—Yo no la voy a atender—dice una matrona de una Unidad de Alto Riesgo Obstétrico al sur de Chile.
—Yo soy objetora—le contesta una enfermera.
Frente a ellas tienen a una mujer que quiere interrumpir su embarazo. A casi cuatro años de su sanción, el camino de implementación de la ley de aborto voluntario, bajo las causales establecidas, en Chile no ha sido lineal y todavía presenta resistencias por parte de lxs profesionales de la salud: uno de cada dos facultativxs se niega a realizar la práctica en casos por causal violación.
Por segunda vez, desde la aprobación de la ley de aborto por causales, la Mesa Acción por el Aborto y Fondo Alquimia, en alianza con organizaciones territoriales, realizaron un monitoreo de su implementación y la atención a la salud sexual y reproductiva en general, al que tuvo acceso LatFem. La presentación del informe se hizo de manera virtual este martes 11 de mayo y participaron Francisca Crispi, Presidenta del Colegio Médico Santiago; Gloria Maira, Coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Karina Sepúlveda, de la Colectiva Madre Nativa de Arica.
Las conclusiones a las que llegaron son similares a las del primer monitoreo que se hizo entre noviembre de 2019 y marzo 2019. Solo que a los déficits ya detectados -como la ausencia de información sobre la ley, las falencias en los primeros niveles de atención, la falta de capacitación del personal de salud y el obstáculo que representa los altos índices de objeción de conciencia en la entrega de la prestación- la crisis sanitaria sumó más complicaciones para la atención de la salud sexual y el aborto legal. “La pandemia evidenció las debilidades propias de la insuficiencia de recursos en personal técnico y profesional, infraestructura y de equipamiento, frente a las necesidades del 80% de la población que utiliza la red asistencial pública, mostrando cómo las precariedades del sistema público son una de las tantas muestras de la profunda desigualdad en Chile”, dice el monitoreo.
Los números de objetores no han cambiado respecto al primer monitoreo: del total de 1214 médicos y médicas obstetras contratadas por la red pública de salud, 223 se declara objetor/a la primera causal, 307 a la segunda causal, y 559 a la tercera causal. Es decir, en la práctica, casi la mitad de ellxs se niega a interrumpir un embarazo que la mujer ha solicitado por esta razón. La resistencia más grande se encuentra en torno a la tercera causal: embarazo debido a violación.
Todos los estudios e investigaciones internacionales venían advirtiendo, desde el comienzo de la pandemia, cómo el acceso al aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos se podían ver afectados en tiempos de catástrofes como la del Covid-19 y eso traía consecuencias permanentes en la vida de las personas. Es por eso que se vuelve necesario desde los Estados redoblar esfuerzos, sumar campañas de comunicación y aportar guías/recomendaciones. Este monitoreo es la evidencia del impacto que tuvo la crisis sanitaria. Mamografías, papanicolaou, entre otros estudios se postergaron y se puso el foco sólo en lass personas gestantes.
Cánceres no detectados a tiempo, embarazos no deseados, aumento del embarazo adolescente, mayores tasas de contagio de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades ginecológicas no detectadas, problemas durante el climaterio, el aumento de casos de violencia sexual, y las complicaciones post parto: son algunas de las consencuencias, producto de las medidas de confinamiento y las limitaciones que impuso el coronavirus.
En concreto, el impacto en los abortos legales en Chile se ve expresado en los números: la cantidad de casos en 2020 fue 22% menor al atendido en 2019. Al inicio de la crisis sanitaria, de acuerdo al relevamiento que hicieron las organizaciones, no hubo instrucciones en torno a la ley IVE, salvo la de seguir otorgando la prestación. Tampoco lxs profesionales de la salud tenían información sobre cómo actuar en caso de presencia de un PCR positivo con sintomatología. A partir de las orientaciones de junio de 2020 del Ministerio de Salud de la Nación se estableció que en situación de riesgo vital materno se puede constituir la primera causal.
A su vez, entró en juego como un nuevo obstáculo el miedo y la desinformación de la propia población que postergó su propia salud por temor al contagio. La distancia entre los centros de salud y las niñas, mujeres, lesbianas y personas trans se hizo más ancha. Las consecuencias de la suspensión y/o el aplazamiento en el otorgamiento de prestaciones en servicios de salud sexual y reproductiva es conocido: según un informe preparado por el departamento de derechos humanos y de género del Ministerio de Salud, el ingreso a controles prenatales y el número de controles realizado entre enero y mayo de 2020 bajaron en un 12% y 20% respectivamente. En el mismo periodo, se contabilizaron solo 53% de controles ginecológicos que se realizan en tiempos habituales de atención: 367.496 frente a 195.43310.
Este segundo monitoreo se realizó entre julio y octubre de 2020. El trabajo se hizo en alianza con seis organizaciones territoriales: Madre Nativa en la región de Arica y Parinacota, Acción Feminista Ovalle en la región de Coquimbo, Marcha Mundial de Mujeres en la región Metropolitana, Marcha Mundial de Mujeres Fiofío en la región del Biobío, Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche en la región de la Araucanía y Colectiva Las Furias de Ancud en la región de los Lagos. Puede descargarse completo aquí.
Además de una perspectiva feminista, el monitoreo se llevó a cabo desde un enfoque interseccional. Entre las variables que se tuvieron en cuenta a la hora de entrevistar y reportear se encuentran: la pertencia a un pueblo originario o afro, el mundo rural, la condición de migrante, ser lesbiana, persona trans, o vivir con alguna discapacidad.
Las entrevistas dieron cuenta de las dificultades de la salud intercultural en los territorios donde existen centros comunitarios de salud indígena. Las deficiencias se presentan no sólo en las atenciones relacionadas con la maternidad, sino en la inclusión de los saberes de los pueblos originarios en las atenciones de salud.
En la Región de Arica y Parinacota, donde se atienden a algunas usuarias aymara, las entrevistadas destacaron una muy buena iniciativa en la sala de parto aymara. Sin embargo, los saberes ancestrales de los pueblos indígenas no fueron tomados en cuenta en el nuevo contexto que planteaba la pandemia. En la zona norte del país, por ejemplo, las autoridades médicas aymaras de toda la región, han debido permanecer en sus casas y atender por teléfono, lo que ha sido complejo considerando que es importante para la medicina aymara el “tocar” a la usuaria, práctica que es parte del diagnóstico y el tratamiento, en el caso de gestantes.
“Las mujeres han estado mucho más solas en estos procesos”, describió una matrona de la región sur de Chile entrevistrada para este monitoreo.
Las investigadoras entrevistaron usuarias de los consultorios incluidos en el monitoreo y profesionales de la salud de la Atención Primaria (APS) y de las Unidades de Alto Riesgo Obstétrico (ARO), que es donde se realizan los abortos. También conversaron con informantes claves, como colectivos y redes feministas territoriales. Y, a su vez, realizaron solicitudes de información por ley de transparencia. En total, el estudio abarcó un total de 130 entrevistas semiestructuradas a personal de salud y usuarias. Además, llevaron a cabo dos grupos focales: uno con organizaciones de la diversidad o disidencia sexual y de género, y otros con organizaciones de personas viviendo con alguna discapacidad.
De las 59 personas entrevistadas como usuarias, 3 de ellas se autoidentificaron como usuaries. La mayoría habitaba zonas urbanas pero también entrevistaron mujeres y jóvenes rurales. Hay testimonios de mujeres heterosexuales, lesbianas y bisexuales. A su vez, las experiencias de doce mujeres mapuche, dos aimaras y un chono, tres afrodescendiente y dos son migrantes quedaron registradas en el monitoreo.
“En las 6 regiones, la constitución de equipos IVE en las unidades de alto riesgo obstétrico ARO y la rutinización de algunos procedimientos de derivación y atención en la red asistencial están hoy instalados, y esto es un logro de los profesionales comprometidos, y no necesariamente de una política estatal”, dicen desde la Mesa Acción por el Aborto de Chile y Fondo Alquimia.
El desconocimiento de la ley como barrera objetiva
El monitoreo demuestra que no es suficiente con la legislación y aprobación del Congreso. Cuando no hay decisión política de comunicar el nuevo derecho, se hace más difícil que la ciudadanía exija lo que le corresponde. “El hecho concreto es que las mujeres y personas con capacidad de gestar, de manera significativa, desconocen que tienen el derecho a interrumpir un embarazo en las causales legalizadas y que esa interrupción debe hacerse de manera expedita, sin afectación de su dignidad y derecho a decisión. En las entrevistas las mujeres dicen haber conocido de las tres causales por búsqueda propia o por alguna organización feminista y de mujeres en sus territorios”, dice el monitoreo que tiene cien páginas. Y agrega: “Es grave comprobar que esa ausencia de información se mantiene durante el 2020 cuando se conoce, en los peores meses de la pandemia, del aumento de la violencia y la violencia sexual al interior de las familias contra mujeres, adolescentes y niñas. Este año, la desigualdad de acceso a la información se acrecentó por las brechas de conectividad y de alfabetización digital que transparentaron las medidas de confinamiento”.
Así como no se registraron estrategias de información o grandes campañas, tampoco se advirtió una capacitación sostenida al personal de atención primaria. Estas dos grandes debilidades se potencian de manera mutua y se robustecen como un obstáculo en sí mismo, una barrera objetiva, para acceder al derecho. Los relatos que se desprenden de las entrevistas dan cuenta de que las capacitaciones han sido escasas y de ninguna manera permanentes. Hay establecimientos donde se realizó una capacitación al inicio de la implementación de la ley, y no se han repetido. Esto quiere decir que, si hubo rotación, hay personal que no ha sido capacitado; y, que no se han incorporado mejoras en las capacitaciones.
El trabajo en duplas
En los seis territorios monitoreados, la investigación remarca la importancia de las duplas psicosociales en la información y acompañamiento a las usuarias en los procesos de atención y acceso a la interrupción del embarazo. Las investigadoras, también, resaltan cómo se han consolidado los equipo IVE por el compromiso de lxs propixs profesionales y no por una decisión gubernamental.
Como dificultades para el desempeño de sus labores emerge la necesidad de contar con mejor infraestructura para una atención más personalizada, fuera de los espacios ligados a la maternidad, y que permita mayor confianza con las usuarias.
En distintos momentos en la ruta de atención aparecen relatos de violencia institucional: quienes sube el volumen en una ecografía para que las embarazadas escuchen el latido fetal, o se las felicita por sus embarazos aun en conocimiento de la situación que están enfrentando. Estos eventos de violencia obstétrica se concentran, según el informe, en adolescentes y jóvenes. También están quienes solicitan mayores evaluaciones de las necesarias para establecer un diagnóstico, y obstruyen con ello la posibilidad de decisión de las mujeres.
“A tres años de la implementación de la ley se hace necesario revisar y actualizar protocolos y procedimientos para incorporar la experiencia y conocimiento acumulado por los equipos médicos y psicosociales, así como definir cursos de acción que permitan resolver las brechas de acceso existentes que la pandemia ha profundizado”, concluyen las investigadoras.
Es importante que se revise la implementación desde una perspectiva intercultural y se incorporen las necesidades de las mujeres de pueblos indígenas y los saberes de sus culturas en la atención de la SSR y las orientaciones respecto del acceso a la IVE. La ley IVE debe difundirse e implementarse con una perspectiva antirracista.
Recomendamos la despenalización total del aborto y la ampliación de la actual ley de aborto agregando un sistema de plazos que respete la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
