Aunque parecía que no iba a pasar nunca, el 2023 llegó a su fin. Fue un año intenso en América Latina y el Caribe, una región acostumbrada a moverse al ritmo frenético y cambiante de sus vaivenes políticos: empezamos el año con la esperanza que trajo la asunción presidencial de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, seguimos el largo camino de la reforma constitucional que no fue en Chile y lo terminamos con la llegada del ultraderechista Javier Milei al gobierno en Argentina. Estamos cansadas, jefe.
Pero a pesar del cansancio y la incertidumbre, sabemos que hay una agenda urgente si queremos pensar proyectos de futuro con vida digna para todos y todas: la crisis climática. Lejos de ser una agenda de minorías, el impacto ambiental, social y económico que tiene la crisis en América Latina y, sobre todo, en las poblaciones más vulneradas, nos obliga a mirar el problema de frente. Por eso, proponemos un repaso por algunos de los hitos socioambientales de 2023 en la región para seguir de cerca el próximo año.
Luchas de alto riesgo
Una vez más, América Latina y el Caribe fue la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el ambiente. Así lo reveló el último informe de Global Witness: de las 177 personas asesinadas por defender el medioambiente en todo el mundo, casi el 90% de los asesinatos ocurrieron en la región. En promedio, se asesinó a una persona defensora cada dos días. Así, el total de crímenes letales cometidos desde 2012 contra quienes defienden la tierra y el ambiente asciende a 1.910. Colombia, Brasil y México fueron los tres países de la región donde más muertes se registraron.
Pero Latinoamérica también es la región donde más se expresan las resistencias en defensa del ambiente y son las mujeres y personas LGBTQ+ las que encabezan esos procesos, tal como contó María Leonor Yonda, lideresa campesina y vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario (CNA) de Colombia. “Desde nuestros procesos organizativos de base nos organizamos para resistir frente a este modelo que es de despojo. Nosotras las mujeres siempre estamos a la vanguardia, organizándonos y resistiendo con nuestras familias”, dijo a LATFEM. Frente a la violencia y el avance extractivista, es importante recordar que los Estados tienen la obligación de proteger a las defensoras para que defender la tierra no les cueste la vida.
COP28: entre el compromiso histórico y el escepticismo
Entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre se realizó la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP28) en Dubai. La COP estuvo marcada por una polémica: fue presidida por el CEO de la compañía estatal de petróleo de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al Jaber. El hecho generó fuertes discusiones respecto al conflicto de intereses que representaba que el responsable de llevar el reclamo a los tomadores de decisión para que aceleren la transición energética dejando de subsidiar a los combustibles fósiles fuera, al mismo tiempo, el líder de una compañía petrolera.
Después de 13 días de negociaciones, el texto oficial publicado al cierre de la COP señaló, por primera vez desde el inicio de las conferencias climáticas en 1994, que los países deben trabajar para “hacer una transición que deje atrás los combustibles fósiles” para alcanzar los objetivos climáticos globales. Se trata de un reconocimiento histórico, pero el texto no especifica cómo, cuándo ni de qué forma se deberá realizar esa transición energética, por lo que dejó un sabor amargo y cierto escepticismo entre ambientalistas.
Colombia, al frente en la lucha contra la crisis climática
En su primer año de gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez tomaron la política socioambiental y la lucha contra la crisis climática como una de sus banderas. El presidente colombiano sostiene que se trata del “principal problema que afronta hoy la humanidad” y dejó en claro sus propuestas para enfrentarla: proteger la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo, e impulsar una “transición energética justa” en Colombia.
Por esto, el gobierno lleva adelante una importante política ambiental para combatir la deforestación de la selva amazónica que incluye, entre otras medidas, el apoyo económico para que las comunidades campesinas e indígenas sean agentes regeneradores de la selva durante los próximos 20 años. Además, Petro busca crear una alianza regional para la protección, conservación y restauración de la Amazonia. “Antes que nada, hay que salvar la columna vertebral del clima del planeta. Colombia concederá 200 millones de dólares anuales durante 20 años para salvar la selva amazónica. Esperamos el apoyo del mundo”, aseguró el mandatario durante la COP27. Vale recordar que Colombia posee el 10% de la selva amazónica, lo que lo convierte en un país clave en la estrategia global para mitigar y enfrentar la crisis climática.
Además, presentó un plan de transición energética que incluye el tránsito hacia “una economía sin carbón y sin petróleo”, según las palabras del propio Petro. La propuesta cuenta con el apoyo de distintos organismos internacionales como el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por considerar que están en línea con los compromisos climáticos globales. Sin embargo, el plan del gobierno colombiano cosechó muchos cuestionamientos no sólo por tratarse de un país altamente dependiente de los combustibles fósiles —el 74% de la oferta energética provienen del petróleo, el gas natural y el carbón mineral, y las exportaciones de hidrocarburos y de la industria minera representan más del 50% de las exportaciones nacionales— sino también por cómo se financiará la transición.
Por último, en el país cafetero se reglamentó el Sistema Nacional de Reforma Agraria —una deuda que tenía el Estado colombiano con el campesinado desde hace 29 años, cuando se sancionó la Ley 160 de 1994 que ordenaba crearlo—, se aumentó más del 100% el presupuesto de agricultura, se entregaron 1.400.000 hectáreas de tierra y se reconocieron cuatro Zonas de Reserva Campesina.
Plebiscito ambiental en Ecuador
En un hecho histórico, el pueblo ecuatoriano decidió, a través de un referéndum, proteger al Parque Nacional Yasuní y detener la actividad petrolera en esta región, considerada el corazón de la Amazonía ecuatoriana y una de las zonas con mayor biodiversidad a nivel global. El 59,14 % de los ecuatorianos votó por el “SI” en el plebiscito ambiental que se realizó junto con las elecciones generales del país. De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional que dio luz verde para convocar a la consulta popular, el Estado ecuatoriano tiene un plazo de un año para desmantelar las instalaciones de Petroecuador en Yasuní.
Panamá sin minería
En noviembre, y luego de 40 días de movilización popular, el pueblo panameño logró frenar el contrato establecido entre el gobierno y la minera multinacional canadiense First Quantum. El contrato había sido aprobado a través de una ley de forma exprés e inconsulta y autorizaba la operación de la Minera Panamá, una mina de más de 13 mil hectáreas y que, desde 2019, extrae cobre, plata, oro y molibdeno dentro de una franja de bosques conocida como el “Corredor Biológico Mesoamericano”.
Tras la aprobación de la ley, comunidades campesinas e indígenas, organizaciones ambientalistas, sindicatos y movimientos sociales salieron de manera masiva a las calles para exigir el cese de la explotación minera bajo el lema “En Panamá el oro es verde”. “Logramos un avance en la lucha para que se declarara inconstitucional una ley que ha violado 45 artículos de la Constitución Política de Panamá. Este tipo de proyectos, en el caso panameño, no favorece de ninguna manera ni en lo social ni en lo ambiental, mucho menos en lo económico a nuestros pueblos. Solamente es para esos grupos empresariales que les interesa su negocio”, dijo a LATFEM Ronaldo Ortíz, subcoordinador nacional del Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía de Panamá (FRENADESO).
Además, Ortíz contó cómo son los pasos a seguir tras haber logrado poner fin al proyecto minero. “Lo que pedimos es un cierre planificado y ordenado para todas y todos los panameños. Queremos que se garanticen los derechos laborales de todos los trabajadores que tiene el proyecto, que sean contratados en otros puestos y que sean ellos mismos los que lleven adelante el cierre de la mina. Y en el caso general, como pueblo es seguir luchando seguir luchando para que este tipo de proyectos de extractivismo en territorios como el nuestro no sean favorables ni efectivos. Son nuestros recursos y somos los pueblos quienes debemos definir qué hacer con ellos”, aseguró.
Jujeñazo: un pueblo que resiste
En junio, las más de 400 comunidades que habitan la provincia de Jujuy, en la Puna argentina, se movilizaron en rechazo a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, por entonces gobernador provincial, y aprobada de forma inconsulta y express a espaldas del pueblo jujeño. Además de no haber cumplido con el Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre aquellos proyectos que puedan afectar sus territorios, la reforma es regresiva respecto de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales a los que Argentina adhiere. Entre muchas otras cosas, prohíbe el derecho a la protesta, desconoce el derecho a la tierra de los pueblos indígenas y establece “la provincialización de recursos naturales como el suelo y el agua”, posibilitando el desplazamiento de los pueblos que habitan esos territorios que hoy están en disputa por estar ubicados sobre una de las principales reservas de litio del mundo.
La reforma puso en estado de alerta y movilización al pueblo jujueño y puso en pie de lucha al Tercer Malón de la Paz, que llegó a recorrer más de 3.000 kilómetros en una caravana histórica desde Jujuy a Buenos Aires. Jorge Angulo, coordinador del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki de la provincia de Jujuy e integrante del Tercer Malón de la Paz, denunció que a partir de la reforma constitucional “se ha profundizado la invisibilización y el avasallamiento contra los pueblos indígenas en la provincia”. Para él, quedó demostrado que la modificación de la carta magna de la provincia “tuvo un principal objetivo: la tierra y el manejo de los territorios”.
Hoy las comunidades indígenas de la provincia ven con preocupación el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el proyecto de “Ley Ómnibus” presentado por el presidente Javier Milei ya que, al derogar la Ley de Tierras, habilitaría la extranjerización de sus territorios y bienes naturales. “En Jujuy se ha generado una reforma de la Constitución para legalizar todos los avasallamientos sobre nuestros pueblos y liberar las zonas donde había conflictos por la tierra con comunidades indígenas para hacer más flexible la explotación de litio. La reforma vino hacer eso y el gobierno de Morales se encontró con un pueblo que reaccionó y que salió a decir no. Y hoy este DNU viene a legalizar a nivel nacional todo lo que ya veníamos denunciando. Es muy peligroso y es por eso que tanto desde los pueblos originarios como desde la Multisectorial en Jujuy nos convoca a seguir en pie de lucha”, dijo Angulo a LATFEM.
Sin embargo, el referente se mostró esperanzado por la organización colectiva: “este decretazo es una punzada a nuestras formas de vida y a la democracia, pero creo que también tenemos una gran fuerza y somos conscientes de que hoy hay que generar otra alternativa”. “El agua, la tierra, los recursos, todo lo que hay en los territorios de los pueblos y naciones son codiciados por los grandes imperialismos. Hoy la disputa también es esa. Y en ese sentido creo que nos tenemos que poner más fuertes como guardianes y defensores de nuestras tierras y territorios. Estoy convencido de que hay que dar de baja este DNU”, concluyó.
Uruguay: es sequía y es saqueo
Fue, sin duda, una de las imágenes más impactantes del año: el río Santa Lucía, se secó y Uruguay, que se vanagloriaba por ser el primer país donde el acceso al agua fue considerado un derecho humano reconocido en su Constitución nacional, desde 2004, se quedó sin agua. Y es que el Santa Lucía alimenta la represa de Paso Severino, uno de los dos embalses que abastecen a más de la mitad de la población uruguaya . A la sequía prolongada se le sumó la mala (o nula) política del gobierno de Luis Lacalle Pou para gestionar la crisis hídrica y buscar otras fuentes posibles de agua potable.
Frente a la falta de agua, diversas organizaciones sociales, ambientales y sindicales se movilizaron en Montevideo bajo la consigna “No es sequía, es saqueo”. Pero lo cierto es que la crisis hídrica en Uruguay tiene raíces en ambos factores: la sequía y el saqueo. “La crisis en el Santa Lucía es una acumulación de mala gestión: forestación en las nacientes, degradación de los recursos, intensificación agraria, zonas de amortiguación y humedales degradados, más consumo excesivo y no planificado”, explicó Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales (IECA) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, a la agencia AP. Hoy la situación está controlada pero desde la Asamblea por Agua del río Santa Lucía proponen que se cambie la categoría de la cuenca del río Santa Lucía —actualmente apta para riego, pesca y consumo, entre otros usos— y que solo sea para consumo humano. Habrá que seguir de cerca el cauce del río en 2024 si no queremos, como propuso Lacalle Pou, volver a rezar para que llueva.
Brasil: vientos de cambio
Una buena: la deforestación en la Amazonía brasileña se redujo un 22,3% en 2023, el mejor resultado en cuatro años, según informó el gobierno brasilero. Los datos del sistema de vigilancia de deforestación PRODES, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), muestran que entre agosto de 2022 y julio de 2023 la deforestación en la mayor selva tropical del mundo en territorio brasileño fue de 9.001 kilómetros cuadrados mientras que entre agosto 2021 y julio 2022, el INPE detectó 11.594 kilómetros cuadrados deforestados. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, celebró la noticia y subrayó que la meta del gobierno es reducir a cero la deforestación en Brasil para 2030. Además, denunció que en los últimos años hubo “una profusión de crímenes luego de un completo desmonte de la estructura de gobierno ambiental” en Brasil, en referencia al gobierno de Jair Bolsonaro, en cuya gestión hubo deforestación récord en el Amazonas.
Argentina: política ambiental, ¡afuera!
A solo 10 días de su asunción como presidente de la Argentina, Javier Milei —que en reiteradas ocasiones hizo público su negacionismo del cambio climático— presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con graves retrocesos en política ambiental. Entre otras medidas, se propone derogar la Ley de Tierras, que fija un límite del 15% a la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros, habilitando así un proceso de extranjerización de la tierra y bienes naturales. “El decreto de Milei busca la flexibilización ambiental”, aseguró Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, a LATFEM. Además, la funcionaria bonaerense subrayó que se trata de un decreto “profundamente ilegítimo y frontalmente inconstitucional”.
Y mientras nos intentábamos recuperar del shock por el decreto, el Ejecutivo nacional presentó un proyecto de “Ley Ómnibus” que, en el marco de una profunda reforma constitucional encubierta, propone dejar sin efecto la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, pilares fundamentales de la legislación ambiental en Argentina. Desde el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) señalaron que las medidas propuestas por el presidente son un “ataque al corazón de la legislación de protección ambiental argentina”. “En un contexto mundial de crisis climática, ambiental y energética, la posibilidad de dar pasos concretos hacia una transición ecosocial enfrenta un peligro letal con este proyecto. El mismo muestra una combinación entre eliminación de intervenciones de actores estatales para el cuidado y la protección del ambiente, la absoluta financiarización del mercado energético subsumido a intereses internacionales y una política estatal de negacionismo climático”, denunciaron.
Justicia para Berta
Otro año que llega a su fin con una misma demanda: justicia para Berta Cáceres, la defensora ambiental y de derechos humanos hondureña asesinada el 3 de marzo de 2016. El 1 de diciembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) confirmó que Ministerio Público Fiscal de ese país emitió una orden de captura contra Daniel Atala, gerente financiero de la empresa DESA (Empresa Desarrollos Energéticos S.A) y uno de los contactos principales de David Castillo, presidente de la empresa, quien fue condenado en 2021 como co-autor del crimen.
“Atala forma parte de uno de los grupos oligárquicos más poderosos de Honduras, sino el más poderoso, y el hecho de que él haya sido requerido por parte de la Fiscalía es algo histórico y muy importante en la causa de justicia para Berta”, dijo a LATFEM Bertha Zúniga Cáceres, activista social e hija de la defensora del pueblo lenca. Sin embargo, expresó la preocupación del COPINH por las diversas demoras en la causa y la falta de confirmación de las sentencias para los responsables del asesinato. En noviembre de 2018, un veredicto histórico condenó a siete hombres por el asesinato de Cáceres. Sin embargo, cinco años después, la justicia hondureña aún no ha confirmado las sentencias, y desde 2022, se espera que se confirme la sentencia contra Castillo.
Respecto al juzgamiento de Atala, Bertha aseguró que “ha habido un cambio reciente de la dirección del Fiscal General y nos preocupa que sea solamente una acción política, una exhibición mediática, pero que la Fiscalía no sea responsable en abordar este caso y no se prepare lo suficiente para litigar un juicio que, sin duda, va a ser muy complejo no sólo por quién es la persona a la que se está acusando sino también por las presiones que tienen sectores oligárquicos dentro del sistema de justicia”. “Nosotros no tenemos duda de la culpabilidad de Daniel Atala. Hay abundante información de su participación y otros miembros de su familia en las acciones de violencia en contra de la comunidad de Río Blanco. Pero sabemos, que esta será una prueba de fuego al sistema de justicia en este país para demostrar si realmente tiene la capacidad y una real voluntad política para lograr una un fallo condenatorio a Daniel Atala”, agregó la hija de la lideresa.
Desde el COPINH denunciaron que “el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso ha alcanzado un punto crítico, y la demora en resolver el caso está teniendo un impacto significativo en las víctimas y en la búsqueda de justicia. La tardanza en resolver este caso emblemático envía un mensaje preocupante a nivel nacional e internacional. Se pone en duda la capacidad del sistema de justicia hondureño para actuar de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales”.
Extra
Para terminar el año que se va y empezar el nuevo con un poco de esperanza, a pesar de todo, te invitamos a escuchar Entre las hojas: Alianza EcoCuir, el podcast de LATFEM que propone una alianza de dos mundos aparentemente separados: el de defensoras ambientales y el activismo LGBTIQ+. Cada escucha multiplica el futuro y preserva el fuego de la utopía.
