El 30 de diciembre de 2020, Argentina vivió un momento histórico: tras años de lucha y debate, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este logro, que posicionó al país como un referente en la región, representó un triunfo no solo para el movimiento feminista, sino también para la democracia y los derechos humanos. La “marea verde” que acompañó este proceso reflejó la diversidad y la potencia de los feminismos en Argentina: colectivos de distintos territorios, identidades y trayectorias se unieron para exigir justicia social y autonomía sobre los cuerpos.

Entre esas voces se destacó el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), un colectivo de mujeres creyentes que, desde hace más de tres décadas, desafía discursos fundamentalistas y trabaja por la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Desde su perspectiva feminista y teológica, CDD ha demostrado que la fe puede ser un motor para la transformación social y la construcción de derechos.

En un contexto de profunda crisis económica, donde más de la mitad de la población vive en la pobreza y la informalidad laboral afecta al 36% de quienes trabajan, las desigualdades se profundizan y la incertidumbre domina el día a día. Es en ese sentido, cuando las certezas tambalean y las estructuras que sostenían nuestras vidas parecen desmoronarse que la fe se vuelve un refugio.No hablamos, únicamente, de la fe en lo divino o en dogmas religiosos, sino de esa fe cotidiana y tangible que encontramos en los lazos que nos sostienen. Es la fe en las amigas que nos acompañan, en las redes feministas que nos contienen y en las comunidades que construimos desde los cuidados y las resistencias. Es la confianza en la naturaleza, que nos enseña con su capacidad de regeneración aun en los escenarios más adversos.

En esta nota, María Teresa Bosio, Natalia Rodríguez, Anita Morillo y Luján Farfán, integrantes de CDD, reflexionan sobre el derecho a decidir, los desafíos actuales y el papel transformador de una espiritualidad feminista.

Una conquista diversa: fe y feminismos como fuerza transformadora

“El camino hacia la aprobación de la Ley IVE fue una conquista histórica que mostró lo diverso que es el feminismo en Argentina. En esa lucha confluyeron personas de diferentes sectores, territorios y trayectorias, y entre ellas estábamos nosotras, las feministas cristianas”, señala Luján Farfán, del área de Diálogo Ecuménico de CDD.

Sin embargo, este proceso no estuvo exento de tensiones, especialmente frente a discursos fundamentalistas que intentaron negar derechos utilizando la religión como argumento. “Estos discursos perpetúan una idea restrictiva que nada tiene que ver con los valores de justicia y cuidado”, añade Farfán.

Durante el debate, los sectores antiderechos centraron sus estrategias en la desinformación, difundiendo afirmaciones falsas como que la ley permitiría abortos “hasta el noveno mes” o que incentivaría el aborto como método anticonceptivo. También utilizaron imágenes manipuladas y reforzaron estigmas, presentando el aborto como un acto inmoral. Según Natalia Rodríguez, también del Área de Diálogo Ecuménico, estos discursos no solo manipulan textos bíblicos fuera de contexto, sino que además “niegan la dignidad de las mujeres y personas gestantes, imponiéndoles la maternidad como único destino”.

Frente a estas narrativas, el trabajo de CDD buscó desmontar prejuicios y visibilizar que la fe y el feminismo no son conceptos contradictorios. “No vivimos esto como un conflicto; al contrario, nuestra fe nos lleva a abrazar el feminismo. Somos feministas porque somos católicas”, reflexiona Farfán. Este enfoque permitió construir puentes entre creyentes y no creyentes dentro del movimiento feminista, generando diálogos interreligiosos que fortalecieron la diversidad como una herramienta transformadora.

Abortar en tiempos de crueldad

La implementación de la Ley 27.610 durante el gobierno de Javier Milei enfrenta serios desafíos debido al desmantelamiento de políticas públicas esenciales para garantizar derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la ley sigue vigente gracias a la resistencia de las redes feministas y al compromiso de algunas provincias para mantener el acceso al aborto legal, aunque de manera desigual.

Anita Morillo, coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, subraya que, si bien el gobierno nacional no ha derogado la ley, “han intentado que esté vigente pero no se cumpla, principalmente por la falta de insumos”. La distribución de medicamentos esenciales, como el misoprostol y la mifepristona, cayó drásticamente durante 2024. Según un informe del proyecto “Insistir y persistir”, ninguna de las 100.400 dosis planificadas fue entregada por el Ministerio de Salud de la Nación. Este vacío obligó a muchas provincias a realizar compras de emergencia, lo que generó inequidades en el acceso, dependiendo de los recursos disponibles​.

El contexto actual plantea nuevos desafíos. Según Bosio, el ajuste implementado por el desgobierno de Javier Milei a través del desfinanciamiento en la provisión de anticonceptivos y misoprostol “es una forma pragmática de avasallar nuestros derechos”. Este accionar, para Bosio, “genera desigualdades brutales, dejando a quienes no pueden pagar por estos insumos en una situación de vulnerabilidad”. 

A pesar de las dificultades, Morillo destaca que algunas provincias han mostrado voluntad política para sostener la ley. “Incluso aquellos gobiernos que inicialmente no apoyaban el derecho a decidir han destinado recursos para comprar insumos, asegurando en mayor o menor medida el acceso”, explica. Sin embargo, las desigualdades entre jurisdicciones persisten. Como señalan en el informe, en algunas provincias, más del 40% de los casos de interrupción voluntaria del embarazo se resolvieron en el primer nivel de atención, mientras que en otras, la falta de insumos derivó en esperas prolongadas y traslados innecesarios​.

El panorama se agrava por la narrativa hostil impulsada desde el Ejecutivo nacional. Discursos como el del Presidente, que calificó al aborto como parte de una “agenda sangrienta”, han contribuido a estigmatizar tanto a las personas que acceden al derecho como a los profesionales de salud que lo garantizan. Esto, según Morillo, “no solo desinforma, sino que intimida a quienes buscan acceder al aborto y a quienes trabajan para garantizarlo”​​.

El derecho a decidir: una cuestión de dignidad y justicia

Para las integrantes de CDD, el derecho a decidir no solo se inscribe en el marco de los derechos humanos, sino también en los valores fundamentales del cristianismo. “Defender el derecho a decidir es cuidar de nuestra humanidad y confiar en nuestras decisiones responsables. Esto está alineado con el respeto a la conciencia, un principio central en la tradición católica”, señala Rodríguez.

La falta de insumos y el desfinanciamiento generalizado han obligado a los movimientos y redes feministas a redoblar esfuerzos para sostener los derechos conquistados. Redes como la de Profesionales por el Derecho a Decidir han intensificado sus actividades, desde la creación de mapas actualizados de efectores hasta capacitaciones para garantizar la calidad de las prácticas. Estas estrategias buscan suplir las carencias de un Estado en retirada y asegurar que las personas puedan acceder al aborto en condiciones seguras​.

En este sentido, María Teresa Bosio, también integrante de CDD y docente  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, destaca el trabajo de las redes feministas para garantizar el acceso al aborto legal. “La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Red de Abogadas, la Red de Cátedras y la Red de Periodistas fueron fundamentales para que la ley pudiera ser efectiva en los territorios. También lo fue la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que durante los primeros años articuló con provincias para capacitar equipos y garantizar insumos”.

En 2024, el acceso a métodos de salud sexual y reproductiva sufrió un grave retroceso. Como señala Chequeado, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024, la distribución de preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) cayó un 64%, según datos del programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable. Durante el tercer trimestre de 2024, no se cumplió ninguna meta física del programa: apenas se distribuyó el 9,1% de los preservativos planificados. Esta situación afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables, aumentando el riesgo de embarazos no deseados y la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH y la sífilis.

Para las activistas de Católicas por el Derecho a Decidir la respuesta debe ser federal y organizada: “Debemos reforzar el monitoreo desde el activismo, acompañar a las provincias que están haciendo esfuerzos y exigir al gobierno nacional que cumpla con su rol. No podemos permitir que los derechos conquistados sean desmantelados”, agrega Morillo del Área de Salud. Su reflexión resume el espíritu de resistencia feminista que, ante cada retroceso, persiste para garantizar que el aborto siga siendo un derecho pleno y efectivo en Argentina.

Democracia, cuidados y justicia social

A cuatro años de la Ley IVE, Católicas por el Derecho a Decidir nos invita a repensar la lucha por el derecho a decidir como un acto de fe en la justicia, la libertad y la dignidad humana. Este derecho, afirman, no puede disociarse de la construcción de una democracia sólida e inclusiva que garantice la igualdad para todas las personas, especialmente aquellas más vulnerabilizadas. Defender el derecho a decidir es también defender la democracia”, reflexiona María Teresa Bosio. Para ella, no hay libertad ni justicia social sin derechos humanos. Por eso, en el actual contexto de retroceso en las políticas públicas y de discursos que promueven la exclusión, insiste en construir desde lo colectivo, destacando que las redes feministas son esenciales para sostener y ampliar los derechos conquistados.

En esta línea, Natalia Rodríguez subraya la importancia de construir comunidad: “Nuestra tarea es seguir apostando a lo comunitario, a redes de solidaridad que abracen la diversidad y la autonomía. Desde esa espiritualidad liberadora, seguimos luchando por una sociedad más justa”. Luján Farfán, por su parte, resalta que la defensa de la Ley IVE es una forma de enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y disidencias: “La fe y el feminismo no son caminos opuestos. Juntos podemos seguir rompiendo con las estructuras patriarcales que perpetúan la opresión y construir comunidades basadas en el respeto, la justicia y la esperanza”.

En un contexto de retrocesos conservadores, las integrantes de Católicas por el Derecho a Decidir no sólo resisten, sino que redoblan esfuerzos para sostener y profundizar la defensa de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos como parte de un proyecto político, ético y espiritual que pone en el centro la vida digna, la justicia social y el bien común. Desde su experiencia, aprendemos a creer en algo más grande que nosotras mismas, en una fuerza colectiva capaz de transformar lo imposible en realidad. En medio de tanta precariedad, agarrarnos de estas certezas –por pequeñas que parezcan– nos impulsa a continuar.