021 las edades con mayor cantidad de víctimas directas de femicidios estuvo entre los 25 y los 44 años. En el 88% de los casos, la víctima conocía al sujeto, y en el 39% convivía con él. María fue asesinada a los 40, y vivió con Gabriel por más de 15 años. De 2015 a esta parte existe una conciencia colectiva muy robusta sobre el problema y, a la vez, a partir de la emergencia de relevamientos que antes de Ni Una Menos no se hacían, un registro muy claro de la población que se encuentra en mayor riesgo, sin embargo, las herramientas son insuficientes a la hora de evitar un femicidio. El nudo del problema sigue atado entre los lazos del machismo estructural y la desidia estatal.
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La burocracia en la que quedan atrapadas las víctimas de violencia machista es letal para ellas. Existen múltiples mesas de trabajo, espacios que transversalizan oficinas del Estado, capacitaciones y formaciones para sensibilizar, registros con nombres imposibles de recordar y sin embargo para muchas mujeres como María los recursos estatales llegan cuando ellas ya no están: en forma de asesoramiento jurídico y contención psicológica para sus hijos. Por ejemplo, la historia de María no forma parte de los números del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género. LatFem hizo un pedido de información al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación en el que confirman que tuvieron conocimiento de su caso cuando ya se trataba de un femicidio: el 16 de marzo de 2023.
La burocracia en la que quedan atrapadas las víctimas de violencia machista es letal para ellas. Existen múltiples mesas de trabajo, espacios que transversalizan oficinas del Estado, capacitaciones y formaciones para sensibilizar, registros con nombres imposibles de recordar y sin embargo para muchas mujeres como María los recursos estatales llegan cuando ellas ya no están.
La demora con la que los dispositivos del Estado advierten los riesgos queda en evidencia si se desglosan las rutas de los casos: todo lo que van haciendo ellas mientras esperan una respuesta. María no pudo esperar más. En “Pacientes del Estado”, el sociólogo Javier Auyero, concluye que la espera opera como un mecanismo de dominación adoptado por el Estado. Así, la burocracia, la ambigüedad en los trámites y la aleatoriedad aparecen como elementos que buscan disciplinar o reprimir las demandas de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es en este laberinto invisible donde el pedido desesperado de ayuda de María -al igual que la de miles de mujeres, travestis y trans- se pierde.
Adela, integrante del Colectivo Justicia por María, fue una de las mujeres que hace varios días comenzó a organizar la marcha que se hará frente a Tribunales. En diálogo con LatFem dice que esta movilización será la primera de muchas: “Nuestro objetivo es exponer que el caso de María no fue el único, sino que se da en el marco de un funcionamiento sistemático de la justicia. El problema de fondo es que el Poder Judicial es un actor muy fuerte, hay intereses de por medio, y nadie quiere meter la mano ahí”.
El día en que se hizo la primera marcha en Cañuelas, Rocío cuenta que se acercó mucha gente desconocida que se solidarizó con ella y con la familia. Sin embargo, hay un detalle que no pasa desapercibido: la mayoría eran mujeres. “Es como si los hombres no se quisieran meter. Alzan la voz en otros casos, pero cuando un hombre mata a una mujer ellos eligen no decir nada”. Luego, agrega “no creo que sea casual, es como si existiera un pacto de silencio entre ellos”.
El puesto de artesana de María Isabel Speratti Aquino en la feria de San Telmo, sobre la calle Defensa, cerca de Plaza de Mayo, se convirtió en un epitafio para recordarla. “En este puesto no vas a comprar nunca más”, escribieron sus compañeras y lo llenaron de fotos de ella y carteles en inglés y en castellano donde cuentan su historia y agregaron el número de una cuenta para ayudar económicamente a los hijos. Un ramo de flores corona la forma que encontraron sus compañeros y compañeras para llamar la atención y recordarla. Las imágenes del puesto circularon esta última semana por las redes sociales. El stand parecía una tumba entre los adornos, mates, ropa y artesanías que se venden en la feria.
“En este puesto no vas a comprar nunca más”, escribieron sus compañeras.
Las inscripciones funerarias se desarrollaron especialmente en la Roma antigua. Todas las personas, incluso las que eran esclavas, tenían un espacio de sepultura con una inscripción que tenía el objetivo de conservar el nombre de la persona muerta, su identidad, su memoria y hasta cómo murió. Es una forma de seguir registrado como persona. Hay un libro de Luis Gusmán que habla de esto, de los epitafios y el derecho a la muerte escrita. Para él un epitafio es un género para ser leído, un llamamiento a los vivos que funciona como interlocución póstuma, como forma de supervivencia. Ese derecho a la muerte escrita se puede resignificar, puede ir más allá de los cementerios, se puede politizar y trascender el ámbito privado, de los seres queridos. De eso escribe la antropóloga María Pita en otro libro que habla de las formas de morir y las formas de vivir, del activismo contra la violencia policial. Ella analiza, entre muchas otras cosas, carteles y pancartas de los familiares de las víctimas de violencia policial.
El puesto de María convertido en epitafio es un llamamiento a los vivos, a las vivas. Mañana a las 10 habrá una movilización frente a Tribunales. La convocatoria es para ir con ropa negra a modo de denuncia ante el silencio y la complicidad judicial. Para seguir gritando Ni Una Menos, las que todavía podemos hacerlo.
